*México (15 de junio).-

El pleno del Senado de la República aprobó con 116 votos a favor y cuatro en contra el dictamen de decreto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que obliga a los funcionarios de los tres niveles de Gobierno y de los tres poderes de la Unión a presentar ante las autoridades sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, el llamado 3de3.

Sin embargo, no será obligatorio que se hagan públicos detalles de estas declaraciones como los montos de sus cuentas, los valores de sus propiedades y especificaciones como la ubicación de inmuebles.

En el paquete de nuevas leyes prevé la creación de una Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado de la República.

La Fiscalía será un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considere actos de corrupción y contará con agentes del Ministerio Público especializados.

En las leyes secundarias que reglamentarán al Sistema Nacional Anticorrupción se establece, entre otros aspectos, que el servidor público que tenga a su cargo fondos públicos y les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieran destinados o haga un pago ilegal, se le impondrá una pena de 12 años de prisión. Además, prevén multas y la inhabilitación para desempeñar cargo público alguno o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal.