MADRID, 13 de noviembre.- Los bancos españoles paralizarán los desahucios durante los dos próximos años «en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad», según ha informado este lunes la Asociación Española de Banca (AEB), cuyas entidades miembro han tomado esta decisión tras diversos contactos con representantes del Gobierno de Mariano Rajoy el pasado jueves, tal y como informó ABC el pasado domingo.

Iniciativa a la que, horas más tarde, las cajas de ahorro han anunciado que se sumaban para casos de viviendas habituales y colectivos vulnerables.

En las últimas semanas, numerosas sucursales bancarias en España han aparecido con pintadas en contra de las ejecuciones hipotecarias. (EFE)

Solo un día antes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la «número dos» del PSOE, Elena Valenciano, acordaron pactar cuanto antes una reforma legal para evitar que las familias más vulnerables, con niños y ancianos a su cargo, se queden sin vivienda por el impago de la hipoteca. Y el viernes, tras el suicido de la exconcejal socialista de Baracaldo (Barakaldo) Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada, Rajoy anunció que previsiblemente hoy anunciará una paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Esta tarde, a partir de las 17.00 horas en La Moncloa, miembros del Gobierno y del PSOE negociarán en una comisión de expertos creada a tal efecto los posibles cambios legales que permitan reducir el número de embargos. El Gobierno espera aprobar en el Consejo de Ministros del próximo jueves las medidas más urgentes que considera que hay que poner en marcha para hacer frente al problema de los desahucios.

La patronal bancaria, que también ha consultado al Banco de España y a la Defensora del Pueblo, ha asegurado en un comunicado que las entidades han decidido dar este paso «ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios», «por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social» y «a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica».

El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado mes de marzo un código de buenas prácticas bancarias que, de acogerse a él, obligaba a las entidades del país a abaratar las hipotecas de las familias en paro y con bajos ingresos y, en último término, a aceptar la dación en pago, lo que que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda. Todos los bancos y cajas se sumaron a él alegando que ya venían practicando renegociaciones de las deudas hipotecarias con el fin de no tener que embargar la vivienda. (ABC)