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VILLAHERMOSA, Tabasco, 16 de junio.- Por uso indebido de recursos públicos y peculado, 10 ex funcionarios de la administración de Andrés Granier Melo han comenzado a rendir cuentas ante la Procuraduría estatal, para que aclaren su participación en el quebranto financiero de más de mil 900 millones de pesos al erario público.
El primero en ser señalado como presunto responsable del desvío de recursos públicos en la Secretaria de Salud fue el director administrativo, Adalberto Vázquez, quien incluso desde principios de este año fue inhabilitado por la Contraloría Estatal y desde entonces se desconoce su paradero.
Este ex funcionario fue llamado a cuentas desde el inicio de esta administración, incluso se sabe que ya había presentado un alegato de manera voluntaria ante la PGJ; sin embargo, ahora es requerido para que aporte información sobre el uso de más de mil millones de pesos que fueron desviados en el sector salud y que puso en riesgo a cientos de tabasqueños.
La ex titular de Educación, Deyanira Camacho, también ha sido requerida por la PGJ y deberá presentarse ante el Ministerio Público, sin embargo se desconoce el estatus por el cual se presentará y tampoco los delitos que se le están imputando.
Deyanira Camacho fue señalada por la oposición de haber permitido y solapado las irregularidades de Bety Luque, incluso se sabe que en todo momento tuvo conocimiento de la venta de plazas y desvío de recursos y nunca lo denunció.
En esta dependencia son más de 60 millones de pesos que están reportados y por lo pronto ahora tendrá que rendir cuentas la ex secretaria de Educación.
A pesar que solo estuvo un año al frente de la Secretaría de Salud y que afirma no haber cometido ninguna irregularidad, Carlos M. de la Cruz Alcudia fue llamado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como testigo de hecho por las investigaciones que se siguen entorno al quebranto financiero y que podría derivar en fincarle responsabilidades por peculado y uso indebido de funciones.
El ex diputado afirmó ayer que tiene la conciencia tranquila y por lo tanto acudirá cuantas veces sea necesario ante la PGJ para aclarar cuál fue su función y qué recursos manejó como titular de la dependencia Hoy se desconoce cuándo será llamado de nueva cuenta a rendir declaración ante el ministerio público.
A principios de la actual administración, la ex Secretaria de Educación, Beatriz Luque Green fue acusada de haber permitido la venta de plazas y de cobrar un salario en la dependencia a pesar de estar en campaña, y ahora es requerida por la Procuraduría para que declare sobre el desvío de recursos públicos.
La ex Secretaria de Educación, Beatriz Luque Green, fue acusada de haber permitido la venta de plazas y de cobrar un salario en la dependencia a pesar de estar en campaña.
Según la actual administración las irregularidades en el sector educativo son de 60 millones 600 mil pesos y por los cuales tendrá que rendir cuentas; Beatriz Luque Green es una de las ex funcionarias más cercanas al ex gobernador, Andrés Granier Melo y por tal razón siempre fue protegida al grado que, a pesar de las denuncias, nunca fue sancionada ni siquiera investigada.
El ex Secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata es llamado a cuentas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como testigo de los hechos que se denuncian y que dejó a Tabasco en crisis a finales del 2012.
Hay que recordar que el pasado 21 de febrero en conferencia, el gobernador Arturo Núñez reveló que se había detectado un desvío de recursos federales millonario y que alcanzaba los 2 mil millones de pesos, y por los cuales se presentaron las demandas, no solo en la PGJ, sino también ante la PGR.
Según se informó en la Secretaría de Salud el desfalco fue de un mil 226 millones de pesos y de todo esto tendrá que aclarar el ex funcionario, quien ayer no se presentó a pesar de haber recibido un citatorio.
Uno más de los implicados en el caso Granier es el Coordinador de Administración de la Secretaría de Educación, Mario Carrillo Díaz, quien deberá presentarse ante el requerimiento de la PGJ este lunes para que de cuenta sobre el mal manejo de recursos públicos del Estado y la Federación.
Es pieza clave en el desvío señalado por la Contraloría del Estado, debido a que fue el administrador del dinero que debió invertirse en diversos programas de apoyos educativos y que sin embargo, nunca llegaron a los estudiantes.
El Mayor Sergio López Uribe es señalado como el responsable del mal manejo de recursos públicos en la Secretaría de Seguridad Pública y deberá rendir cuentas la próxima semana ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por 84 millones de pesos, todos recursos federales que no fueron utilizados según las reglas de operación y por la cual se deberían aplicar las sanciones de ley .
Además hay denuncias que el dinero de la comida de los reos en el 2012 fue desviado y también se investiga el remate de bienes muebles a finales de la pasada administración, razón por la cual ahora rendirá cuentas.
López Uribe se deberá presentar la semana que viene ante la justicia debido a que ha sido debidamente notificado por la PGJ.
Quien deberá regresar a la dependencia en la que estuvo al frente más de un año, es el ex procurador Gregorio Romero Tequextle, quien está citado igual que la mayoría de los ex funcionarios Granieristas para la próxima semana y ante el Ministerio Público.
Se desconoce hasta el momento cuáles son los cargos que se le imputan, pero deberá declarar por el quebranto financiero de cerca de 2 mil millones de pesos y por el cual se presentaron demandas en las diferentes instancias judiciales estatal y federal.
Es importante señalar que por esta dependencia pasaron, además otros titulares por ajustes en el gabinete, pero fue a este último quien le tocó cerrar la administración de Andrés Granier Melo.
Uno más de los ex funcionarios que también deberá rendir cuentas ante la PGJ es el Director General de Administración de la misma dependencia, José Antonio Maldonado Nieto, quien acudirá ante el Ministerio Público como testigo de hechos en la demanda interpuesta por el gobierno estatal ante las diferentes instancias judiciales.
Maldonado Nieto fue quien manejó la administración de la PGJ durante el 2012 y por lo tanto deberá acudir ahora, a explicar cómo se dio y a dónde fue a parar el dinero destinado por la Federación para los diversos programas federales.
La comparecencia que será fundamental para las investigaciones es la del ex contralor del Estado, Roger Pérez Evoli, por lo que ya ha sido notificado para que acuda ante el Ministerio Público a que rinda su declaración sobre el manejo de recursos federales en las diferentes dependencias.
La fecha no está definida aún , pero se espera que sea el último que acuda ante la PGJ para dar su versión en el quebranto financiero de más de 2 mil millones de pesos que fue denunciado el pasado 21 de febrero, señalando incluso el Congreso Local que este ex funcionario tendrá que explicar porqué no se aplicaron las sanciones correspondientes a quienes hicieron mal uso del dinero público. (Agencias)