México, 25 de febrero.- Hace casi un año, Hipólito Mora era un agricultor en La Ruana, en el estado mexicano de Michoacán, pero ahora lo llaman “comandante”, un título que no le gusta pero que se corresponde con el papel que han asumido los grupos de autodefensa en esta región del país.

“Yo no he estudiado ninguna carrera. A veces hay personas que me llaman ‘comandante’, pero me da penilla que me llamen así”, dijo hoy en una entrevista con Efe Hipólito Mora, uno de los principales dirigentes de los grupos de autodefensa de Michoacán.

El 24 de febrero de 2013, Mora y unos 250 vecinos de la comarca limonera de La Ruana, en la llamada Tierra Caliente de Michoacán, se alzaron en armas contra Los Caballeros Templarios, un cártel del narcotráfico que había extendido sus redes criminales a la extorsión y los secuestros.

“Se fueron apoderando de todo”, dice Mora en la entrevista, hecha en sillas de plástico a pocos metros del retén de autodefensas situado a la entrada de La Ruana, a unos 60 kilómetros de Apatzingán, ciudad que hasta hace poco fue bastión de los “templarios”.

Los civiles, en medio del vacío de autoridad que reinaba en Michoacán, se alzaron en armas primero en La Ruana, dos horas después en Tepalcatepec, un pueblo cercano, y de allí ha surgido un movimiento que se ha extendido a muchos lugares de este estado del suroeste de México.

Michoacán es famoso por sus aguacates y por sus limones, pero los cárteles se asentaron aquí hace muchos años, cultivaron marihuana y amapola, comenzaron a fabricar drogas sintéticas y, con el tiempo, llegaron a controlar vastas áreas de la región.

El surgimiento de los grupos de autodefensa fue una llamada de atención al Gobierno federal, que se ha venido volcando en los últimos meses para llegar a muchos lugares donde antes no estaba y donde el único poder que existía era el de los “templarios”, que lo ejercían directamente o comprando a las autoridades.

“La corrupción estaba en todas las partes, pero la más corrompida era la Policía Municipal. Aquí los veíamos en el centro y en las orillas platicando, junto a las camionetas de gente armada de Los Caballeros Templarios”, relata Mora.

Ahora no se ve esa situación en La Ruana, entre otras razones porque los cuarteles de la Policía Municipal los ocupa la Policía Federal, que utiliza sus vehículos y que se ha extendido por La Ruana, en coordinación con los grupos de autodefensa.

Si antes los retenes de las autodefensas estaban integrados por civiles armados, desde hace varias semanas están desarmados, después del pacto que firmaron estos grupos con el Gobierno el pasado 27 de enero.

Ese pacto implicó el primer paso para institucionalizar a estos grupos, integrarlos a los Cuerpos de Defensa Rurales y registrar además sus armas, que si las conservan por lo menos no están visibles en los retenes de civiles de la Tierra Caliente.

“Yo ya me legalicé como rural”, dice Mora, de 57 años y 11 hijos. “No más estoy esperando mi charola (placa) de rural o que pase la prueba, que estoy seguro de que la voy a pasar”, agrega.

El proceso de integración ha implicado el envío de miles de militares y policías federales que ahora patrullan ciudades como Apatzingán o comunidades agrícolas como La Ruana que antes estaban controladas por los “templarios”.

Ha habido algunas operaciones coordinadas por los grupos de autodefensa y los militares, una situación insólita el año pasado, cuando las autoridades llegaron a detener a decenas de miembros de las autodefensas porque llevaban armas sólo permitidas al Ejército.

El grupo de Mora tiene 39 de estos voluntarios en la cárcel por este tema, y espera que pronto puedan salir.

En todo este año de existencia de estos grupos han surgido dudas sobre cómo se financian y por la posibilidad de que sean cárteles rivales de los “templarios” quienes lo hagan.

Consultado sobre quiénes financian a su grupo, sin embargo, Mora responde con tranquilidad y contundencia: Los Caballeros Templarios. Pero, como se esperaba, la respuesta tiene una explicación.

Y es que cuando este cártel controlaba La Ruana tenía muchas fincas limoneras que, al surgir las autodefensas, tuvieron que abandonar. Del negocio se hizo cargo la comunidad, y los ingresos sirven para pagar salarios de estos policías comunitarios, así como para comprar armas y vehículos.

“Ellos nunca se imaginaron que esos ranchos nos iban a servir para financiarnos”, insiste.

Pero, en este año de operaciones, también han surgido dudas y preocupaciones sobre posibles infiltraciones en los grupos de autodefensa, ya sea de los “templarios” o de otros cárteles rivales, y ese es el principal desafío de este movimiento.

“Queremos mantener los movimientos limpios, no contaminados. Hacer las cosas bien (…), irse por el buen camino, seguir como un movimiento sano”, sostiene Hipólito Mora.- (Terra)