Desde el campanario norte de Catedral

1. Kaua. El primer indicio de lo que sería el comportamiento financiero del gobierno de Ivonne Ortega se dio cuando compró por casi 80 millones de pesos la parte minoritaria que de dicho areopuerto —cercano a Chichén Itzá— conservaba el empresario "chuponista" Emilio Díaz Castellanos. El estado yucateco ya tenía la mayoría y no necesitaba pagar por una parte que no aportaba mayor control accionario sobre una empresa que ya tenía mayoría de capital estatal. Se sobrepagó al "inteligente y audaz" empresario con dinero público. Se habló de reactivar el aeropuerto, que hoy nuevamente está en el abandono y sin tránsito: ninguna areolínea acepta rutas que no son viables económicamente, sobre todo con areopuertos internacionales tan cerca. Los medios de comunicación yucatecos soslayaron tan sobresaliente y cotufoso atraco a la cartera pública.

2. Chichén-Landia. Muy agachadita ha pasado la SIFIDEY. Lo que esas elegantiosas siglas quieren decir es "Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán" o Fondo Yucatán. Lo comanda con preclaro y visionario liderazgo Adolfo Peniche Pérez —ex tesorero de Víctor Cervera Pacheco, tío de Ivonne y dos veces gobernador de Yucatán. Con un costo para el erario de más de $400 mil mensuales desde que empezó este gobierno, se desarrollan ahí los proyectos ejecutivos de "Plan Maestro de Progreso" y el semioculto —hasta ahora— Proyecto de Chichén Itzá, que incluye las siguientes fumadas de Don Fito: 12 hoteles de 5 estrellas, playas artificiales como las de don Marcelo en el DF (sólo que aquí tienes cerquitita, a 90 minutos, las playas del Caribe), ríos y cascadas artificiales, Centro de Convenciones.

3. Avalúo. Hace unos 4 ó 5 años, el INAH mandó hacer un avalúo de las tierras que la familia Barbachano tienen circundando el complejo arqueológico de Chichén. El gobierno federal a través de la Comisión de Adquisiciones y Avalúos de Bienes Nacionales (CAABIN) calculó el precio de esos mismos terrenos en 2006 en 8.1 millones de pesos. Suponiendo —sin conceder— un incremento de precio al doble de 4 años para aquí, ello significaría que si se pagó 220 millones a Hans Jürgen Thies Barbachano por los terrenos (que son selva), se erogaron innecesariamente entre 14 y 28 veces el valor según el avalúo. Más de dos millones y medio de pesos por héctárea de monte. ¿Por qué tuvo Cultur que sobrepagar por algo que incluso se pudo expropiar por interés público?

4. Perspicacia. No pocos malpensados yucatecos tienen la convicción de que parte del sobreprecio pudiera devolverse en efectivo a la campaña del PRI en Yucatán y en particular para financiar a cierta angelical candidata. ¿No cree usted que les caerían re´bien unos cien milloncejos para inyectarle a la campaña política? Si no, ¿por qué repagar algo que pudo bien haberse expropiado con precios de avalúo? ¿Qué otros empresarios o intereses pudieron haber animado al gobierno a sobrepagar innecesariamente? Averigüemos bien quiénes son los propietarios de terrenos circunvecinos a los adquiridos por Cultur y entonces encontraremos muy interesantes respuestas.

5. Contundencia. A diferencia del cubano Jorge Manzanilla Pérez —que forma parte del coro de aplaudidores en automático— ahora el nuevo presidente de la Cámara de Comercio y por tanto integrante de la Junta de Gobierno de Cultur que aprobó a ciegas la transacción gubernamental, un experto en el tema arqueológico y de la cultura maya, Alfredo Barrera Rubio —quien fuera ex director del Centro INAH-Yucatán— advirtió que "el gobierno del Estado pagó un precio muy elevado ya que “lo deseable era proceder con la expropiación, porque está más que justificada la causa de utilidad pública. Se hubiera pagado un precio razonable, sin tener que endeudar más a los yucatecos”. A quien le jugaron cubano, a decir por la reflexión del yucateco Barrera Rubio, es al pueblo de Yucatán.

6. Casualidades. Resulta que otros propietarios de terrenos circunvecinos a los adquiridos por la administración estatal son Mario Menéndez Cámara, directivo del periódico Por Esto! e hijo del director de ese rotativo (al que Ivonne Ortega Pacheco regala cada mes por concepto de "cobertura informativa" al menos 2 millones de pesos de dinero público), Renán Castro Madera (prestanombres de Mario Renato Menéndez Rodríguez y alto directivo de Por Esto! en Cancún) y otras personas ligadas a las familias Ponce y Barbachano de Yucatán. ¿Casualidad o colusión de intereses con el gobierno?

7.Prioridades de pago. Mientras esto sucede, al endeudamiento de $230 millones para regalarle al pobrecito de Hans Jürgen Thies Barbachano y a los casi $80 millones para obsequiarle al indigente Emilio Díaz Castellanos, hay que agregar los créditos de $1870 millones adquiridos este año y otros $280 milloncitos de deuda para adquirir terrenos en Ucú. Mientras la cartera del gobierno de Yucatán derrocha también en otras gracias como las decenas de millones para pagarle a Televisa la transmisión de "Espacio 2010" y lo que se debe del CRIT y con ello se nos sigue endeudando a los yucatecos, esa misma administración nos informa que ya no hay dinero para pagar las escuálidas becas (de mil quinientos pesos cada una) a los niños discapacitados que reciben equinoterapia; que no hay para pagarles a proveedores y que no hay para nuevas carreteras ni para terminar hospitales inconclusos.