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Mérida, Yucatán, 7 de abril de 2010.- El PAN está de acuerdo con la Reforma Judicial en materia Penal aprobada por el Congreso de la Unión en el 2008, y para cumplir con el Constituyente Permanente es necesario que todas las legislaciones estatales hagan sus adecuaciones en las normas locales.
Es importante precisar que la reforma contiene también adecuaciones en materia del Poder Judicial y de Justicia además del rubro Penal.Sin embargo, parte de la propuesta que realizó el Poder Ejecutivo de Yucatán no tiene nada que ver con la reforma en materia penal.
El PRI no quiso discutir ampliamente el tema con la sociedad civil y los demás partidos políticos representados en el Congreso.
Los legisladores de Acción Nacional insistieron en todo momento que se trata de temas distintos y por tanto el análisis debió hacerse de manera individual.
Las propuestas del PAN en ningún momento fueron tomadas en cuenta y sin argumentos de peso se desecharon al igual que las observaciones de la sociedad civil.
El dictamen que se pondrá a votación en la comisión de puntos constitucionales del Congreso del Estado está hecho a la medida del Poder Ejecutivo, que evidencia su interés en robustecer un Poder Judicial ya de por sí supeditado al Gobierno Estatal dejando en la indefensión a los ciudadanos y la vida democrática de Yucatán.
El Comité Directivo Estatal respalda la postura de los Diputados del PAN encabezados por su coordinadora, Patricia Gamboa Wong.
El PRI se negó a discutir una adición que el Gobierno del Estado realizó a la Reforma, con la cual supedita al Tribunal Electoral al Poder Judicial como si se tratara de una sala más, sin respetar su autonomía.
El PRI y sus Diputados en las comisiones co-dictaminadoras del Congreso se negaron a discutir por separado la reforma judicial que tiene que ver con la Reforma Penal tal como lo planteó el Congreso de la Unión.
Por el contrario los legisladores del PRI incluyeron ambos temas sin consensuarlos suficientemente y se trata del electoral y el penal en conjunto. Con ello buscan argumentar que el PAN está en contra de una reforma penal impulsada por el Poder Ejecutivo cuando en realidad a la reforma a la que nos oponemos los diputados panistas es la relativa al Tribunal Electoral, no a la Penal.
Reiteramos que el PAN está a favor de una reforma penal que permita la correcta aplicación de un nuevo sistema acusatorio, cuyo fin es el establecimiento de juicios orales que permiten a la persona juzgada estar presente en las audiencias, que se agilice el proceso y exista contacto directo entre los involucrados.
También pugnamos por un Ministerio Público investigador más profesional y con medidas para a proteger a las víctimas y testigos, pero que actúe con verdadera autonomía.
Estamos de acuerdo en que la Designación del Fiscal General del Estado esté a cargo del Congreso local a propuesta del Poder Ejecutivo, pero con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Propuesta que ni siquiera escucharon los diputados priístas.
Además respaldamos la reforma aprobada a nivel federal que establece la inocencia de los acusados si no existen pruebas en su contra.
Sin embargo en materia electoral estamos en total desacuerdo con que el Tribunal Electoral se integre al Poder Judicial porque lo deja sin autonomía e independencia.
Estamos a favor de la creación el integración plural de un Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pues es una tendencia nacional, organismo que tendrá como funciones la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
Asimismo se encargará de la implementación de la carrera judicial para la formación y actualización de funcionarios de ese poder.
Sin embargo estamos en contra de crear un Poder Judicial que pierda el equilibrio entre poderes y este supeditado al Poder Ejecutivo que vulnere la vida democrática y social del Estado.
Es ilógico crear un Tribunal de materia mixta para atender asuntos totalmente distintos como son los electorales y los administrativos.
El sistema de control constitucional que se propone es positivo en cuanto que fortalece la soberanía estatal, sin embargo deben dejarse expeditos los derechos ciudadanos para acudir a las instancias judiciales que correspondan sin necesidad de recurrir de manera obligada a los tribunales locales. Boletín del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Yucatán.