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México (30 de abril).- La presidenta de International Crisis Group (ICG), Louise Arbour, realiza una vista a México para alertar sobre el uso de autodefensas en respuesta a la violencia del narcotráfico y la ausencia del Estado.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2004 y 2008, advierte que la integración de estos grupos en un nuevo cuerpo policiaco rural podría convertirse en una nueva amenaza a la seguridad nacional.
Se corre este riesgo, dice, si no se aplican filtros, controles y programas de profesionalización; si no se crean estrictos mecanismos de rendición de cuentas y un sólido marco financiero que las permeabilice ante la corrupción.
“Reemplazar la mala violencia con buena violencia al final es violencia, así que apoderar a estas autodenominadas milicias paralelas tipo fuerzas policiacas para combatir cárteles de la droga es muy peligroso. El Estado debe mantener el monopolio sobre el legítimo uso de la fuerza”, señala.
Si bien reconoce que la etapa del desarme forzado ya quedó atrás y es preferible el diálogo, insiste en que la respuesta de salida está en la recuperación del Estado de derecho, en la reconstrucción de fondo de las instituciones, en el fortalecimiento del poder judicial para acabar con la impunidad y en la efectiva coordinación intergubernamental.
“Buscar el control de las armas cortas es un paso en la dirección correcta, pero ante todo, es una cuestión de quién es la última instancia responsable de la integridad y profesionalización de estos grupos.
“¿A quién rendirán cuentas? ¿Serán auto elegidos? Parece que ofrecen seguridad, pero después podrían convertirse en un peligro; protegerán a sus amigos frente a quienes estén del otro lado. De no ser entidades estatales soportadas con impuestos, estarán tentadas a recaudar sus propios recursos y cuando se den cuenta serán igual de depredadores y peligrosos para la comunidad como las bandas criminales que atacaban en un principio”, reflexiona.
“El gran desafío está en invertir en la capacidad del estado para aplicar la ley de manera creíble, y no sólo en el sentido policíaco, también en tribunales, en el sistema correccional; toda la maquinaria debe ser modernizada en una creíble y sin corrupción”.
En su despacho, en el piso 14 de una de las torres con mejor vista del sur de Bruselas, recuerda que advirtió en su momento al entonces presidente Felipe Calderón sobre las consecuencias del prolongado uso del Ejército en el combate al narcotráfico. Pero el panista no escuchó y parece que tampoco el Mandatario Enrique Peña Nieto.
“Ahora es extremadamente difícil retirarlas. Volcarse en los militares para la aplicación de la legislación interna sólo es posible si es breve y para enfrentar una situación de emergencia. Países como Egipto han estado en situación de emergencia por 30 años, pero incluso en este país resultó insostenible.
“Claramente es lo que ocurrió en México, sólo elevó los niveles de violencia necesarios para hacer que el sistema funcione, y durante los 7, 10 o 15 años que lo haces, dejas de invertir al mismo nivel en la parte blanda de la aplicación de la ley, en jueces, en la profesionalización del cuerpo policiaco, en el desarrollo de un sistema judicial integro”, comenta.
“Esta masiva operación militarizada solo genera más violencia y víctimas, y existe el riesgo de contaminarlas y cuando eso ocurre no te queda nada”.
Sobre la captura del Joaquín “El Chapo” Guzmán, insistió en que no resuelve el problema con la detención del líder de una organización, pues como ilustró el caso colombiano, la reducción del dominio de un cártel sólo provocó el desplazamiento del negocio hacia México y Centroamérica.
“Todos los logros locales, ya sea en Colombia o en México, serán sólo eso, logros locales.
Necesitamos un cambio en el enfoque global basado en la ciencia y no en la ideología. Debemos dar un giro al modelo estadounidense, basado completamente en la represión sin examinar aspectos sociales como la salud pública, el apuntalamiento de la economía o la fragilidad de la maquinaria de seguridad estatal.- (Agencias)