1165 palabras
MEXICO, D.F., 30 de abril.- Fuera de tiempo, pero dentro del periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Ejecutivo envió el paquete con 21 leyes, de las cuales ocho son nuevas y 13 son modificaciones a ordenamientos actuales que conforman la legislación secundaria de la Reforma Energética, dividiéndolo en dos partes: la energética que envió al Senado y la fiscal que mandó a la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa conjunta, los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de Hacienda, Luis Videgaray, y el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, detallaron la propuesta, con la que se abren a la libre competencia los sectores de exploración y producción, así como transformación y logística de hidrocarburos y la generación de electricidad en el país.
La única excepción, aseguró Coldwell, será para la venta de gasolinas al público, que por lo pronto se mantendrá en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de las franquicias de gasolinerías a las que vende el combustible, en espera de un transitorio que permita la entrada de privados en este negocio.
Los contratos de exploración y producción de hidrocarburos podrán realizarse entre el Estado y la empresa productiva a su cargo: Pemex, en tres modalidades que son la utilidad compartida, donde se paga en efectivo por la producción al contratista, de producción compartida, en que se paga con porcentajes de la producción y licencias, en las que el operador tiene el control de la operación. Todos los contratos serán otorgados por medio de licitaciones públicas internacionales con el único criterio de que se entregarán a quien mejores condiciones económicas oferte.
Todas las rondas serán públicas y se transmitirán en tiempo real a través de Internet, además de que las empresas deberán reportar los costos en que incurren y los recursos que obtengan, sin que se aplique el secreto fiscal para sus operaciones.
Por otra parte, Pemex tendrá el control sobre sus decisiones financieras y cómo invierte el presupuesto, ya sea que utilice su capital en oportunidades de negocio o que devuelva el dividendo que pactarán su Consejo de administración y en Congreso al dueño de los recursos, que es el Estado.
En el caso de los yacimientos transfronterizos, para agua y tierra, Pemex deberá tener una participación mínima de 20% aunque sea como socio del proyecto y no como operador del mismo; la estatal podrá decidir con quién asociarse ya sea para licitar un contrato o una vez que lo haya ganado en rondas subsecuentes, pero si desea asociarse para explotar los recursos que se le asignen en la ronda cero, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) llevará a cabo la licitación y adjudicará sin la opinión vinculante de Pemex las operaciones para el socio de la estatal.
La suspensión de los contratos se ejecutará cuando los operadores incurran en faltas graves como no acatar los acuerdos de la licitación, no realizar los pagos necesarios, cuando provoquen daños a personas o si llevan a cabo cualquier acción de desacato a resoluciones del Poder Judicial.
En hidrocarburos, la legislación secundaria incluye un sistema de pesos y contrapesos entre la Secretaría de Energía (SENER), que ejecutará los lineamientos de la política energética, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de las obligaciones fiscales y de pagos a las empresas, la CNH, que llevará a cabo las licitaciones y verificación del cumplimiento de contratos de explotación petrolera y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que será un fiduciario del banco de México, responsable del pago de contraprestaciones a privados y del manejo de los ingresos petroleros excepto en el terreno fiscal.
Por otra parte, quedó establecida la autonomía técnica y presupuestal de la CNH y la Comisión Reguladora de Energía, en las que el periodo de los comisionados aumenta de cinco a siete años; además se obligará a los reguladores a someterse a un código de ética en el cual serán impedidos de participar en licitaciones en los que existan conflictos de interés y se obligará a que en todas las reuniones que se realicen con empresas deberán estar presentes por lo menos dos comisionados.
También se crea también el consejo Coordinador de Energía en el que participan los subsecretarios de Electricidad, Hidrocarburos y Planeación y Transición Energética, además del Centro Nacional de Control de Gas Natural y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de Hidrocarburos; ésta última podrá imponer sanciones a los incumplimientos ambientales.
La legislación establece que en igualdad de condiciones de calidad, precio y entrega, se dará prioridad a proveedores nacionales en todos los negocios energéticos del país; Joaquín Coldwell detalló que para el 2025 se tiene la meta de llegar a un 25% de contenido nacional en el sector, por lo que se crea un Fideicomiso de promoción de empresas mexicanas, enfocado principalmente en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), igual que Pemex, entran en un régimen especial presupuestario, en que cuentan con autonomía en términos de ejecución de su presupuesto, deuda (con techos máximos totales) contrataciones, bienes y remuneración de sus trabajadores. Por primera vez en su historia, la CFE tendrá una Ley Orgánica incluida en el paquete de legislación secundaria.
Además, se presenta la Ley de la Industria Eléctrica, que establece incentivos para la generación de electricidad mediante renovables. Sin embargo, la transición será complicada, ya que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que dependerá directamente de la SENER, utilizará el criterio priorizar el despacho de los generadores más baratos.
Se crea la Ley Especial de Geotermia para este tipo de generación en la que podrán participar privados y la CFE. (Agencias)