Obligación del gobernante: rendir cuentas

Los empresarios reunidos en asamblea no solicitaron diálogo al gobierno de Ibóm Ortega; demandaron RENDICIÓN de CUENTAS. Que antes de imponer nuevas cargas tributarias o de aprobarse nuevos y abultados créditos, que antes de sancionarse la Ley de Ingresos del 2011 se explicara el destino de ese dinero, se dieran a conocer en detalle los mencionados "proyectos productivos" que nadie, nadie conoce hasta ahora.

Como se ha vuelto costumbre, por desgracia, la gobernadora Ortega Pacheco replicó con descalificaciones y evasivas. Dijo y repite en donde puede que su gobierno es de puertas abiertas y que el diálogo con el empresariado ha sido una constante en su desempeño. Los diputados priístas actuaron otra vez como sicarios y no como los representantes de la ciudadanía que debieran ser. Y fueron los diputados priístas los que remataron a los empresarios demandantes, asegurando que nunca habían querido dialogar, que habían "politizado" la discusión presupuestaria y que se conducían como facción opositora y no como empresarios responsables y genuinos.

Si existiese la buena voluntad de parte de nuestros gobernantes (y señalo la parte que les corresponde a ellos porque, al fin y al cabo, son nuestros SERVIDORES), si los diputados hubiesen realizado cabalmente su función fiscalizadora, la respuesta a las exigencias empresariales pudo y debió ser la información detallada del gasto gubernamental correspondiente a los ejercicios 2009 y del actual 2010. La respuesta justa y conveniente de nuestros gobernantes debió ser una o varias, las sesiones informativas que fuera necesario convocar, donde se desmenuzaran los proyectos, los programas y los principales rubros del gasto estatal, todos los renglones para los que se solicitaban los recursos extraordinarios, vía impuestos o financiamiento bancario.

Pero la respuesta no fue esa. Por el contrario, se respondió con evasivas, con denuestos, con reuniones montadas al vapor y de tinte faccioso. ¿Quién fue el que alimentó la confrontación: el empresariado o el gobierno? ¿Quién dejó de cumplir su parte en ese pacto de gobernabilidad que nos rige invisiblemente: los gobernados, al pedir cuentas o el gobierno, al escabullir su responsabilidad de informar?

Ahora bien, la confrontación se ha dado y, lejos de aclararse dudas o mal entendidos, las dudas de unos y otros se han convertido en certezas: los empresarios ya tienen bases para argumentar dispendio, desorden y corrupción; el PRI-gobierno asume que la carrera por la sucesión ya está en marcha y que las acciones empresariales son parte de la estrategia panista.

Los empresarios no pueden dar marcha atrás para ser coherentes con el espíritu democrático (republicano) de su demanda y con la dimensión cívica de su actitud. Sin pretenderlo, los empresarios encontraron un amplio y explícito respaldo entre grupos sociales diversos. Y es el propio gobierno el que ha marcado la pauta de la conducta a seguir por parte del empresariado: se tiene que pasar de la palabra a la acción; de la solicitud a la expresión de fuerza.

Si nuestros gobernantes no asumen su papel de servidores, hay que hacérselos saber mediante la iniciativa social, la fuerza de la ciudadanía. Si la esencia de la democracia descansa en la SOBERANÍA POPULAR, esto es, el reinado del pueblo, entonces hay que recordarle a la señora gobernadora de quién es el dinero que ella gasta y derrocha y quién o quiénes deben ser los beneficiarios de ese gasto.

Si la señora gobernadora no entendió el llamado que la sociedad yucateca pretendió hacer al través del empresariado organizado pues hay que evitar que siga el derroche y la corrupción de la manera más efectiva que se puede encontrar: que no disponga del dinero para hacerlo.

¡¡Cerrémosle las llaves del gasto evitando que las cajas registradoras gubernamentales sigan timbrando!! Dejemos de pagar los impuestos que recauda el gobierno estatal y que son palanca para conseguir más recursos provenientes del erario federal. Dejemos de pagar la tenencia 2011 a partir de enero, que se deje de pagar inmediatamente el 2.5% del impuesto a las nónimas y esperemos dos, tres, los meses que sean necesario para que la gobernadora entienda el mensaje y supere su ignorancia o enmiende su soberbia.