*México (16 de mayo).-

El Gobierno de Yucatán recibe anualmente unos 240 millones de pesos de los turistas que visitan las zonas arqueológicas más populares de la entidad, monto que no reporta ni comparte con el INAH, único facultado para cobrar el acceso, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Yucatán establece una tarifa de admisión local, considerada ilegal por la ASF, en siete sitios arqueológicos, entre ellos Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún, la cual se añade a la cuota federal. Esta última, a diferencia de la primera, sí se integra al presupuesto del Instituto como recurso autogenerado.

Mientras el INAH afronta escasez monetaria, como han reconocido sus propias autoridades, el Gobierno yucateco recaudó sólo en Chichén Itzá más de 200 millones de pesos durante 2015, producto del millón y medio de visitantes que pagaron boleto adicional, la mayoría extranjeros; los 40 millones de pesos restantes corresponden al dinero que obtuvo en los otros sitios, donde los asistentes deben adquirir obligatoriamente ambos boletos, el federal y el estatal, que suele ser más costoso.

“Este Instituto no ha recibido ningún recurso económico por parte del Gobierno del Estado de Yucatán o alguna otra instancia u organismo yucateco relacionado con el cobro de la cuota estatal en las zonas arqueológicas de Yucatán”, aclara el INAH en respuesta a una solicitud de información mediante la Ley de Transparencia.

Sin embargo, añade que el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur), organismo paraestatal de Yucatán, le otorgó apoyos extraordinarios por 9.2 millones de pesos en 2005, 8 millones en 2006 y la misma cantidad en 2007, destinados al mantenimiento, vigilancia y limpieza de las 16 zonas arqueológicas abiertas al público.

“Había un acuerdo de tiempo atrás que se cumplió en el periodo del (ex Gobernador) Víctor Cervera Pacheco para reintegrar el recurso (de taquilla local) a la conservación e investigación de los sitios. Eso ya no lo están haciendo”, explicó el arqueólogo Luis Pantoja, adscrito al Centro INAH Yucatán.

Sin respaldo financiero, las investigaciones se aplazan, añadió el especialista. Por ejemplo, una vasija extraordinaria hallada en Mérida y provista de jeroglíficos, requiere análisis químicos que revelarían el contenido del recipiente en época prehispánica; a falta de recursos, el enigma continuará.

Según la Ley General de Hacienda del Estado, el dinero recabado en las taquillas locales por “uso de paradores turísticos” provistos de baño, en algunos casos teléfonos públicos, restaurantes y locales comerciales se destinará a un fideicomiso, “cuyo fin principal será apoyar e impulsar las actividades y los objetivos turísticos y culturales del Estado de Yucatán”.

La Ley de Cultur, en tanto, especifica que los ingresos obtenidos se aplicarán, entre otros rubros, al mantenimiento y conservación de las zonas arqueológicas del Estado, así como al desarrollo de la investigación científica de la cultura maya.

El problema es que la Ley de Cultur no establece porcentajes ni un calendario de aportaciones económicas para los sitios arqueológicos, según ha señalado Alfredo Barrera Rubio, ex delegado del INAH en Yucatán.

Desde 2010, la ASF advirtió que Cultur, creado por decreto en 1987, incurre en una ilegalidad al plantearse como objetivo “aprovechar plenamente los recursos arqueológicos y turísticos en beneficio de la economía de la entidad y de sus habitantes”. Tal propósito, argumentó, violenta la Ley General de Bienes Nacionales, particularmente su Artículo 9, el cual señala: “los bienes sujetos a un régimen de dominio público de la Federación estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales”.

La ASF emitió la recomendación 10-0-11D00-02-0912-01-013 para que únicamente se efectúe el pago federal en los accesos de las zonas arqueológicas, lo cual no ha sido cumplido hasta ahora.