Más de $500 millones dejaría de "herencia" el gobierno de Ivonne Ortega por despidos injustificados

Aunque un gran número de casos han sido ganados por los trabajadores, el gobierno del Estado se niega a pagar

El Ing. Angel Roberto Peniche Uc, coordinador de centro de instalaciones y de centro de recuperación de caudales de la Junta de Agua y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) jamás imaginó la pesadilla legal en la que estaría inmerso al iniciar la administración estatal de Ivonne Ortega Pacheco, pues de 13 años de labor, fue injustamente despedido y sin liquidación.

Entonces, desde 2007, inicio un procedimiento legal, que finalmente falló a su favor, pero que el gobierno del Estado se niega a cumplir.

Pero este no es el único caso, hay muchos más en diversos despachos de la ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto es el adeudo del gobierno del Estado por despidos injustificados en sus dependencias, pero se estima que puede rebasar los $500 millones, dio a conocer el Lic. Diego Adán Chan Viana, abogado del ex empleado de la JAPAY.

—Su política durante estos cinco años ha sido muy clara: no pagarle a ninguno de los trabajadores afectados, aunque los laudos lo obliguen legalmente a hacerlo.

Agregó que en la misma circunstancia se encuentran diversos Ayuntamientos del estado, que también tienen deudas millonarias.

Ing. Angel Roberto Peniche Uc, despedido injustamente de la JAPAY después de 13 años de labor.

Comentó que en uno de los despachos de la ciudad se sigue un caso contra el Ayuntamiento de Valladolid en el que el adeudo con el trabajador es de aproximadamente $50 millones.

Dio a conocer que en el caso de su despacho, lleva el caso de cinco trabajadores de la JAPAY que fueron despedidos injustamente.

Mencionó que en un principio, en 2007, se realizó una demanda laboral para pedir la reinstalación de los empleados, pero la JAPAY contestó que no hubo despido.

Agregó que el laudo o sentencia de este procedimiento fallo a favor de los trabajadores, obligando a la dependencia estatal a indemnizarlos con aguinaldos, salarios caidos, prestaciones, etc; razón por la cual la autoridad encargada del caso notificó a la JAPAY de esta decisión, dándole un plazo de unos 15 días para que presentara algún amparo o respondiera la demanda, lo que no sucedio.

Jorge Armando Osalde Erosa, otro de los trabajadores de la JAPAY despedido injustamente.

Explicó que ante al falta de respuesta legal de la JAPAY el procedimiento continuó y se determinó la ejecución del laudo en una sola exhibición, pidiéndole a la dependencia el pago o el embargo de bienes.

—Al no tener respuesta de la autoridad, promovimos un ámparo directo. Ahí de nueva cuenta nos topamos con la política del gobierno del Estado de no pagar aunque legalmente tenga que hacerlo. La JAPAY no es la única en esta situación, también hay juicios ganados por trabajadores en contra de la Secretaría de Salud de Yucatán. Pero ponen trabas a todos por medio de amparos.

Insistió que el gobierno estatal se excusa en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que en primer caso, no permite tocar las ministraciones de las dependencias o Ayuntamientos deudores; y en el segundo, supuestamente no se habla de embargos.

Mano negra

Comentó que ante la falta de ejecución del laudo acuden ante el Juzgado de Distrito en busca de una respuesta y para promover la inconstitucionalidad de las dos leyes y posteriormente, interpone ante la Junta Especial Número 2 un amparo por denegación, que no es resuelto, supuestamente por la excesiva carga de trabajo de la autoridad.

Lic. Diego Adán Chan Viana, abogado de los cinco trabajadores despedidos de la JAPAY.

Dio a conocer que el 8 de junio pasado se envió un oficio a los bancos para el requerimiento de pago, a fin de ejecutar el laudo y congelar las cuentas para asegurar el pago de los trabajadores. Unos días despúes, el 11 de junio, pide a la Junta Especial Número 2 la revisión del expediente del caso del Ing Peniche Uc, pero le responden que no está y que estaría extraviado.

—Al momento de solicitar copias del expediente nos dimos cuenta que llevaron el documento a la Junta de Conciliación, a la oficina del abogado Jorge Vallejo Buenfil, director de esa dependencia. Al ver esa situación pedí me permitieran hablar con él, pero se negó diciendo que tenía mucho trabajo. Fue hasta que presioné con llamar a medios de comunicación que accedió a atenderme.

En un principio se mostró muy agresivo por haberse visto forzado a atenderme, pero luego se comprometió a buscar el expediente y a revisarlo aunque por más que lo cuestioné nunca quiso darme fecha de respuesta.

Destacó que esta situación permitió que de manera sospechosa se le advirtiera a los bancos, dándole tiempo a la JAPAY de vaciar las cuentas.

El entrevistado señaló que la dependencia estatal ha salido con una argucia legal poco creíble, pues cuatro meses después de la notificación del pago que tenía que hacerle a los trabajadores, ahora JAPAY saca de la manga un documento en el que asegura que nunca le notificaron sobre el laudo.

Los casos de los trabajadores que usted lleva han sido ganados, pero ¿cree que algunos van a poder cobrar ese dinero?

—Tenemos que hacerlo. No importa el tiempo que nos lleve. La ley ya nos dio la razón y el gobierno del Estado tiene que pagar, aunque viendo que durante estos cinco años se ha negado a pagar, lo más seguro es que deje esta deuda oculta a la próxima administración estatal, que sin deberla ni temerla, tendrá que pagar por la falta de voluntad de este gobierno.

Mucho dinero, pero pobres

El Lic. Chan Viana lamentó la situación en la que se encuentran muchos ex trabajadores estatales que fueron despedidos injustamente y que, aunque han ganado sus juicios y van a recibir cantidades importantes de dinero, hoy en día viven en situaciones muy precarias.

—Es muy triste verlos pasar necesidades y vivir en casas muy humildes, cuando por la injusticia que el gobierno cometió contra ellos pudieran estar viviendo en una mejor situacion. L.I.