Los legisladores de Yucatán, del partido que sean, son amigos de los agiotistas poderosos y enemigos de los que se vuelven vulnerables al requerir préstamos monetarios.

Son amigos de los poderosos explotadores porque permiten que las leyes continúen actuando a su favor —los prestamistas— después de que el deudor ha saldado su deuda. Sí: no puede ser justo que, después de que un deudor ha saldado una deuda, sea responsabilidad del deudor ver que algún predio suyo —dado en garantía en cualquier mecanismo legal— tenga que ser liberado jurídicamente.

Es obvio de toda obviedad que lo justo y equilibrado es que el acreedor saldado tenga la plena responsabilidad de restituir el estado jurídico de la propiedad en garantía una vez que el adeudo ha sido saldado. Pero esto no sucede hoy en Yucatán: los acreedores se mueren de risa a carcajadas de ese momento, cuando el deudor salda la deuda y ellos, dolosamente, mantienen una condición jurídica del bien en garantía que NO LES CORRESPONDE.

Pero, ¿en dónde están los legisladores para proteger al deudor que ha saldado su deuda? ¿En dónde están sus promesas de campaña de defender la justicia y el equilibrio de las fuerzas de la sociedad?

Son todos ellos mentirosos… ¡No nos queda más remedio que llamarlos así! Día a día se continúan produciendo asquerosas injusticias, a la vista de jueces que se la hacen gorda —la vista— en cuanto a leyes que no tienen razón de ser; leyes que debieron haber sido modificadas hace décadas.

Es tan fácil resolverlo: Se sancionará con 7 años de cárcel o una multa de 10,000 salarios mínimos a todo aquel acreedor que, después de pasadas 48 horas de haber sido saldada una deuda, no haya liberado jurídicamente cualquier garantía, mobiliaria o inmobiliaria involucrada en la operación.

El dinero tiene un costo y el costo del mismo debe ir en función del riesgo. Quien da dinero al interés sobre un predio que se adjudica legalmente, ¡ya no está corriendo riesgo alguno! Lo que reciba de ganancia es extra, porque, en realidad, es ya jurídicamente propietario de un bien que probablemente tiene un valor comercial muy por encima del préstamo que ha dado. Vivimos en una sociedad que más parece ser una jauría de lobos salvajes en un terreno de escasez ecológica.

Un simple reglamento pondría a los acreedores saldados en una situación legal peligrosa, lo cual los haría cumplir con lo mínimo ético: liberar jurídicamente cualquier bien que mantengan bajo su dominio jurídico y que ya no exista razón justa para que así sea.

Hoy, en este momento en que escribo estas líneas, espero se refleje la furia que tengo al enterarme de familias en las que ambos cónyuges luchan juntos por salir bien en la vida, y un descuido legal los pone en peligro de perder la propiedad que es su casa habitación. Posiblemente hubo mala fe en la forma de hacer las cosas por parte del acreedor. ¿Por qué no se investiga esto? Ya es hora de que esos que se echan gases dentro de asientos forrados de piel —asesinos de animales— en lujosos carros adquiridos en base a jugarretas que entre sus familiares les “aplauden” por ser “muy vivos, ¿verdad?”, se enfrenten a la justicia. Si no lo hacen acá, ahora, en esta vida, en este mundo, ¡se colarán e injustamente la pasarán “bien”! Pero no es eso lo que merecen.