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A casi dos semanas de haberse hecho cargo del ayuntamiento de Mérida, a la nueva administración panista que encabeza el alcalde Renán Barrera Concha, aun no le es posible determinar si se cometieron delitos contra el patrimonio de los yucatecos y si se emprenderán acciones legales contra funcionarios de la comuna anterior, a pesar de ser un secreto a voces la precaria condición financiera del municipio.
Aun no sabemos si hubo malos manejos en el ayuntamiento: Renán Barrera
Barrera Concha comentó que tienen una serie de dificultades en materia de presupuestos y de carácter financiero. Igualmente se refirió a fondos que debieran aparecer en ciertas cuentas pero no están, entre otras irregularidades.
“Estamos revisando todo”, acotó y recordó que por ley, las nuevas autoridades disponen de un período de 45 días para analizar a profundidad cada una de lás áreas, de las partidas presupuestales, cada una de las aplicaciones y en función de ello, tener un resolutivo que esperan poder dar a conocer el día quince de octubre.
Destacó que hay movimientos presupuestales que deben estar sustentados y justificados por acciones concretas y estas son las que se están tratando de definir. Como ejemplo de lo anterior, citó lo referente a la cuestión de los aguinaldos de los empleados del municipio y lo concerniente al fondo municipal para desastres naturales, que son dos casos muy bien ubicados.
“En estos casos estamos buscando averiguar si los movimientos que se hicieron están justificados y de ser necesario, pedir a los funcionarios municipales de la pasada administración que estuvieran involucrados que amplíen la información que otorgaron, para poder despejar las dudas y en caso de no encontrar razón de ser, proceder como marca la ley”, subrayó.
Comentó que si se encontraran elementos para proceder en contra de algún funcionario que hubiera causado quebranto patrimonial al municipio, así se haría, aunque omitió proporcionar nombres de presuntos ex funcionarios involucrados en esta situación, a pesar de que en el ayuntamiento es un secreto a voces, el mal manejo de las áreas de servicios públicos y de la recolección de basura.
Destacó estar consciente de que sería un motivo de decepción para la ciudadanía no fincar responsabilidades legales a funcionarios involucrados en malos manejos financieros, pero manifestó que estaban obligados a seguir los cauces y formalidades legales.