El proyecto Dragon Mart, complejo, atractivo y polémico.

29/diciembre/12 al 04/enero/13 (Editorial de “El Semanario sin Límites”)

“No podemos tener desarrollos como estos, donde violenten todos los instrumentos ambiental, por un lado, pero también todas las leyes y normas mexicanas; porque este es un proyecto que se pretende desarrollar como el de hacer 722 viviendas, en donde quienes trabajarían en ese proyecto serían chinos”, era el señalamiento determinante de la diputada federal Graciela Saldaña, cuando en punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, se comenzó el análisis de la construcción de Dragon Mart, la polémica extensión donde solo habitarán ciudadanos chinos.

Real Estate Dragon Mart Cancún, empresa de recién constitución, es quien pretende instalar entre Cancún y Puerto Morelos la colosal construcción, que a decir de su director general, Juan Carlos López, se trata de un centro de negocios, en el que el gobierno de China no tiene ni un palillo de injerencia, como lo ha asegurado el empresario, esto luego de fríos señalamientos por parte de sus detractores, entre ellos Ernesto Muñoz, presidente del Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Morelos.

“Está vinculado con el gobierno de China, aunque nos lo nieguen”, acusa Muñoz quien en conferencia de prensa antes de la Navidad, reconocía que “cualquier proyecto tiene que ser desarrollo sustentable y con estudios de impacto ambiental, si no, no va a pasar porque en la población estamos muy unidos”, dice.

“Hay un grupito, que sabemos quiénes son, y de dónde vienen estas ideas. Pero el pueblo en general, la comunidad estamos cien por ciento contra ese proyecto desde un principio, y seguiremos contra ese proyecto a pesar de los cambios, porque sólo es una mentira para poder entrar, porque no nos van a convencer nada más con una reunión y decirnos que va a haber cambios, nos tienen que demostrar”, agregaba el promotor turístico.

Para los diputados del PRD, no se trata de estar en contra de la inversión extranjera, “simplemente que todo proyecto desde una casa hasta un desarrollo de esa magnitud, debe tener permisos. Y en este caso las autoridades, han hecho caso omiso, por eso el exhorto es a los tres niveles de gobierno, a la misma Secretaría de Economía, de que debe haber investigación al respecto, porque no puedes introducir una gran cantidad de personas para trabajar, cuando no se tiene la información ni los permisos que cumplan con la legalidad”.

Pero la legalidad, como si se tratara de jade brilloso, es una de las cualidades que López Rodríguez, el representante de tan impactante proyecto, ha destacado al decir a diversos medios, que se cuenta con todos los permisos para su cimentación y advierte que no se tratará de una “invasión china”, como asegura, tachan al proyecto los opositores.

Con China “tenemos alrededor de 60 mil millones de dólares que se importaron en 2011 de productos chinos y esto es parte de la globalización”, argumenta López al tratar de convencer a políticos, locales y ecologistas, de que su representado es un proyecto que estimulará la economía.

Dragon Mart no fayuqueará

“No se trata de fayuquear, de crear un espacio para la reventa de productos en esta misma región, sino de que vengan los grandes inversionistas de países de todo el continente americano, a hacer en Cancún los negocios que antes tendrían que hacer hasta China”, argumentaba quien fuera gobernador responsable de la entrada de Dragon Mart, Félix González Canto, ahora senador.

Lo que ha sorprendido a todos, es la facilidad con que el gobierno estatal, ha hecho reverencia ante el proyecto oriental, donde incluso la arquitectura clásica china, jugará un papel importante en la estructura del proyecto.

“Ninguna instancia del gobierno estatal, municipal o federal tiene que ver con aportaciones económicas, entrega de tierras, ni ningún beneficio de los empresarios promotores”, aseguró el 26 de diciembre González Canto.

“No hay ningún funcionario público metido en esto, tampoco hay gente con relación directa con el estado ni dependencias gubernamentales”, insistió el legislador con la misma intensidad con que las críticas se han incrementado en contra del desarrollo y continúa, “en su momento el gobierno participa como un facilitador, como lo hace con cualquier inversión que llega a Quintana Roo”.

“Una de las funciones del Ejecutivo es la gestión de capitales para crear fuentes de empleo, y eventualmente se les apoya en lo posible. En el caso de Dragon Mart, como sucede con otras inversiones, los escuchamos, los atendimos, pero no les dimos canonjías ni privilegios”, explicó González Canto a un noticiero local, tal vez tratando de convencerse de que como gobernador, solo cumplió con un viciado anhelo de desarrollo para su estado.

El gobierno federal toma control

Para el 26 de diciembre, la diputada federal Graciela Saldaña Fraire, exhortó al ayuntamiento de Benito Juárez, a no expedir el permiso de construcción para Dragón Mart, mientras no se cumpla fehacientemente con las disposiciones establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del mencionado municipio.

Dichas especificaciones, actualmente no se encuentran reguladas, tal como lo argumenta la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental donde su titular, el ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, advierte que el desarrollo no está registrado bajo ese nombre.

“En relación a la solicitud de información concerniente a la persona moral Real Estate Dragón Mart Cancún, S.A. de C.V., y específicamente el proyecto "Construcción y Operación del Centro Comercial Dragón Mart Cancún y Obras Asociadas, me permito comentarle que de la revisión de los expedientes con que cuenta esta DGIRA, no se tiene proyecto alguno bajo ese nombre ubicado en el municipio de Benito Juárez”, cita el documento expedido por el funcionario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

“Cuando tú haces una solicitud, tú das de manera fehaciente la ubicación; si tuviera otro nombre también lo diría, porque después ellos, finalmente, pueden actuar conforme a Derecho o por forma oficial. Esto significa que, como siempre, más vale pedir perdón, que pedir permiso. Se desarrollan este tipo de proyectos sin ningún permiso, no nada más ambiental, porque aquí la parte económica tiene un peso muy grande y específico. No tiene ningún permiso”, explica la legisladora perredista.

Mexicanos con traje oriental

El 45% de las acciones del “Dragon Mart Cancún”, son propiedad de Carlos Castillo Medrano, supuesto empresario de origen yucateco, quien junto al “Grupo Monterrey”, donde se encuentran Luis Felipe Salas Benavides, José Luis Salas Cacho y Miguel Pedraza Villarreal (45%), controlarían el 90% de la sociedad.

Pero la tabla del tres, no termina por explicar como es que Chinamex (su propietario chino con sede en Holanda, controlará el 10% del negocio) mantendrá su participación a largo plazo, además de que las riendas del proyecto, serán jaladas por el China Ocean Shipping Company, famoso por ser el principal operador naviero del país asiático.

Tal vez por ello no fue gratuito que a mediados de 2012, durante la presentación del desarrollo ante funcionarios estatales y respaldado por un nutrido grupo de empresarios chinos, el director general adjunto del CCPIT de China, Han Meiqing, indicaba que existía “un enorme interés” por invertir en áreas de agroindustria, sector inmobiliario, comercio al menudeo y mayoreo en el estado.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) recibió una carta de apoyo firmada por decenas de individuos y organizaciones, ante las amenazas que recibieron del desarrollo inmobiliario Dragon Mart Cancún.

“No los dejaremos”

El 19 de diciembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, exigía al Estado mexicano, refrendar su obligación de defender la posibilidad no sólo del CEMDA, sino de cualquier persona, a presentar sus puntos de vista sobre cualquier proyecto, esto luego de recordar que el diez de diciembre, los desarrolladores del complejo comercial “Dragon Mart”, les enviaron una misiva, exigiéndoles que se retractaran públicamente de sus afirmaciones, como la acusación de que se viola el Programa de Ordenamiento Ecológico, que no permite asentamientos humanos de grandes proporciones".

“El proyecto denominado Dragón Mart Cancún, traería consigo daños al medio ambiente, ocasionados por la movilización de vehículos, la construcción de carreteras de acceso a Puerto Morelos, el dragado del arrecife, el manejo de desechos y la dotación de servicios, entre otros”, explicaba Alejandra Serrano, directora de la oficina del sureste del Centro.

“Hemos exigido repetidas veces que se tenga acceso en archivo electrónico a las manifestaciones de impacto ambiental, pero nada de esto ha sido llevado a cabo, sino que, por el contrario, se obstaculiza la transparencia y el acceso a la información a los habitantes de Quintana Roo”, completaba en su queja.

Pero los señalamientos de Serrano, tal vez han apuntado en la dirección incorrecta, o como ha argumentado el dirigente de la Confederación de Cámaras Industrias de la República Mexicana (Concamin), “a lo mejor al estado de Quintana Roo le dieron espejitos para detonar el turismo, pero no por eso se puede pasar por alto la industria de otros estados, como la del estado de México, Querétaro o Michoacán”.

Para el directivo, es abrir la puerta de manera formal a las prácticas desleales que se acostumbran para los productos chinos, como la sub facturación, triangulación, facturas apócrifas y productos de pésima calidad, dijo al criticar que la apertura de este centro significaría la llegada de 2,500 familias de chinos, “que salen longevos para ese complejo, en lugar de dar empleo a los mexicanos y crear un Latin Mart”.

“No estamos en contra de una inversión de 200 millones de dólares”, solo “nos oponemos cien por ciento”, al proyecto, argumentó al destacar que cuenta con el respaldo de las 105 Cámaras y asociados afiliados a su entidad.

El problema no es grave, aseguran los responsables de Dragon Mart, quienes advierten que 722 viviendas no tienen un impacto ambiental, como lo acusan sus detractores. El problema será, tal vez, que luego de temas como Wal Mart, se revele un nuevo caso de corrupción en que la plusvalía de zonas protegidas o ambientalmente importantes, la determinan los extranjeros.