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CIUDAD DE MEXICO, D.F., 14 de mayo.- El diputado federal Miguel Alonso Raya advirtió que una condición ineludible para discutir la reforma energética, es el combate frontal a la corrupción, porque cualquier intento de modernización del sector sería inútil si no se fortalece la transparencia, mejora la fiscalización, y se determina confiscar en forma precautoria los bienes de los funcionarios y líderes, sobre los que se presuma abuso de recursos públicos.
El diputado federal Miguel Alonso Raya (arriba) comentó que Pemex debe ir hasta las últimas consecuencias en contra de César Nava (abajo).
El vicecoordinador de los legisladores federales del PRD se refirió a la demanda interpuesta por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contra del panista César Nava, el cual del 2001 al 2003 fungió como director jurídico de la paraestatal, y a quien se le señala de participar presuntamente en una conspiración criminal de las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a Pemex durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.
A César Nava, quien fuera secretario particular del ex mandatario Felipe Calderón y presidente nacional de PAN, se le acusa de impedir que Pemex cobrara varias cartas de crédito por 102.8 millones de dólares.
Alonso Raya comentó que Pemex debe ir hasta las últimas consecuencias en contra de César Nava y el empresario Jaime Camil Garza, quien presuntamente también participó en el fraude, pero puntualizó que “es indispensable que se fortalezcan cuanto antes los mecanismos de transparencia y fiscalización”.
Señaló que “en el marco de la discusión de la reforma energética, si el Gobierno Federal quiere demostrar que realmente le interesa reformar Pemex, debe combatir la corrupción en la paraestatal, que se ha convertido en un verdadero lastre para su desarrollo y eficiencia”.
Comentó que, además del presunto fraude de César Nava, entre el 2006 y el 2012, se han detectado diversas irregularidades en la paraestatal. Recordó que el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, arrojó varias anomalías en Pemex, entre las que destacan el pago indebido de 108 millones de pesos por la movilización de una plataforma de perforación marina que supuestamente se encontraba en Emirato Árabes Unidos, pero que en realidad estaba en el Golfo de México.
Además, se ha señalado que Pemex le entregó al sindicato 1,768 millones de pesos para sufragar los viajes de líderes sindicales, los festejos para conmemorar la expropiación petrolera y el desfile del 1 de mayo, y sobre los que no hay información precisa de si realmente se ocuparon para eso.
En opinión de Alonso Raya “hay evidencias suficientes para que el gobierno lleve a cabo una amplia investigación contra funcionarios, ex funcionarios y líderes sindicales, por probable uso indebido de recursos públicos, y además, respecto a estos últimos, por presunta malversación de las cuotas de los trabajadores”.
Concluyó que “estas medidas son un elemento indispensable para demostrar que hay voluntad del gobierno de limpiar la corrupción en Pemex, como una de las acciones indispensables para la modernización de la paraestatal”. (ElGolfo.info)