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WASHINGTON, D.C., EE.UU., 14 de mayo.- El secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, se apartó de la decisión de obtener judicialmente los registros telefónicos de The Associated Press, dijo el martes el Departamento de Justicia.
Un comunicado del Departamento de Justicia dijo que Holder se hizo a un lado en un procedimiento conocido como recusación.
La declaración sostiene que Holder se hizo a un lado porque había sido entrevistado en una investigación gubernamental que proporcionó información para un artículo de la AP que dio a conocer los detalles de una operación de la CIA en Yemen.
El Procurador Erick Holder dijo que él no fue quien dio la orden de investigar los registros telefónicos de la AP, puesto que en esos momentos él ya se había inhibido del caso.
Holder asignó al subsecretario de Justicia Jim Cole para manejar el caso de los registros telefónicos.
El Departamento de Justicia, en secreto, obtuvo dos meses de registros telefónicos de los periodistas y editores de AP lo que el presidente y director general de la agencia de noticias calificó como una "intromisión descomunal y sin precedentes" en cómo las organizaciones noticiosas realizan su trabajo.
Así, Holder, dijo hoy que él no fue quien dio la orden de investigar los registros telefónicos de la agencia de noticias AP, puesto que en esos momentos él ya se había inhibido del caso.
“Me inhibí de este asunto” para evitar un “conflicto de intereses”, dijo Holder en rueda de prensa en Washington, en momentos en que la oposición republicana empezaba este martes a exigir su dimisión.
El motivo fue que él mismo había sido entrevistado por el FBI en relación con el caso de filtración de información secreta -una “filtración muy muy grave”, subrayó hoy Holder- que llevó al subalterno suyo que asumió consecuentemente este asunto a ordenar la investigación de la agencia de noticias.
“La decisión de revisar registros de llamadas de medios en esta investigación fue tomada por el fiscal general adjunto de forma consistente con las regulaciones y políticas del Departamento” de Justicia, corroboró en un comunicado el portavoz de la Oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia, Bill Miller.
En su comparecencia pública, Holder también dijo sentirse “confiado” en que el personal involucrado en la investigación “siguió todas las regulaciones apropiadas”.
La AP denunció la víspera que el Departamento de Justicia obtuvo en secreto los registros de llamadas de varios de sus periodistas, incluidos de teléfonos privados y celulares, lo que ha sido denunciado por varias organizaciones periodísticas como un ataque a la libertad de prensa, extremo que niega el Gobierno de Barack Obama.
La propia agencia no fue informada hasta la semana pasada de la medida, por la que tampoco recibió una explicación, dijeron sus directivos.
La editora en jefe de AP, Kathleen Carroll, declaró hoy en la cadena MSNBC que la agencia “no está del todo segura” del motivo de la investigación judicial, pero que supone que está relacionada con una información del año pasado sobre los esfuerzos de la CIA para desbaratar un plan terrorista en Yemen.
Ni Holder ni la Casa Blanca revelaron hoy el origen de la investigación, pero aseguraron que el motivo era lo suficientemente grave como para justificar medidas extraordinarias como la tomada contra la agencia sin avisarle previamente.
Holder incluso afirmó que la filtración es de las tres más graves que ha visto en sus más de 30 años de carrera y aseguró que “puso en riesgo a los estadounidenses”, por lo que averiguar quién fue quien filtró la información requería una “acción muy agresiva”.
Desde la Casa Blanca entretanto, el portavoz de Obama, Jay Carney, tuvo que responder una y otra vez a las preguntas de una prensa indignada contra lo que organizaciones de medios han considerado un asalto a la libertad de prensa consagrada en la Constitución.
El vocero aseguró que Obama es un “fuerte defensor” de la libertad de prensa y un “firme convencido” de la necesidad de que la prensa trabaje “sin trabas” para investigar casos, pero subrayó que a la par “reconoce la necesidad de que el Departamento de Justicia investigue una presunta actividad criminal”. (DPA/AP)