MEXICO, D.F., 2 de abril.- El consorcio certificador de la Línea 12 del Metro señaló que otorgó el aval para su funcionamiento porque hasta el 30 de octubre del 2012 (fecha de inauguración), la obra cumplía con los lineamientos de seguridad, soportados sólo con documentos técnicos y normas internacionales.

Para cerciorarse de la compatibilidad de los trenes con las vías, bastó con que la empresa proveedora CAF entregara un documento a la certificadora, en donde aseguraba que cumplía con los lineamientos, sin que la certificadora participara en las pruebas realizadas con los trenes y cargas falsas.

Lo anterior fue criticado por algunos diputados integrantes de la Comisión Investigadora de la Línea 12 de la Asamblea Legislativa (ALDF), quienes en comparecencia cuestionaron al consorcio por qué dio una certificación "de buena fe", y confiaron en lo que el proveedor les manifestó por escrito, pero sin ver pruebas físicas para revisar la interacción de vías y trenes, a pesar de que CAF haya hecho una certificación de su material rodante con un tercero.

Las vías y los sistemas electromecánicos fueron evaluados con especificaciones técnicas y se cumplió con la seguridad de la vía.

"CAF presentó los informes necesarios, es una empresa seria, no quiero decir que no se evaluó, el tren se inscribía bien en las vías. No podemos hablar de mal diseño, la vía fue diseñada conforme a la norma", dijo Mario Alberto Lezama, de la coordinación técnica de consultores.

Sin embargo, el representante del consorcio certificador reconoció que antes de que la Línea 12 fuera inaugurada, detectaron el desgaste ondulatorio en las vías, un fenómeno que se presenta en 50 por ciento de los Metros del mundo que se ataca con mantenimiento, además de un lote de durmientes que pidieron cambiar porque estaban fracturados.

Lezama mencionó que el 14 de noviembre del 2013 entregaron un informe en el que verificaron la falta de mantenimiento correctivo y preventivo, durmientes fracturados, defectos ondulatorios, desniveles transversales fuera de tolerancia, entre otros, por lo que dieron varias recomendaciones para actuar al Proyecto Metro.

Los legisladores cuestionaron al consorcio sobre si era o no una certificación al vapor por la forma en la que dictaminaron, y por lo que se les pagó 119 millones de pesos. (Agencias)