Cuando el 28 enero de este año, apareció publicado en el Diario oficial de la federación, el dictamen mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortíz, ya se había conseguido -con pavoroso éxito- uno de los operativos de control informativo para el ocultamiento, más impresionante de los que se registren en la última década en nuestro país.

El tan esperado engrose de la resolución que la Corte aprobó en su Tribunal Pleno, el 14 de octubre de 2009, dejó de ser importante para un gran número de medios de comunicación y, de hecho, los pocos medios que dieron cuenta de los resultados contenidos en el expediente facultad de investigación 1/2007, no descendieron al fondo de ese informe que escribe la historia de la represión al movimiento de la APPO, los atropellos y la impunidad que costó la vida de 26 personas; no pudieron, o no quisieron rajar la leña de ese estudio sin parangón, elaborado casi como un documento de despedida con broche de oro, de quien fuera el Ministro ponente y uno de los más ilustres que ha tenido nuestro tribunal constitucional: Mariano Azuela Huitrón.

La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quien ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación.

La Corte, que ejerció millonarios recursos para esa investigación y destinó casi tres años de su tiempo con un equipo de magistrados de circuito, aumentó la expectativa ciudadana y el prestigio en su desempeño para la protección de las garantías individuales, pero al no tener consecuencias su resolución, ya no digamos jurídicas, sino ni siquiera políticas o comunicacionales, entra en un injusto deterioro de su credibilidad y merma la majestad de su fuerza constitucional. Con todo y que fueron las dos cámaras del Congreso que, en acto hipócrita, solicitaron en dos ocasiones la intervención de nuestro máximo tribunal.

Mientras el dictamen queda en el silenciamiento y el olvido, y la Corte se atrapa en el ejercicio de una facultad que de entrada no tiene esperanza de justicia, por lo que termina en su descrédito, el violador grave de garantías sigue haciendo de las suyas.
Tal y como lo relata la Corte en el informe de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007, bajo el mismo método y estrategia, repitiéndose algunos nombres de personas y organizaciones, vuelve a aparecer la represión y la violencia como método para disuadir y aterrar la posibilidad del cambio político que ha de venir a Oaxaca en las próximas elecciones del 4 de julio.

La emboscada perpetrada por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la comunidad Triqui de San Juan Copala, la tarde del 27 de abril pasado en la que murió Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandes, y en la que también resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia periodistas de la revista Contralínea, es el hecho más reciente y a la vez el más anticipado del clima de intimidación e impunidad que ha desarrollado el Gobernador Ulises Ruiz en la entidad y en particular, en esa región del municipio.

San Juan Copala, se encuentra sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que según denuncian autoridades autónomas y organizaciones sociales, "actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca". A esta comunidad pertenecían las locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, asesinadas el 7 de abril del 2008. Al mes de diciembre del 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.

La insolencia del violador grave de garantías no tiene límites, tampoco su cinismo. Acusó al candidato de la Coalición "por la paz y el progreso de Oaxaca" Gabino Cué, de haber enviado a la caravana de maestros y apistas para provocar más violencia en San Juan Copala. Dijo que las organizaciones afiliadas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, obedecen a los intereses de Cué: "Hay gente que se ha caracterizado por apoyar a un candidato, son gente que trabaja con el candidato de oposición, el candidato de oposición ha manifestado que está con la APPO, que está con la violencia, que está con este tipo de situaciones que lejos de hacer una propuesta de transformación para el Estado, hace una propuesta de violencia para ganar en su favor unos votos ante la falta de propuesta".

La declaración mide el ambiente político y define con toda claridad la estrategia que buscan poner en marcha para generar angustia, temor y luego desánimo que se convierta en abstención. Lo más importante es que se ve lejos que esto suceda con el pueblo de Oaxaca, va a estar muy difícil que venzan su ánimo, su empeño y su decisión de recuperar para esta entidad la democracia, el imperio de la ley, la paz y el progreso. La elección dará además de la alternancia, una lección moral y cívica a los órganos del Estado que no han sido capaces de poner atención al dictamen de la SCJN: El establecimiento del respeto irrestricto de los derechos humanos, por virtud de la acción ciudadana. Se cumplirá así, la gran sentencia de que sólo pueblo salva al pueblo, y en ello, la justificación mayor del porqué había que ir en coalición entre el PAN y los partidos de la izquierda.