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*México (11 de mayo).-
Señala la dependencia federal en un comunicado que como resultado de operativos de inspección realizados la semana pasada, por parte de elementos de la oficina regional en la entidad, se pudo comprobar que las obras no cuentan con las autorizaciones expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para establecerse y operar en la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Asimismo, en atención de diversas denuncias públicas en medios de comunicación y redes sociales, esta dependencia federal inició los trabajos de inspección a las instalaciones del “Hotel Villas Akumal” a fin de determinar el grado de afectación y deslindar responsabilidad, por la descarga de aguas negras en humedales de manglar.
Este último desarrollo turístico forma parte de las casi 120 acciones que en materia de inspección y regularización con que arrancaron las tareas de la nueva oficina regional de la Profepa en el Municipio de Tulum, inaugurada en fechas recientes por el Procurador Federal, Guillermo Haro Bélchez.
Detalla la información que el “Restaurante la Buena Vida con Tienda de buceo y actividades acuáticas Akumal Dive Adventures”, ya había sido sancionado anteriormente por la Profepa en 2005, por obras en el lote 36. Sin embargo continuó con una ampliación ilícita en el lote 35, donde construyó en 891 m2, una alberca, tienda de buceo, regaderas y corredores, motivo por el cual fue clausurado.
El predio “Tlalocan” es una casa de turismo, en la que en 2,243 m2 construyeron una alberca, muretes, jardines, pasillos y palapas en la ZOFEMAT sin contar con autorización de impacto ambiental, motivo por el cual dichas obras también fueron clausuradas.
En el desarrollo “Nah Hah” se construyeron: una estructura de entrada, dos jardineras una vivienda, dos bardas, dos muretes, una alberca, una caseta y una fosa que cuenta con descarga irregular de desechos líquidos que fueron clausurados por el impacto ambiental que provocan a la Bahía de Akumal.
La Profepa señala que las afectaciones causadas pueden ser sancionadas hasta con 50 mil salarios mínimos de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, además de implementar las medidas de mitigación y restauración que imponga la propia Procuraduría.