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MADRID, 21 de diciembre.- En 2011, fueron 118,359 mujeres las que interrumpieron su embarazo en España, un 4.7% más que el año anterior. Es el primer balance disponible de un año completo de la ley de plazos (julio de 2010), llega tras un par de ejercicios de disminución o estabilidad, y en vísperas de que se conozca la reforma con la que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere acabar con el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo libremente durante las primeras 14 semanas de gestación. Tras el crecimiento —que pronosticaron los grupos más conservadores y que achacaban a la ley impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero—, los expertos ven el fantasma de la situación socioeconómica; menos centros para asesorar a las embarazadas, menos dinero para comprar anticonceptivos y menos recursos para criar hijos.
El perfil de la mujer que aborta apuntala en cierta medida este argumento. La práctica de esta intervención se ha disparado entre las mayores de 30 años, según los datos que el Ministerio de Sanidad hizo públicos ayer. Sobre todo, en el grupo de aquellas que tienen entre 35 y 39, edad en la que ahora mismo la maternidad está en apogeo. Este es un dato que llama la atención a la demógrafa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita Delgado. “Antes, el incremento se daba sobre todo en las jóvenes”, apunta. En 2011, el número de abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 se incrementó un 7.55% respecto al año anterior, frente al aumento del 11.61% registrado en el grupo de las que tienen entre 35 y 39 años. Se trata, además, de mujeres en su mayoría emparejadas —el 41.89%— y con hijos.
Parece que la situación no ayuda a las mujeres a ser madres. Aumentan los abortos y cae la natalidad —otros años, en cambio, subían los nacimientos—. En 2011 nacieron 470,553 niños, un 3% menos que el año anterior (y un 9.2% menos que en 2008), según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
La situación económica que atraviesa España también se deja notar en la radiografía de los datos de Sanidad: el 23.13% de las mujeres que abortaron en 2011 estaba sin trabajo. Un porcentaje que en 2008, antes de que la crisis soplara a fondo en España, era de 15.04%. El dato es significativo, pero hay que tomarlo con cautela: hay más mujeres desempleadas que abortan, pero también mucho más desempleo.
No obstante, indica Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), no deja de ser algo revelador y una muestra de que el repunte de las interrupciones voluntarias del embarazo tiene que ver con la crisis. “Aumentan las gestaciones no deseadas, y ante la situación actual las mujeres ponen encima de la mesa los factores de su vida y algunas deciden posponer su maternidad”, dice. Delgado coincide: “Todo apunta a que, ante la relajación de los controles anticonceptivos, y al haber un embarazo, se podría estar optando en mayor medida por interrumpir la gestación”, expone la demógrafa, reacia aún, en este primer análisis, a achacar radicalmente los datos a la crisis.
De hecho, el 89.6% de las mujeres que abortaron en 2011 no alegaron ningún motivo para hacerlo, tal y como recoge la ley de salud sexual y reproductiva —que entró en vigor en julio de 2010—, durante las primeras 14 semanas de gestación. A partir de ese tiempo, la mujer debe declarar riesgos para su salud (hasta la semana 22) o malformaciones fetales (sin plazo). Sin embargo, como se desprende de los datos, los abortos son muy tempranos: casi el 95% se realizó antes de la semana 12. Un dato muy similar, apunta Isabel Serrano, ginecóloga y miembro de la Federación de Planificación Familiar Estatal, al de la mayoría de los países de la Unión Europea, donde la ley de plazos es mayoritaria.
“Es evidente que la mujer no se embaraza para abortar. Muestra de ello es que además acuden a los centros de aborto lo antes posible”, apunta Luisa Torres, trabajadora social y portavoz de la clínica Dator de Madrid. Esta experta apunta que los factores económicos están siendo uno de los condicionantes de su decisión; sobre todo, en los colectivos más vulnerables. “Aunque el problema del desempleo no es lo único. Hay tantas razones como mujeres que abortan. Es absolutamente personal”, dice.
Serrano no se muestra alarmada por el aumento del número de abortos. Tampoco Salmeán, que apunta a que el incremento también puede deberse a que con la nueva norma, que financia a través de la sanidad pública las intervenciones, hayan aflorado datos antes ocultos. Además, inciden, no es el año en el que más han crecido: de 2006 a 2007, esta intervención se incrementó un 9.4%. “España tiene ahora una tasa muy similar o incluso menor que la de otros países europeos”, indica la ginecóloga. En España, el número de abortos por cada mil mujeres en edad fértil es de 12.44. En Francia o Gran Bretaña está en 17, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Para estos expertos, el repunte nada tiene que ver con la posibilidad de la mujer de decidir libremente su maternidad que recoge la regulación actual. “Las leyes no modifican las tasas de aborto a corto plazo. Puede haber factores económicos, y ahora más que nunca, pero muchas interrumpirían su embarazo también si estuvieran en otra situación", indica Francisca García, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. Esta experta lo achaca, sobre todo, a la falta de programas de prevención. "La ley de 2010 tenía apartados relativos a la educación sexual que no se han desarrollado y eso influye", afirma. Una opinión que comparte la ginecóloga Isabel Serrano --portavoz también de la plataforma Decidir nos hace libres-- que critica las "resistencias" de los Gobiernos autonómicos del Partido Popular en la aplicación efectiva de estas medidas.
Porque el 24% de las mujeres que abortaron en 2011 ya había tenido un aborto previo. Y porque casi el 32 de las que interrumpieron su embarazo no utilizaron ningún anticonceptivo. Una proporción que además, es similar entre las mayores y entre las más jóvenes. En 2011, eran 14,586 chicas menores de 20 años las que interrumpieron su embarazo; 455 de ellas tenían menos de 15.
“La prevención, sea en términos de anticoncepción o de salud sexual, es la gran asignatura pendiente. No se ha tomado ninguna medida para prevenir el embarazo no deseado y eso vulnera la ley, que recogía que debe cuidarse la salud sexual. Sin embargo, la falta de información que nos encontramos es tremenda. También la falta de recursos”, argumenta Torres. Serrano incide en que cada vez hay menos centros de información sobre anticoncepción y planificación familiar. “La falta de medios por la crisis también está jugando un papel determinante”, asegura.
El Ministerio de Sanidad no analiza los datos. Su titular, Ana Mato, apenas se ha pronunciado sobre una prestación sanitaria de la que se está ocupando su homólogo de Justicia. Cuando ha intervenido, ha sido para defender que el Gobierno legislará para tratar de que las mujeres que quieren ser madres lo sean independientemente de las “presiones sociales, económicas o familiares”. A pesar de esto, no ha iniciado ninguna medida al respecto. Tampoco para prevenir los embarazos no deseados. (EL PAÍS)