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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso a prueba a la Procuraduría General de la República (PGR) al denunciar penalmente al secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y a 20 mandos policiacos más por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos ilícitos registrados durante el operativo que derivó en la detención de Florence Cassez en diciembre de 2005 y que a la postre fueron determinantes para que Suprema Corte de Justicia de la Nación la excarcelara.
Según la propia CNDH, la demanda se interpuso el pasado viernes 15 en la Oficialía de Partes de la PGR para que se investigue la actuación de García Luna y sus principales colaboradores en la captura y presentación de la ciudadana francesa el 9 de diciembre de 2005. En ese entonces, el jefe policiaco y el resto de los mandos implicados en la querella estaba a cargo de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR.
Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública federal. La penalidad de los delitos de que se le acusa: contra la administración de justicia, de cuatro a diez años de prisión; por abuso de autoridad, de 9 a 12 años, y por ejercicio indebido del servicio público, de 2 a 7 años de prisión.
El pasado 13 de marzo, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, dio a conocer un informe especial sobre las presuntas irregularidades cometidas por los 21 servidores públicos y anunció que procedería a interponer una denuncia penal y administrativa contra los involucrados en el montaje que García Luna y sus muchachos armaron para que las cámaras de Televisa pudieran presentar “en vivo” el operativo de la captura de Cassez, quien, al margen de ese hecho, denunció que durante su reclusión fue torturada, amén de que se le negaron sus derechos constitucionales y su consignación fue posterior a lo que establece la ley.
El montaje de la captura, que le valió la libertad a Florence Cassez, era una verdad reconocida públicamente por sus propios autores.
El caso ahora está en manos del procurador Jesús Murillo Karam.
Artículo de Horacio Zaldívar en Vanguardia
En un evento más mediático que de fondo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su presidente Raúl Plascencia Villanueva, denunció a Genaro García Luna por presuntos delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, cometidos durante la detención de Florence Cassez, en diciembre de 2005.
Según puntual nota de Octavio Gómez de la revista y portal de Proceso, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Genaro García Luna y otros 20 exfuncionarios de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, cometidos durante la detención de Florence Cassez, en diciembre de 2005.
La denuncia se presentó formalmente la noche del pasado viernes 15 en la Oficialía de Partes, explicó la CNDH, e incluye al exdirector de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino.
Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, dijo que esta es la primera denuncia contra altos exfuncionarios federales en lo que va de su administración, porque, detalló, existe una cadena de mando que implica a los policías que intervinieron directamente en el caso hasta quienes ordenaron o toleraron estas acciones.
En conferencia de prensa el pasado miércoles 13, Plascencia presentó un informe especial sobre el caso en el que documenta una serie de irregularidades cometidas por los entonces funcionarios de la PGR.
Pese a que en el informe no se mencionan los nombres de los presuntos implicados, en la relación que presentará el ombudsman a la PGR es posible identificar a García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como a Cárdenas Palomino.
En la relación también se incluye a dos directores, de Investigación Policial y Operaciones Especiales, 15 agentes operativos y dos agentes del Ministerio Público.
Entre las principales irregularidades detectadas por la CNDH en el caso, destacan “omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia, negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron, lo cual derivó en una violación al debido proceso” en agravio de las víctimas del delito.
Pues bien, al afirmar este modesto columnista que la denuncia conlleva más objetivos mediáticos que de fondo, sustenta esta afirmación toda vez que Raúl Plascencia Villanueva no incluyó en el cuerpo de la denuncia a TELEVISA, y sus directivos, pues ellos fueron los que realizaron el montaje para poner de a “pechito” a la francesa.
La pregunta obligada al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es: ¿por qué hasta ahora?
Esta denuncia no irá más allá del impacto mediático, pues García Luna y sus secuaces no serán sometidos a la justicia por una sencilla razón: saben demasiado...