Como estarán ustedes enterados la titular del Poder Ejecutivo, Ivonne Ortega Pacheco y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Lic. Ángel Prieto Méndez, (Poder Judicial)  entregaron al Poder Legislativo una propuesta de iniciativa de Ley para reformar 43, de 109, artículos a la Constitución Política de Yucatán, con el objeto de armonizar la legislación local, con la legislación Federal, sobre la Reforma al Sistema de impartición de Justicia y Seguridad Publica, que aprobó el Congreso de la Unión el pasado mes de julio de 2008.

La litis del asunto estriba en que esta propuesta, va más allá de lo que mandata la reforma federal, pues proponen que desaparezcan el Tribunal Administrativo de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y los 106 municipios. También proponen que del Tribunal Electoral del Estado desaparezca y en su lugar se conforme una sala que vea ambos asuntos.

De acuerdo a la opinión de varios especialistas en el tema, (Diario de Yucatán, domingo 21 de marzo de 2010, Secc. Local) consideran que esto vulneraria la autonomía del Tribunal Electoral en menos cabo de las garantías de certeza y profesionalismo que se le deben dar a la ciudadanía.

También se propone crear en el Tribunal Superior de Justicia,  un órgano de control de inconstitucionalidad. Hasta ahí esta bien, pero lo grave es que de acuerdo con la iniciativa del Poder Ejecutivo y Judicial, se le da potestad a este nuevo órgano para declarar inconstitucional todo proyecto de ley, que presente algún diputado o fracción parlamentaria, sin importar que no haya sido aprobada. Esto es en términos coloquiales, abortar el niño, sin que haya nacido.

La Dip. Bertha Pérez, considera que esta es un gravísimo retroceso a los derechos políticos de los yucatecos, Además de que se debilita considerablemente al Poder Legislativo, Pues también en la misma iniciativa de Ley, se le confiere al Poder Judicial, el derecho de iniciar leyes, sí, así a secas y de forma general. La pregunta es: ¿Quien controlará y será el contrapeso de este poder. Dónde queda la división de Poderes?

Otro aspecto delicado es lo referente a la seguridad publica, pues los proponentes de esta Ley de Justicia y Seguridad del Estado de Yucatán, proponen que se los órganos policiacos estén al mando y ordenes del Gobierno del Estado. Creemos que esto también vulnera la autonomía del municipio como lo señala el artículo 115 constitucional.

Entre otros asuntos temáticos estos excesos que se presentan en el proyecto de ley que, para varias los 14 diputados priistas, junto con la Dip. Doris Candila y ahora los diputados Julio Garrido Rojas, Alba Martínez Cortes y Ramón Salazar Esquer, que en últimas fechas ha votado varios asuntos juntos con diputados del PRI, posición que va en contra de la bancada del PAN. Todos juntos suman 18 diputados, con lo que reúnen las dos terceras partes del Pleno para realizar toda reforma constitucional. ¡ En manos de quien esta el futuro de la sociedad yucateca..!

Esperamos puedan manifestarme su opinión al respecto para y asumir una posición política que refleje la posición de la ciudadanía de Yucatán al momento de emitir mi voto. El proyecto de dictamen a la ley de Justicia y Seguridad la puedes consultar en la pagina web del Congreso de Yucatán, o bien en: www.tumbenkin.blogspot.com

Créeme que tu apoyo será de suma importancia, pues la fracción parlamentaria del PRI quiere darle velocidad a la dictaminación y aprobación lo más pronto posible.

Desgraciadamente, desconozco la razón la mayoría de los medios de comunicación no le han dado la necesaria cobertura periodística a este tema tan importante para la sociedad yucateca. Coincido con varias personas y grupos de la sociedad civil, que han manifestado la necesidad de que el Congreso abra mayores foros de análisis, discusión y donde se escuchen las opiniones y aportaciones de los ciudadanos al respecto de esta trascendental reforma, que significa un nuevo marco jurídico para impartir justicia y garantizar la seguridad publica en nuestra entidad.

En los asuntos de viabilidad democrática y de impartición de justicia en Yucatán, los ciudadanos deben de estar presentes, pues los diputados legislamos para ellos.