México, 27 de febrero.- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, presentó hoy el Acuerdo de Certidumbre Tributaria -Pacto Fiscal- que tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018.

Con este acuerdo, el gobierno federal se compromete a no proponer nuevos impuestos al Congreso de la Unión, así como a ejercer un gasto eficiente y transparente y a mantener la trayectoria decreciente del déficit fiscal, resaltó el funcionario en un evento celebrado en Palacio Nacional.

El Acuerdo, que cuenta con el apoyo de los gobiernos federal y estatales, así como de la iniciativa privada, establece que a partir hoy y hasta el final de la actual administración el Ejecutivo se abstendrá de proponer cambios en la estructura tributaria, a menos que surjan eventualidades macroeconómicas que así lo ameriten.

Videgaray Caso destacó el compromiso ante la sociedad mexicana de “no proponer al Congreso de la Unión nuevos impuestos, no proponer aumentar las tasas de los impuestos existentes y no proponer reducciones o eliminación de beneficios fiscales o exenciones existentes”.

Lo anterior, explicó, significa que no se plantearán ajustes a la tasa, tarifas y bases disponibles de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) distintas a las ya aprobadas.

El Pacto Fiscal propone un combate a la evasión fiscal y promueve la formalidad, a fin de generar una competencia leal entre todos los agentes económicos y para que todos puedan contribuir al gasto público, como es la exigencia constitucional.

Lo anterior, incluye la promoción de la incorporación de contribuyentes a la formalidad, en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, así como el fomento de una cultura de cumplimiento de las disposiciones tributarias para lograr un sistema fiscal más justo y eficiente.

A su vez, contiene el pleno respeto a los derechos constitucionales de los contribuyentes y a las decisiones del Poder Judicial de la Federación respecto de la presentación de demandas de amparo contra las disposiciones aprobadas en la reforma hacendaria.
Así como la libertad de todos los miembros de la sociedad mexicana para expresar sus puntos de vista y opiniones e intercambiar propuestas sobre la política fiscal del país.
De igual forma, el gobierno federal acatará plenamente las decisiones del Poder Judicial en materia tributaria.

El Acuerdo propone también mejorar la eficiencia y oportunidad en el uso de recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto.
En este sentido, el gobierno federal se comprometió a implementar acciones de mejora para orientar los recursos a las medidas que generen mayor valor público en un contexto de cercanía al ciudadano y modernidad administrativa y que mejore el desempeño y eficiencia del gobierno.

Asimismo, se impulsará una política de transparencia activa en materia de ingresos y gasto público que permita a los ciudadanos conocer el origen y destino de los recursos.
El acuerdo establece que el Ejecutivo propondrá al Congreso niveles de déficit consistentes con la trayectoria decreciente planteada en la Política Económica para 2014.
En este sentido, cada una de las dependencias federales establecerán las medidas necesarias para que se cumpla con el balance público aprobado por el Congreso.
El Pacto aclara que sólo se realizarán ajustes al marco tributario en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales sea imperante realizar modificaciones. “De no presentarse este tipo de eventos, el gobierno federal no propondrá ajustes”.
Expuso que sólo se propondrán modificaciones al Congreso como parte de la legislación secundaria que deriva de las reformas energética, debido a la importancia de modificar el régimen fiscal que aplica a dicho sector.
Lo anterior, para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad cuenten con los recursos que les permitan una mayor producción de hidrocarburos y electricidad más eficiente para reducir las tarifas en forma sostenible.
El titular de la SHCP precisó que se mantendrá comunicación permanente y cercana con las distintas organizaciones y miembros de la sociedad civil, a fin de retroalimentarse sobre el desempeño de la economía.
Agregó que se utilizarán mecanismos ya establecidos, en particular el Consejo Consultivo Empresarial, para el crecimiento económico de México a fin de evaluar y proponer medidas de política pública que fomenten la inversión, la productividad y la creación de empleos formales.