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No hay peor pecado que la ingratitud
Austeridad es la palabra de moda, no solo en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra ciudad, sino en el mundo, merced a otra palabreja que en nuestros tiempos ya se ha vuelto familiar: crisis.
Los gobiernos de distintas naciones y de diversa orientación política piden lo mismo al ciudadano: apretarse el cinturón y la realidad es que la inmensa mayoría de nuestra población ya está harta de privaciones.
Lo curioso es que ese sacrificio que se solicita a la ciudadanía, no es algo que practiquen los gobernantes, que en diversos países y particularmente en nuestra patria, gozan de altísimo nivel de vida.
En México los funcionarios de primer y segundo nivel, independientemente que pertenezcan al orden federal, estatal o municipal, suelen gozar generalmente de privilegios inimaginables para el resto de la población: celular, gasolina, vales de despensa, vehículos, ayudantes, atención médica privada y medicamentos, no solo para ellos, sino hasta para sus familiares, lo que constituye una importante sangría para el erario público, merced no solo a su número, sino también a lo magro de su desempeño.
Diferentes partidos se han visto obligados a hacerse eco de la demanda social de reducir el número de diputados y senadores de representación proporcional, en aras de conseguir algún ahorro del gasto que se eroga por concepto de servicios personales, pero con lo anterior, no se llegará ni por mucho al fondo del asunto, porque lo deseable sería su completa desaparición y que solo ocupasen una curul, aquellos a quienes favorezca el voto mayoritario.
Es un hecho que cuando las crisis alcanzan niveles álgidos, los gobiernos, más allá de su signo, suelen tomar medidas cosméticas para dar atole con el dedo al pueblo, recortando gastos en papelería, viáticos, gasolina y telefonía, para hacer creer a los ingenuos, que sus integrantes también son solidarios y austeros. Pero ello tampoco soluciona los grandes problemas de fondo.
Valdría la pena preguntarnos cuanto recibe quincenal o mensualmente por concepto de vales de gasolina y despensa un funcionario de primer nivel de cualquier orden de gobierno y cuestionarnos si realmente estas prestaciones son merecidas o en estos tiempos, está el país, el estado o el municipio en condiciones de otorgarlos.
Habría que preguntarse cuanto se gasta al mes o al año, por concepto de atención médica privada para los funcionarios de primer nivel de los diferentes estratos de gobierno y para sus familiares y concluir que este es un gasto francamente inmoral y que no tiene razón de ser, principiando porque genera una casta de privilegiados, aleja a los representantes populares de sus representados y propicia la mala calidad en los servicios de salud pública y el desabasto de medicamentos.
El día que el presidente de la república o algún gobernador, alcalde, senador, diputado, regidor, secretario o director, sea operado en nosocomios del sistema de salud pública, verdaderamente se procurará que estos sean eficientes y cuenten con el abasto suficiente para cumplir su labor.
Por otro lado, al tratarse de servidores públicos, no encuentro justificación a desdeñar la atención de la salud pública, máxime si se encuentra el funcionario de marras, adscrito a entidades de dicho sector. Al que en ejercicio de su legítimo derecho a elegir otra opción para su atención y tratamiento, se le ocurriese recurrir a una institución privada, que pague de su propio peculio.
Lanzo pues esta propuesta a quien quiera hacerse eco de ella, tanto a nivel estatal como municipal, pues en ambos casos y por distintos motivos, vendrían bien los ahorros que se generarían por dejar de pagar atención médica privada y trasladar a todos sus funcionarios al ámbito de la salud institucional. Veamos quien es el guapo que alza la mano y dice yo.
No es moral ni decente en países como el nuestro, tener gobiernos ricos y un pueblo pobre, pues esto solamente contribuye a considerar el ejercicio de los cargos públicos, no un honor que permita servir a los demás, sino la oportunidad de lucrar y enriquecerse a costillas del prójimo y francamente no está el horno para bollos.
Ojalá en lugar de ponerse a lloriquear ante la carencia de fondos, los gobiernos estatal y municipal en turno, se decidan a tomar al toro por los cuernos y tomen medidas que muestren a la ciudadanía que hay verdadero interés en velar por sus intereses y que el servicio público no es un mero acto de demagogia.
Dios, Patria y Libertad