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El Sr. Juan Carlos López Rodríguez, promotor central del proyecto Dragon Mart Cancún, manifiesta sentirse profundamente “ofendido”. Ha enviado un boletín a los medios que va en los siguientes términos:
“Durante una visita al predio de más de 500 hectáreas el empresario explicó a los representantes de los medios de comunicación que es una propiedad que había sido utilizada para la explotación de material pétreo y no ha sufrido devastación alguna como lo afirma Cemda, en primer lugar porque la empresa Dragon Mart aún no es propietaria del inmueble y en segundo lugar porque los trabajos de desmonte que se hicieron antes de junio pasado fueron hechos con permisos ambientales por sus propietarios quienes cedieron los derechos a Dragon Mart Cancún desde junio pasado y será apenas esta semana cuando se firme la escritura.”
Al parecer, lo que se difunde en torno al proyecto Dragon Mart Cancún no parece contar con la información contenida en el boletín de López Rodríguez —el inhabilitado, pero propietario de los terrenos en donde se edificaría el mega proyecto.
En las notas se habla de corrupción y falta de credibilidad, mezclando un proceso de inhabilitación en 2004, con una operación de 2012 que en nada se relaciona con el o los sucesos sancionados hace 8 años.
Ha salido a colación el hecho —¿o rumor?— de que López Rodríguez fue socio de algún Bribiesca —hijo de Martha Sahagún de Fox. Estos apellidos en forma casi automática implican “corrupción” —para el “sentir” popular— aunque dicha corrupción realmente jamás haya sido judicialmente probada.
En 2004, cuando Vicente Fox era presidente —también esposo de Sahagún, madre de los Bribiesca— pudo haber López Rodríguez ejercido alguna influencia en que se le adjudicara un permiso para importar productos del extranjero. Se deja entrever en las notas que se trataría de una licitación, cosa que realmente es inadmisible; efectivamente, cualquier mexicano que reúna los trámites normales puede importar mercancía del extranjero.
La nota periodística “a modo” parece traer en su contexto una insinuación en el sentido de que López Rodríguez actuó con “conocimiento de causa” (sic). Nos preguntamos, ¿cuál causa y qué conoció en 2004 que hoy sea lo que puede hacer “posible” la existencia del proyecto Dragon Mart Cancún?
Es realmente incomprensible que la relación de Lopez Rodriguez con los Bribiesca y el presidente Vicente Fox, no haya sido lo suficientemente intensa o efectiva como para evitar las consecuencias que generaron un expediente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 10 de abril de 2004; una investigación de la Contraloría Interna del SAT provocó la determinación de inhabilitar a Juan Carlos López Rodríguez por 12 años para ocupar cualquier cargo público. Además, se le obligó a pagar un crédito fiscal por $28 millones “por su negligencia y omisiones” como servidor público.
Es difícil acusar a López Rodríguez de “influyentismo” positivo, cuando, en realidad, su situación real continúa siendo de inhabilitación para puestos públicos —no así para trabajar en proyectos empresariales independientes. Probablemente el crédito fiscal continúe vigente y López Rodríguez continúe pagándolo.
Fuertes presiones, ya de todo mundo conocidas, han provocado que el proyecto Dragon Mart Cancún —con todo y las inversiones en promicionales que ya se han hecho— deba ser cambiado de nombre a Mega Centro de Exposiciones. El centro incluiría pabellones para empresas mexicanas —especialmente industrias ubicadas en la Península de Yucatán— y para otras empresas internacionales, como las chinas.
En la calle se comenta que esa fuerte oleada —movimiento bien orquestado, al parecer— de animadversión contra el proyecto que se llamó Dragon Mart Cancún (por su contraparte en Dubai), responde al hecho que se da cuando un proyecto de esa envergadura resultará en beneficios de utilidad económica —que probablemente pagará muchos impuestos, amén de generar una gran cantidad de fuentes de trabajo en su edificación— para un grupo empresarial y no otro. Son pocas las voces que en forma sensata apelan al hecho de que los grandes proyectos, por estructura misma del sistema capitalista, no pueden ser de “todos”, sino que justamente solo pueden rendir beneficios mayores a los promotores que logran integrarlos.