Por Gustavo Lomelín

En estos momentos, se debate en México una auténtica Reforma del Poder, donde la pugna entre los poderes reales acrecienta la disputa por la nación. En efecto, los recientes cambios a la Ley de Amparo representan un verdadero hito en la historia de nuestro país. En el fondo, significan una modificación trascendental en la relación de los principales poderes fácticos con el gobierno federal y el Estado mexicano. Más aún: representan una redefinición de pesos y contrapesos en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, que detentan casi 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), o sea, la quinta parte de la riqueza nacional.

La norma reglamentaria a la Ley de Amparo es clave para que puedan concretarse las reformas educativa, de telecomunicaciones y energética. El martes pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó (con 434 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones) el proyecto de modificación a la Ley de Amparo, donde básicamente cambian varias fracciones del artículo 129 referente a la imposibilidad de otorgar la suspensión de amparo a empresas que exploten concesiones de bienes del dominio público como servicios financieros, telefonía, televisión, energía, gas, aviación, minería y casinos, entre otras.

Los ajustes aprobados por los diputados regresaron al Senado de la República, como Cámara de origen. Y como era de esperarse, la reforma desató la polémica entre empresarios y algunos legisladores debido a que -según argumentaron- la modificación del amparo podría implicar “incertidumbre jurídica y económica”. De hecho, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que las autoridades podrían rescatar concesiones del espectro radioeléctrico, revocar la posesión de tierras de minería, quitarle el permiso a una aerolínea o a un aeropuerto argumentando “causas de interés social”.

Más allá de la eventual validez argumentativa empresarial, lo cierto es que hay un gran fondo político en la reforma a la Ley de Amparo. Durante muchos años se presentó en nuestro país un abuso de amparos en sectores como el financiero y telecomunicaciones, entre otros. Ésta situación ha llevado a las autoridades reguladoras a protestar ante el Poder Judicial por su tendencia al otorgamiento de suspensiones, muchas de las cuales pueden durar años mientras se litigan los asuntos en los tribunales. Cualquier acto de autoridad podía incluso, ser frenado por amparos durante casi una década.

Ahora, la discusión regresa a la Cámara Alta donde los senadores deberán decidir la nueva Ley de Amparo con los cambios aprobados por los diputados. Aunque los coordinadores de las tres bancadas senatoriales principales (PRI, PAN y PRD) dijeron estar dispuestos a escuchar el cabildeo de los empresarios, hay la tendencia a aprobar la minuta con las modificaciones hechas en San Lázaro. Las presiones de los poderes fácticos son muy fuertes y en el curso de los próximos días deberá definirse el curso de la Reforma a la Ley de Amparo, que resulta clave para generar una verdadera mayor competencia en sectores estratégicos para la economía y adecuarlos así a las condiciones internacionales que permitan más y mejor productividad y competitividad para el país, lo cual necesariamente se traducirá en mayor crecimiento económico para los mexicanos.

En conclusión, son momentos de definición del poder del Estado Mexicano y del gobierno con los poderes reales. No es exagerado hablar de una Reforma del Poder en México sujeta a debate actualmente en la pista del Congreso de la Unión.

(El Semanario Sin Límites)