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Mérida, Yucatán, a 20 de julio de 2013.- Con el llamado a hacer valer la legislación y que la iniciativa privada preste mayor atención a las personas con discapacidad, se clausuró el diplomado “Derecho de las personas con discapacidad e inclusión social” el cual cumplió con el objetivo de capacitar a 50 funcionarios públicos y personas relacionadas con el tema, respecto a los derechos humanos de este grupo en situación de vulnerabilidad, que en Yucatán representa el 6.4 por ciento de la población.
En la ceremonia de clausura, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado Hay reconoció que hay cambios legislativos importantes en la materia, que incluso se ajustan a los estándares internacionales, pero aún falta lograr la eficacia y cumplimiento para que se garantice el goce de los derechos.
Asimismo, dijo que el gran desafío es hacer que este movimiento, iniciado y promovido desde la sociedad civil siga creciendo y se extienda hasta el sector privado.
“Es necesario que la iniciativa privada preste más atención a las personas con discapacidad para que se pueda lograr una verdadera inclusión social”, indicó.
El Ombudsman reconoció el trabajo que ha realizado la sociedad civil en materia de discapacidad, y a este esfuerzo se han sumado instituciones como la Universidad de Oriente.
“La Uno es un ejemplo de lo que una universidad puede hacer por promover y atender el temado la discapacidad de la mano con la sociedad civil, ejercicios como este diplomado están enfocados a lograr este objetivo”, puntualizó.
En su participación, el Rector de la UNO, Carlos Bojórquez Urzaiz, hizo un llamado para que las universidades tengan una política inclusiva para las personas con discapacidad.
“Si las universidades pudiéramos aprender el cultivo solidario de los pueblos, de los mayas yucatecos, de las personas que menos tienen, el panorama de la educación sería diferente, tendría el espíritu humanista que inició Felipe Carrillo Puerto”, remarcó.
Y anticipó que este camino, que inició con el aval académico del diplomado, seguirá hasta lograr que la UNO pueda impartir la Maestría en Derechos Humanos en Yucatán, para que todas las personas interesadas en el tema puedan estar dentro de este proyecto.
Este diplomado destaca debido a que Yucatán es el segundo estado del país con mayor número de personas con discapacidad, es decir, el 6.4% de la población vive en esta condición por lo que resulta imperante realizar acciones continuas para garantizar el respeto así como la inclusión de este grupo.
El diplomado, que inició el 26 de abril y concluyó hoy, 20 de julio, fue organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (AYPADEM) y la Universidad de Oriente de Valladolid (UNO).
Entre los participantes se encuentran personas de diversas instituciones entre las que destacan la Fiscalía General del Estado, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (AYPADEM), el Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS), Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Universidad de Oriente (UNO), Olimpiadas Especiales, Asociación de carentes de vista “Prof. Santiago Navarro Silva”, entre otros.
La Presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental A.C., Dulce María Caballero Encalada, dijo que aún persiste la discriminación, exclusión y marginación hacia las personas con discapacidad.
“La inclusión de las personas con discapacidad es un tema vigente en la agenda nacional”, dijo.
Y reiteró que hay avances legislativos, pero falta aplicar las leyes y sancionar a los infractores, para que se puedan hacer efectivos los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad.
En representación de los alumnos la Maestra Santa Elina Sánchez Negroe, una persona con discapacidad visual, dirigió un mensaje y puntualizó que el problema no es tener un déficit, el verdadero problema son las barreras que enfrentan en la sociedad.
“La educación, el trabajo y la salud son los derechos humanos más vulnerados de las personas con discapacidad”, remarcó.