** México (23 de enero).- Adriana Manzanares Cayetano es una indígena de Guerrero, México, perteneciente a la etnia tlapaneca, tiene 27 años y los últimos siete los ha pasado en prisión enfrentando un proceso plagado de irregularidades.

Manzanares fue condenada a 22 años de cárcel acusada de matar a su hijo; sin embargo, el miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su inmediata liberación, de acuerdo con la agencia Notimex.

Adriana Manzanares Cayetano, libertada después de 7 años

Por unanimidad los ministros decidieron otorgar el amparo en favor de Adriana Manzanares Cayetano, al haber detectado diversas violaciones al debido proceso, entre las que destaca la ausencia de un intérprete que conociera su lengua y entendiera su cultura y cosmovisión.

Asimismo determinaron que la sentencia recurrida adolecía de suficiencia probatoria, tanto en lo que hace a la comisión del delito, como a la responsabilidad, razones suficientes para ordenar su inmediata libertad.

Se le sometió a un juicio en español y sin intérprete

En su resolución, los ministros determinaron que el dictamen médico no especificó la causa de la muerte del niño recién nacido, aunque en la sentencia condenatoria de la justicia local se afirmaba que el bebé había sido arrojado de cabeza por su propia madre para matarlo y luego enterrarlo.

Los ministros estuvieron de acuerdo en invalidar la declaración ministerial de la acusada porque no contó con un traductor e intérprete, como ordena la ley en casos como el suyo, pues es monolingüe y no entiende el español.

“La retractación de una declaración autoincriminatoria, con independencia del momento procesal en el que ocurra, es un motivo suficiente para negarle cualquier valor probatorio a una confesión, en la medida en que constituye una manifestación indubitable de que el procesado no tiene la voluntad de autoincriminarse”, se lee en la resolución sancionada por los ministros.

Con métodos del siglo pasado se juzga a mujeres en México

Sobre la situación de Adriana Manzanares, la agencia Efe destaca que el método por el cual se le incriminó se ha repetido en otros casos y mujeres de bajos recursos, muchas de ellas indígenas, son condenadas sin una razón sustentada.

Un pulmón de un bebé neonato partido en cuatro, flotando sobre el agua de una cubeta, fue la prueba que llevó a la cárcel a la joven, que hoy tiene 27 años y que estaba condenada a 22 años de prisión, explica Efe. Es la conocida como “docimasia pulmonar”, una prueba no científica para saber si unos pulmones han respirado antes de morir y que presuntamente demostró que Manzanares había matado a su bebé, al que parió prematuramente tras siete meses de gestación.

“Con esta prueba no científica están encarcelando a mujeres, mayoritariamente pobres que no se pueden defender. Cortan el pulmón en cuatro, lo echan en una cubeta y si flota quiere decir que nació vivo, y que las mujeres lo mataron”, dijo a Efe Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, organización que ha llevado la defensa de Adriana.

“Es una prueba de hace 2,000 años, como si la ciencia no hubiera avanzado”, insistió.
Un error le costó ser atormentada por su propia comunidad La vida de Adriana no ha sido fácil. Originaria del municipio de El Camalote, estado sureño de Guerrero, se quedó embarazada de un hombre casado cuando ya tenía dos hijos y mientras su marido estaba en Estados Unidos. Al saber del embarazo, su esposo regresó y comenzó la pesadilla de la joven: constantes palizas tanto del marido como de su padre y de la propia comunidad, quienes le hicieron un juicio y la apedrearon públicamente por adúltera, palizas que “muy probablemente” provocaron el adelanto del parto, dijo Cruz.

Parió sola en casa y siempre sostuvo que el bebé nació muerto. Cuando su familia descubrió que ya no estaba embarazada le aplicaron la “justicia comunitaria”, que aún existe en algunos pueblos indígenas mexicanos y que “el ministerio publico tomó sin investigar”. “Los prejuicios morales que operaron en su caso fueron el ser mujer y haberle sido infiel a su esposo. En su momento metieron en la cárcel a los dos (al padre del bebé muerto) pero a él, por ser hombre, lo liberaron y ella se quedó”, apuntó Cruz.

Manzanares podría pedir una compensación por los años en prisión Puesto que pasó siete años de injusta condena, la abogada reconoció que Manzanares podría pedir una compensación por los daños causados, pero reconoció que “siempre es muy difícil en estos casos”. “Las mujeres -agregó- lo menos que quieren es estar envueltas de nuevo en un caso de tribunales y lo único que quieren es recuperar su vida”. Aunque, en el caso de esta joven, será complicado recuperarla, porque lo que no quiere es volver a lo que tenía, sino empezar de nuevo.

“El de Adriana es un caso muy complicado porque ni quiere ni puede regresar a su comunidad con su familia y hay que reconstruirle totalmente la vida. Tendremos que ser las organizaciones las que la ayudemos porque el Gobierno no lo va a hacer”, contó la abogada. Poco después de conocerse la decisión del máximo tribunal mexicano, la indígena salió del penal de la ciudad de Chilpancingo donde estaba recluida, y en sus primeras declaraciones, al canal ForoTv, dijo que le habían “quitado siete años de vida”.

“Demasiados años. Fueron siete años, no fue un día ni una hora, me quitaron 7 años de vida y con mis hijos”, dijo. El caso de Adriana no es el único. En su organización, cuenta Cruz, ya han conseguido liberar a seis mujeres pero han calculado que hay 157 purgando condenas similares, por homicidio en grado de parentesco, cuando en realidad sus únicos delitos son haber tenido un aborto espontáneo.- (Agencias)