A más de 20 días de haber iniciado el trámite de registro de la asamblea electiva de la Fundación Produce Yucatán, la Consejería Jurídica del gobierno del Estado se niega a inscribir el acta ante el Registro Público de Comercio, denunció Pedro Cabrera Quijano, presidente de esa asociación civil.

Cabrera Quijano precisó que el 30 de marzo solicitó ante el Registro Público de la Propiedad esa inscripción, pero la dependencia se ha negado de manera sistemática a cumplir con la ley: Primero nos dijeron que se perdió el expediente completo, luego nos pidieron unos días, ahora nos salen que el expediente ya apareció pero que está en revisión.

El hecho, denunció Cabrera Quijano, es que el 29 de marzo trascendió en las redes sociales la intervención de Pablo José Castro Alcocer, subconsejero jurídico del gobierno del Estado, en la lucha legal en contra de la asamblea electiva que celebró la Fundación Produce seis días antes, es decir, el miércoles 23.

Castro Alcocer, abundó, es muy cercano a Jerónimo Fernando Escalante Pavía, director de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero y quien hace dos semanas, de manera furtiva y en horas de la noche, recabó firmas de los socios disidentes de la Fundación para atacar jurídicamente la asamblea electiva.

Cuando reportamos a la Consejería Jurídica que Pablo Castro había hablado a la notaría pública para amenazar veladamente a los fedatarios que avalaron jurídicamente la asamblea electiva, el funcionario de marras argumentó que sólo habló para saber si la asamblea se llevó plenamente conforme a la legalidad.

-Quisimos confiar en esa versión, pero vemos que hay una ofensiva jurídica en contra de la vida interna de las asociaciones civiles. Ahora lo que está en juego es el Estado de Derecho -advirtió Cabrera Quijano.

La Lic. Lízbeth Cruz Salazar, registradora de la Consejería Jurídica, admitió que el plazo máximo para inscribir públicamente las actas de asambleas es de 15 días. Recalcó que el acta de la Fundación ya rebasó ese plazo porque está sujeta a revisión.

Ante Cabrera Quijano, la funcionaria se comprometió a reportar el hecho ante sus superiores a fin de que se inscriba el acta y se entregue la copia certificada a la Fundación Produce Yucatán.

Cabrera Quijano explicó que después de ese trámite, se enfocará a la defensa contra la juez segundo de lo Civil, Sara L. Castro Almeida, quien encabeza otra arista de la ofensiva jurídica en contra de la Fundación.

No sé si Sara Castro es familiar de Pablo Castro, lo que queda claro es que sin dar oportunidad de defensa a la Fundación y con una celeridad fuera de lo común, la juez ya ordenó celebrar una nueva asamblea. No podemos negarnos ante esta batalla jurídica porque hacerlo representaría la intervención total del gobierno del estado en la vida interna de las cámaras empresariales y las asociaciones civiles, finalizó Cabrera Quijano.