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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de febrero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) transfirió mil millones de sus recursos de 2011 al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la construcción de varios proyectos de infraestructura que no figuraban en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.
Además, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no logró acreditar el gasto de 164 millones de pesos por concepto de gastos diversos, y utilizó recursos públicos para el pago extra de pensiones de los ministros en retiro.
El auditor, Juan Manuel Portal Martínez, y el diputado perredista José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, durante la entrega del informe sobre la cuenta pública 2011. (NTX)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó deficiencias en el control y seguimiento de los recursos públicos autorizados a la SCJN para sus gastos de operación y mantenimiento. El informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011, presentado a la Cámara de Diputados, refiere que sin tenerlo previsto en el gasto para 2011, la SCJN, por conducto del secretario general de acuerdos, informó al oficial mayor del Poder Judicial –en sesión privada– la decisión de reducir el presupuesto de la Corte de 4 mil 653 millones de pesos a tres mil 653 millones, con la finalidad de destinar mil millones al CJF.
Además, el secretario general de acuerdos informó de una reducción adicional al gasto por 285 millones que se destinarían a las prestaciones salariales y económicas de los altos mandos, mandos medios y trabajadores en general de la Corte.
Todas las reducciones al gasto sumaron mil 285 millones de pesos, lo que da como resultado no haber contado "en el ejercicio 2011 con una adecuada planeación para definir los requerimientos y las necesidades de la SCJN. También se determina que las reducciones realizadas fueron por subejercicios en el gasto, ya que las disponibilidades presupuestarias obtenidas no se encontraban comprometidas".
La ASF considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe aplicar mecanismos de control y supervisión que garanticen la entrega de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto y las características de su pasivo circulante.
Sugiere crear ordenamientos de control y supervisión que garanticen que en caso que los pasivos de los ministros pensionados no se paguen, se reintegren a la Tesorería de la Federación.
El penúltimo año de gobierno del presidente Felipe Calderón, 2011, estuvo marcado por severas irregularidades en materia de gasto tales como desviaciones, pagos en exceso, compras a sobreprecios, contratos dobles, adquisiciones sin licitar y menores en calidad a lo comprometido, así como crecimiento desmedido en las deudas federales, estatales y municipales.
Lo anterior se desprende del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2011 entregado ayer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia del propio órgano técnico.
En la revisión de ese ejercicio se detectaron irregularidades significativas, por ejemplo, en las secretarías de Agricultura y de la Reforma Agraria, así como en la Comisión Federal de Electricidad, y en otras como Hacienda y Energía, y en Pemex, el IMSS y el ISSSTE.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, informó que se practicaron a ese ejercicio fiscal mil 111 auditorías, que significan un 8 por ciento más de las realizadas en 2010, y derivado de ello el propio organismo presentó ya 134 denuncias de hechos.
Hay casi 8 mil observaciones —7 mil 965— a diversas entidades, entre las que destacan las correspondientes a los subsidios en materia de seguridad pública a las administraciones locales, la regulación y supervisión de casinos, así como los rezagos en el sistema educativo, además del endeudamiento de los tres órdenes de gobierno. (CRÓNICA / LA JORNADA)