BOGOTÁ, 22 de marzo.- La Corte Constitucional colombiana condenó a una familia a indemnizar a una mujer sometida durante 12 años a trabajos forzados, servidumbre doméstica y abusos sexuales, después de haberla apartado de su familia cuando tenía seis años.

"Amalia", nombre supuesto con el que se protegió la identidad de la víctima, denunció haber sido "objeto de explotación, maltrato físico, abuso sexual y tortura" durante 12 años por parte de la familia de un capitán de Anzoátegui, en el Tolima (centro-sur), que la trasladó hasta Bogotá "en calidad de esclava".

Según consta en el auto dictado el 12 de diciembre de 2012 y conocido este jueves, "Amalia" consiguió huir con la ayuda de un chófer y afirmó que no denunció los hechos hasta ahora por miedo. Pero finalmente decidió acudir a la Justicia al tener en cuenta que los demandados tenían una edad avanzada y podrían haber muerto pronto, por lo que su caso podía quedarse en la impunidad.

'Amalia', la mujer esclavizada en Bogotá, fue objeto de agresiones, humillaciones y abusos sexuales. Desde entonces, lleva décadas buscando a su familia. Una escritura pública con fecha del 15 de febrero de 1964, en la cual se formaliza la adopción y se registra el nacimiento, nueve años atrás, es lo único con lo que cuenta 'Amalia' (nombre supuesto que le dio la Corte Constitucional) para conocer su verdadera identidad.

El desconocimiento sobre su pasado, así como el trato al que fue sometida, le ha causado, según el auto, un importante estrés postraumático, lesiones psíquicas y secuelas emocionales que han condicionado y condicionan su desarrollo personal.

La Sala concluyó que "Amalia fue sometida a trabajos forzosos, a trata de personas e incluso a cierta modalidad de esclavitud" al ser obligada a "trabajar sin remuneración alguna, tener relaciones sexuales con el capitán, servir, someterse y callar".

Asimismo, constata que "la violencia sexual de la que fue víctima la tutelante fue una forma de presión y control ejercida por el demandado" que demuestra la vulnerabilidad de "Amalia" ante lo sucedido.

Indemnización por fijar

Ese documento fue lo único de su pasado que le entregó la familia que la mantuvo esclavizada durante 13 años en Bogotá. Allí figuran los nombres de sus padres y de tres testigos que dieron fe de su entrega en el municipio tolimense de Anzoátegui.

Por todo ello, la Corte Constitucional condenó a los demandados al pago de una indemnización por los daños que le causaron, a su salud emocional, integridad y dignidad por negarle su identidad y origen familiar y vulnerar sus derechos a la libertad, educación, verdad, justicia y reparación. Un juez de primera instancia tendrá ahora que establecer la cuantía de la indemnización.

El Constitucional ordenó al Ministerio del Interior colombiano que ofrezca ayuda a "Amalia" mediante el Grupo de lucha contra la trata de personas y "coordine las investigaciones necesarias para encontrar a su familia y reconstruir su pasado".

La Corte manifestó que, "pese a las medidas adoptadas, estudios recientes muestran que la situación en Colombia sigue siendo preocupante y se requieren mayores medidas para combatir este problema".

Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Universidad de los Andes de 2011, citado en el mismo fallo, el trabajo forzado es la segunda modalidad de trata de personas que más se denuncia en Colombia.

Lo que recuerda es que desde 1964 hasta 1977 estuvo en una casa en el norte de Bogotá, levantándose muy de mañana a preparar desayunos para "los señores y señoritos" a los que tenía que servir sin ninguna remuneración.

Buscarán a los padres de 'Amalia'

El Ministerio del Interior deberá encontrar a los padres de una mujer que desde los seis años fue sacada de su hogar en Anzoátegui (Tolima) y esclavizada por una familia en Bogotá, quienes la obligaron a trabajar en labores domésticas sin remuneración y sin tener contacto con su familia.

La orden es de la Corte Constitucional que en un ejemplar fallo de tutela protegió los derechos de 'Amalia' (nombre supuesto que le dieron los magistrados para proteger su identidad), quien estuvo cautiva 12 años en la casa de un oficial retirado del Ejército.

Ella denunció en la tutela que mientras estuvo esclavizada fue objeto de agresiones y humillaciones y no ha recibido respuesta aún por parte de quienes la retuvieron de su edad ni de la identidad de sus padres. Pero su mayor temor es que estas personas se mueran sin que le revelen su verdadero origen.

"En este caso se reúnen los requisitos señalados por el derecho internacional para declarar que los demandados sometieron a la víctima a trabajos forzosos, a trata de personas e incluso a una modalidad de esclavitud", concluyó la Corte en el fallo.

Los hechos se remontan a 1963. El oficial fue nombrado alcalde militar de Anzoátegui y uno de sus colaboradores le entregó a Amalia para que la cuidara. Esta persona resultó ser el tio de la niña y dijo que actuaba de esa manera debido a la irresponsabilidad de la madre de la menor.

Amalia terminó en la casa de la familia del oficial y allí permaneció hasta 1975. Ese año logró huir de esa casa con la ayuda de un miembro de la Armada que trabajaba como conductor del oficial y de una vecina que también trabajaba en labores domésticas.

En el fallo, la Corte concede una indemnización a la víctima por los daños físicos y psicológicos que sufrió durante el tiempo de cautiverio. Esos perjuicios tendrán que ser pagados por los miembros de la familia que la retuvo, previa liquidación hecha por un juez administrativo.

Además, el Ministerio del Interior deberá realizar campañas dirigidas a erradicar este tipo de esclavitud. También exhorta a las autoridades a que se revise el manejo que se da al fenómeno de trata de personas y que se amplíe, debido a que en este momento solo se está atendiendo desde el punto de vista criminal.

La Corte denunció en el fallo que este tipo de prácticas aún existen en el país. "Estudios muestran que el trabajo forzado y la servidumbre doméstica de menores de 18 años, en particular de mujeres, es la segunda modalidad de trata de personas que más se denuncia. Sin embargo, por factores culturales, siguen sin ser reconocidas como delito por entidades como el Ministerio del Interior, que continúan con esa visión precaria del problema".

Trabajo y castigo

Las obligaciones de 'Amalia' incluían labores domésticas como el aseo de la vivienda, el cuidado de dos niños ligeramente menores que ella y cocinar para todos los miembros de esa familia. Su jornada terminaba en la noche, pues nunca le permitieron irse a la cama "antes de dejar la cocina limpia", dijo a los magistrados la esposa del oficial.

Constantemente le decían que su madre era prostituta y que por eso la había regalado, la metían a una alberca por orinarse en la cama, la golpeaban con zapatos de tacón y la castigaron por haber aprendido a leer y escribir a escondidas con los niños que cuidaba. Jamás tuvo documentos de identidad. Solo en 1977, cuando volvió a Anzoátegui, tramitó un registro civil con la escritura de adopción que le dieron. Pero ella duda de esos datos.

A pesar de esto, la información se perdió con el tiempo, y la investigación no ha arrojado resultados. Los nombres y cédulas de sus padres, que aparecen en el documento de adopción, no están registrados en el sistema nacional de salud ni en el Sisbén. Solo la Registraduría encontró que en su base de datos hay dos personas con los nombres de sus padres y que figuran como vivas. (EFE / El Tiempo)