CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo.- Las reformas y adiciones al dictamen de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales pretenden evitar que mujeres sean agredidas e impedidas para llevar a cabo sus funciones en todos los ámbitos y por ende en la política, como es el caso de la alcaldesa de Tinum, Yucatán, Natalia Mis Mex, expuso el jueves la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama ante el Pleno.

En la máxima tribuna legislativa del país, la integrante de la Comisión de Equidad de Género, expuso que esta norma está enfocada a evitar las manifestaciones de violencia a las mujeres, y esto abarca la vida política, donde muchos dudan que este tipo de violencia ocurre, pero que ejemplo claro es lo que sucede en el municipio yucateco de Tinum.

Las reformas y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tienen el propósito de evitar que las mujeres sean agredidas e impedidas para llevar a cabo sus funciones, como está ocurriendo con la alcaldesa de Tinum, Yucatán, Natalia Mis Mex.

“Estas modificaciones son una propuesta ambiciosa y necesaria para evitar el cúmulo de acciones de violencia de género, porque aunque habrá quién dude que existe este tipo de violencia, basta recordar lo que ocurre en el estado de Yucatán, donde el Ejecutivo estatal y elementos de la SSP actúan violando la soberanía y autonomía del municipio de Tinum, cuya alcaldesa, joven de 22 años, a quien se le impide el acceso a sus oficinas municipales por no ser a fin a otro partido político”, refirió la legisladora por Yucatán.

La integrante del Consejo Rector del Pacto por México expuso que “el gobierno no quiere, porque no es que no pueda, exigir que se paguen las contribuciones establecidas en la ley, a comerciantes que han provocado el conflicto en esa localidad yucateca, donde se asienta la zona arqueológica de Chichén Itzá, misma que alberga a una de las maravillas del mundo moderno, El Castillo o pirámide de Kukulcán”.

No podemos permitir, continuó, que esto sigua aconteciendo, por eso se pide incluir disposiciones que garanticen el respeto irrestricto a todos sus derechos a mujeres que estén en campaña o en funciones de algún orden de gobierno para que puedan conducirse en igualdad de condiciones.

La reforma que fue sometida al análisis de las integrantes de la Comisión de Igualdad y Género, centra sus esfuerzos en la inclusión del concepto “violencia política de género”, definiéndola como “Las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad”, precisó.

“Pero, lejos de la adecuación de nuestra normatividad nacional con los parámetros internacionales, debemos tener en cuenta los efectos prácticos de las modificaciones que se ponen a nuestra consideración; es decir, el impacto que tendrá en la vida de las mexicanas la aprobación de las reformas”, expuso.

Por ello, agregó, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, votaremos en sentido positivo el dictamen puesto a nuestra consideración, por que apoyar a las alcaldesas, futuras gobernadoras, diputadas, senadoras, funcionarias públicas municipales, estatales o federales en el efectivo ejercicio de un cargo público o a las ciudadanas que decidan postular sus ideas, sus energías y sus fuerzas en las urnas para el bien de su comunidad, es una forma en la que los ciudadanos que movemos a México podamos llevarlas a un éxito seguro.

Las reformas y adiciones se basan en el reconocimiento de la violencia política de género, como conductas agresivas cometidas por una o varias personas o a través de terceros que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de mujeres en ejercicio de la representación política.