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CIUDAD DE MEXICO, D.F., 6 de mayo.- Amnistía Internacional (AI) lamentó hoy la negativa del Gobierno de México a firmar hasta ahora un tratado "clave" para la lucha contra el hambre, poniendo en "entredicho la credibilidad" de su compromiso en esta materia.
A pesar de que impulsó la creación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que ayer en entró en vigor tras ser suscrito por 41 países y ratificado por 10, México "se encuentra vergonzosamente fuera" de la lista de naciones firmantes, señaló AI en un comunicado.
Amnistía Internacional cuestionó la negativa del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para firmar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), pese a ser uno de los países que impulsaron el acuerdo para la defensa de los Derechos Humanos.
"Si bien el Gobierno Federal ha reiterado numerosas veces su compromiso para erradicar la pobreza, hasta el momento se ha negado a firmar este tratado", que posibilita a cualquier persona o grupo denuncie ante un Comité de la ONU la falta de acceso a derechos como la educación, agua, vivienda o la salud.
Aunque el protocolo no soluciona por sí mismo el problema de la pobreza, "es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano" para garantizar una vida digna a todas las personas, afirmó el director de AI México, Daniel Zapico.
"Si bien el Gobierno Federal ha reiterado numerosas veces su compromiso para erradicar la pobreza, hasta el momento se ha negado a firmar este tratado".
Para la agrupación, el protocolo es una pieza clave en cualquier esfuerzo serio para erradicar la pobreza, pues establece mecanismos de rendición de cuentas al permitir que las personas pongan quejas o exijan explicaciones si las medidas tomadas no mejoran su situación.
Amnistía exhortó al Gobierno mexicano "a tomar todas las acciones necesarias para que este protocolo se firme y ratifique a la brevedad" , para que las 52 millones de personas que viven en la pobreza en México puedan exigir sus derechos.
El Presidente Enrique Peña Nieto, que comenzó su mandato el 1 de diciembre pasado, se ha fijado como una de las prioridades de su Gobierno combatir el hambre, la extrema pobreza y la desigualdad social.
Amnistía exhortó al Gobierno "a tomar todas las acciones necesarias para que este protocolo se firme y ratifique a la brevedad" , para que las 52 millones de personas que viven en la pobreza en México puedan exigir sus derechos.
En abril puso en marcha una amplia campaña contra el hambre enfocada en 400 municipios del país, que tienen las mayores carencias de alimentación y sufren niveles de extrema pobreza, y que busca beneficiar a 7.4 millones de mexicanos.
Así, Amnistía Internacional (AI) cuestionó la negativa del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para firmar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), pese a ser uno de los países que impulsaron el acuerdo para la defensa de los Derechos Humanos.
En un comunicado, la organización mundial lamentó que México no respaldara el pacto que entró en vigor el día de ayer, aun cuando el Gobierno nacional se ha jactado en fechas recientes de combatir el rezago y el hambre, reportó la agencia de noticias EFE.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano (…) para garantizar una vida digna a todas las personas”, declaró el director ejecutivo de AI en México, Daniel Zapico.
Las declaraciones tienen lugar en medio de la polémica generada por el uso de la Cruzada Nacional contra el Hambre con fines electorales, una iniciativa que pretende erradicar esta problemática en 400 municipios de la nación.
Cabe resaltar que 41 naciones firmaron el protocolo y diez lo ratificaron, con la finalidad de implementar mecanismos que fomenten la rendición de cuentas y centren la atención de los Estados en el combate a la pobreza. Asimismo, Zapico puso en duda la credibilidad de las autoridades mexicanas en la materia e hizo un llamado al país para reconsiderar su postura y ratificar el pacto en el menor tiempo posible; además, señaló que es una medida en favor de los 52 millones de personas que sufren pobreza en el país.
Las declaraciones tienen lugar en medio de la polémica generada por el uso de la Cruzada Nacional contra el Hambre con fines electorales, una iniciativa que pretende erradicar esta problemática en 400 municipios de la nación.
El PF-PIDESC es un acuerdo que pretende instaurar estrategias para combatir las violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, abriéndole la posibilidad a la ciudadanía de interponer denuncias directamente ante la ONU.(EFE-Vanguardia/Sexenio)