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CIUDAD DE MEXICO, D.F., 6 de mayo.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inició ayer la integración de la averiguación previa por presuntos delitos electorales contra seis ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), denunciados el 17 de abril por el legislador panista Humberto Alonso Morelli, relacionados con un presunto uso ilícito de recursos, padrones y programas públicos con fines electorales.
Que los involucrados en el caso Veracruz ya fueron cesados por la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
La Fiscalía informó que los citatorios fueron girados para que los ex funcionarios acudan a declarar ante los agentes del ministerio público especializado en esos delitos, sobre las imputaciones que pesan contra ellos en favor del PRI en el Estado de Veracruz.
Los involucrados que fueron cesados por la titular de la SEDESO, Rosario Robles Berlanga, son Felipe Sosa Mora, ex coordinador operativo; los ex jefes de zona de la SEDESO, Eli Jesser Mendoza y Raúl Medina León; Graciela Tejeda, ex enlace operativo; Jesús Balbuena Buenrostro y Mariano Medina, ex responsable y ex supervisor del programa Oportunidades, respectivamente.
La Fiscalía no dio a conocer nombres ni turnos de los citados, pero se estima que ante la denuncia presentada por el diputado federal del PAN, Alonso Morelli, además de los mencionados, se involucró a Ranulfo Márquez Hernández, ex delegado de la SEDESO en Veracruz, quien sólo fue separado temporalmente del cargo por Robles el pasado 18 de abril.
Otro que podría ser llamado a declarar es Salvador Manzur Díaz, ex secretario de Finanzas, separado del cargo el pasado fin de semana por el gobernador, Javier Duarte, y quien también aparece en las grabaciones dadas a conocer por el PAN en las que planeaban el manejo de los programas.
La FEPADE precisó: “Las primeras diligencias incluyen el peritaje oficial de videos, audios y diversos elementos presentados por el denunciante, así como citatorios de testigos y denunciados, con propósito de investigar y allegarse pruebas suficientes y llegar a la determinación jurídica de responsabilidades penales”.
Los delitos que se perfilan, según la FEPADE, son “uso ilícito de recursos, padrones y programas públicos para fines electorales”, sancionados por el artículo 24 del Código Penal Federal y los artículos 410 y 413 de delitos electorales.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, declaró ayer que el único involucrado en el presunto uso de programas sociales para favorecer al PRI en las elecciones es el ex secretario de Finanzas y Planeación y alcalde con licencia de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz.
Por tanto, ningún otro funcionario de su administración fue llamado a declarar ante la PGR, hasta donde él sabe. Aseguró que para evitar cualquier suspicacia, Manzur Días fue sustituido de su cargo.
Ayer, la FEPADE aseguró que citó a los primeros funcionarios de Veracruz a declarar y, con eso, inició la investigación al caso, de acuerdo con la denuncia del panista Alonso Morelli.
El Gobernador aseguró que la entidad da seguimiento al caso, para asegurar la transparencia y libertad para la investigación. (El Economista)