MEXICO, D.F., 30 de julio.- La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Secretaría de Salud y legisladores trabajan en una iniciativa de reforma a la Ley General del ramo para otorgar al Seguro Popular facultades que faciliten la vigilancia del uso de recursos en los Estados y evitar desvíos como el que presuntamente ocurrió durante el Gobierno de Andrés Granier.

En la actualidad, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que opera el Seguro Popular se limita a depositar los recursos a las Secretarías de Finanzas estatales, que a su vez los transfieren a las Secretarías de Salud, las cuales determinan su marco de aplicación.

Conforme a la Ley General de Salud, los Estados tienen la obligación de destinar 30% de su presupuesto a la adquisición de medicamentos y 30% al pago de personal médico, 20% más a prevención y promoción de la salud, 2% para infraestructura hospitalaria, 6% para insumos tecnológicos y 10% más para el funcionamiento de la oficina del Seguro Popular del Estado.

No obstante, cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emite observaciones por el mal uso del presupuesto. La mitad de los Estados del país ya han sido señalados, sin que se corrija el problema, aseguró el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Isaías Cortés.

En este contexto, la iniciativa que se analiza obligaría a la Secretaría de Finanzas a que “baje” el recurso a las cuentas de la Secretaría de Salud en los primeros cinco días del mes, y los servicios de salud comiencen a ejercerlo de inmediato en los rubros correspondientes, explicó el legislador.

De igual modo plantea fortalecer la figura del Comisionado Estatal del Seguro Popular, mismo que ha de conocer el funcionamiento del programa y del sistema de salud, además de ser aprobado por la Secretaría de Salud.

Todo esto, explicó Cortés, permitirá que la ASF y el Comisionado del Seguro Popular tengan atribuciones para solicitar informes trimestrales o semestrales y ubicar los focos rojos en la administración de los recursos estatales.

Actualmente, las auditorías y las contralorías estatales son las únicas instancias con atribuciones para fiscalizar los recursos, pues al llegar a cada Entidad pasan a formar parte del presupuesto estatal, lo cual impide que la Federación intervenga.

Para abonar al uso eficiente de los recursos se lleva a cabo una depuración del padrón de afiliados, explicó el Comisionado del Seguro Popular, Gabriel O’Shea. Se calcula que hay siete millones de derechohabientes del IMSS y 1.5 millones del ISSSTE que también están en el Seguro Popular, lo que genera duplicidad, pues la Comisión asigna presupuesto en función del número de afiliados.

O’Shea indicó que la revisión lleva un avance del 85% y debe concluir a finales de año, cuando también se espera que sea aprobada la primera iniciativa de reformas al sistema de salud.

Cambios a futuro

El presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Isaías Cortes, aclaró que será a largo plazo cuando se concrete la reforma a la Ley General de Salud que pretende la creación de un fondo único de recursos administrados por la Secretaría de Salud.

Según esta propuesta, la dependencia pagaría a las instituciones (Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, e incluso Pemex, SEDENA y Marina) de acuerdo con el número de atenciones médicas prestadas y con base en un esquema de costos homologado.

Gabriel O’Shea explicó que esto generaría una sana competencia entre los servicios de salud, lo cual se traduciría en mejor atención para los derechohabientes y una homologación en la calidad de los servicios. (Agencias)