México siempre va a contrapelo en su historia, como muchos de nosotros, que tratamos de superarnos y sacudirnos el coloniaje, el tercermundismo, el subdesarrollo, la pobreza, e insertarnos en el contexto actual internacional que nos lleve a un bienestar general; y siempre por una o por otra razón no lo logramos.

Lo anterior a propósito de la reforma laboral, que en lo medular aprobó la flexibilidad en la contratación de trabajadores, con el propósito de hacer competitivo a nuestro país en el entorno mundial. Para el efecto se aprobó el régimen de subcontratación, llamado outsorcing, con la inclusión del Artículo 15-A y 15B, así como la fracción F del artículo 39, que establece la pactación de jornadas discontinuas y la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año; la adición de la fracción XV articulo 43, donde el patrón dará aviso en forma indistinta al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, así como la adición del artículo 48 donde si el patrón no justifica el despido se limita el pago de salarios vencidos computados hasta por un período máximo de doce meses a partir del despido.

La lucha política en la Cámara baja mostró los intereses particulares y de grupo que conforman el enorme mosaico que compone nuestra patria.

Por un lado, la falta de empleo, ya que debemos generar cuando menos 800 mil empleos anuales y hoy día el sexenio cierra con déficit de 2.5 millones según un especialista del Tecnológico de Monterrey. En 2012 se crearan un poco mas de 523 mil igual que en 2011, según la UNAM.

El Sr. Candiani, líder del consejo coordinador empresarial, señaló que para generar los empleos que requiere el país, se necesitan 560 mil millones de pesos más que lo invertido en el 2011 y 160 mil millones de recursos gubernamentales adicionales. En razón de que el país no cuenta estos recursos es necesario atraer inversión, para lo que es indispensable las reformas estructurales, entre ellas la laboral.

En respuesta, la administración entrante ha enfocado sus baterías a conseguir estos recursos vía inversión extranjera directa y atender con el nuevo Congreso las iniciativas de ley preferentes, entre ellas la laboral del presidente Calderón.

El comportamiento de la inversión extranjera directa en México señala que ésta se incrementó en 2001 y tuvo su mejor año en 2008 con 23,000.9 mdd, y después de estar creciendo al mismo ritmo que Brasil cayó 50%. En 2012 cayó 9.2% en el primer semestre del año, al sumar 9,000.6 mdd; en el mismo periodo del año pasado, el monto de este rubro fue de 10,000.6 mdd, según cifras preliminares de la Secretaría de Economía.

El 36.9% de la inversión provino de Estados Unidos, el 30.8% de España, el 6.8% de Luxemburgo, el 6.1% de Alemania, el 4.5% de Japón y el 14.9% restante pertenece a otros 67 países a través de 2,867 sociedades registradas.

No obstante lo anterior, no podemos estar seguros que la inversión llegará y mucho menos que por ello traiga el bienestar social a los trabajadores. Theodore H. Moran del Instituto Washington para la economía Internacional en 2,000 nos alerta, y en el resumen de su estudio para la inversión extranjera directa y desarrollo, señala los efectos de la inversión extranjera directa en el desarrollo de un país, a través de dos modelos opuestos.

El modelo benigno establece que en condiciones de competencia razonables, eleva la eficiencia, y con ello aumenta la producción y conduce a un mayor crecimiento económico en el país receptor.

El modelo maligno considera la posibilidad de efectos negativos en la brecha entre el ahorro e inversión, efectos de sustitución de los productores locales, ampliación del poder de mercado de la empresa transnacional y la posibilidad de efectos desfavorables en la distribución del ingreso y en el desarrollo social. En general, con el afán de proteger sus ventajas específicas, la empresa transnacional tiende a impedir las derramas esperadas a las industrias locales.

Por si fuera poco, los especialistas de la UNAM afirman que las reformas aprobadas no son un factor que detone el empleo, si bien los bajos salarios disminuyen los costos de producción, el poder despedir a una persona con mayor facilidad no genera un mayor número de trabajos en sí mismo, por lo que sólo se afectan las prestaciones laborales y se generan empleos irregulares. El INEGI, por su parte, señaló que en el primer trimestre de 2010 había 12 millones 500 empleos informales

Guy Ryder, director de la OIT, dice que la informalidad no sólo es cuestión de circunstancias, también tiene que ver con políticas capaces de regular o no de manera efectiva los mercados de trabajo.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que en ciertos países, las modificaciones introducidas en la legislación en materia de protección del empleo ofrecieron a los empleadores la oportunidad de contratar trabajadores temporales para atender a las cambiantes necesidades productivas. No es sorprendente que los empleados temporales fueran a menudo los primeros en perder su trabajo durante la crisis, si bien en ciertos casos también fueron los primeros en ser contratados durante la fase de recuperación. En muchas economías emergentes también se ha podido constatar una elevada incidencia del empleo temporal y ocasional

Sin embargo, México se encuentra en una encrucijada: por un lado, hoy tiene una oportunidad única debido a los descalabros de la economía europea y al crecimiento de la demanda social y el consumo de las potencias emergentes como China, India y Brasil. Además cuenta con una sólida economía y estabilidad política que le permite vislumbrar, ahora sí, el aprovechamiento de sus recursos naturales, su ubicación geográfica junto al mercado más grande del mundo ―tanto al norte como al Pacífico― y mano de obra calificada, ésta curiosamente por el retorno de inmigrantes capacitados provenientes de esa economía más avanzada pero estancada, y parece que el único ingrediente que falta es atraer el capital.

Por ello existe la presunción que si se flexibilizaba la contratación de mano de obra haciéndola más competitiva vía la reforma laboral, facilitando la contratación y derivando los costos sociales al Estado (como salud, jubilaciones y sacrifico de los trabajadores en sus demandas), el país recibirá mayores inversiones y, por supuesto, una cantidad de mayores oportunidades de trabajo que los especialistas estiman entre 300 y 400 mil empleos adicionales anuales.

Por otro lado, los trabajadores y sus viejos sindicatos que apenas estaban accediendo dentro de un modelo anquilosado al bienestar social que otros países alcanzaron hace décadas, ahora tienen que posponer sus legítimas demandas y aprender a jugar con otras reglas más dinámicas que impone la globalización, y que dadas las condiciones de corrupción, simulación y falta de justicia que privan en nuestro país, si no hay una voluntad política férrea de compromiso con la ley y el bien común, una vez más se verá pospuesto el bienestar general y estaremos condenados a continuar con el colonialismo y subdesarrollo histórico de México.