WASHINGTON D.C., 29 de enero.- Senadores demócratas y republicanos anunciaron este lunes un pacto sobre una reforma legislativa que incluya una vía, aunque larga y costosa, para la legalización de más de once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una verdadera revolución del sistema migratorio con importantes consecuencias demográficas, económicas y políticas. El presidente Barack Obama, que hoy martes expondrá extensamente su posición al respecto, respalda este acuerdo.

La iniciativa ha surgido de un grupo de ocho senadores —cuatro demócratas y cuatro republicanos— con gran peso e influencia entre sus respectivos grupos, lo que hace pensar que, después de muchos y fracasados intentos durante varios años, esta vez se trata de una propuesta con considerables posibilidades de éxito, sobre todo en el Senado. Cosa diferente es en la Cámara de Representantes, donde tiene mayor presencia el sector radical del Partido Republicano.

Si este pacto prospera, estaremos ante la más ambiciosa remodelación del modelo migratorio norteamericano en varias décadas, un paso que permitirá surgir de las sombras a millones de familias que viven en la semiclandestinidad y crear un nuevo mecanismo de control fronterizo y de visados para evitar otra acumulación masiva de indocumentados en pocos años más. Pero es un pacto que, para salir adelante, requiere de una serie de difíciles trámites parlamentarios y, sobre todo, de una serie de arriesgadas decisiones políticas que pueden llevar todavía varios meses. El optimismo actual se fundamenta en que, como dijo, Chuck Schumer, uno de los autores de la propuesta, “por primera vez, hay más riesgos políticos en oponerse a la reforma migratoria que en apoyarla”. Schumer pronosticó que podría votarse una ley en la primavera o verano próximos.

El acuerdo fue anunciado por los números dos y tres del Partido Demócrata en el Senado, Dick Durbin y el propio Schumer, así como por el presidente del comité de Relaciones Exteriores, el cubano-americano Bob Menéndez, y Michael Bennet, presidente del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, el órgano que dirige las campañas electorales de los demócratas en esa cámara.

Por el lado republicano, firmaron los senadores John McCain y Lindsey Graham, dos veteranos que participan ahora en el esfuerzo de la facción moderada de su partido por separarse del Tea Party, y por los senadores Jeff Flake, un novato que intenta sumar al sector más joven, y Marco Rubio. La presencia de este último es la más significativa. Rubio, también de origen cubano, capitanea actualmente la ofensiva republicana para recapturar el voto latino, que ha abandonado drásticamente a los conservadores en las dos últimas elecciones presidenciales. Pero Rubio no es un enemigo del Tea Party ni un símbolo del pasado, categorías ambas en las que milita McCain. Su presencia, por tanto, en ese octeto, es una de las razones por las que se puede ser optimista sobre la suerte de esta propuesta.

El acuerdo alcanzado no anuncia un camino de rosas para los indocumentados. No va a ser tan sencillo como presentarse en la oficina de inmigración de la esquina con un recibo de la luz. Aquellos que residan ilegalmente en EE. UU. y quieran recibir papeles tendrán que registrarse, demostrar su plazo de estancia, pagar una multa, ponerse al día de los impuestos impagados desde que viven aquí, someterse a varias entrevistas, aprender inglés y estudiar lo esencial de la historia y el sistema político de este país. Cumplidos esos trámites, serán puestos en la cola de las solicitudes legales de visado, con el objeto de no dar ventaja a los ilegales sobre aquellos que siguen el camino marcado por la ley. Durante el tiempo que dure esa tramitación, podrán permanecer en el país, pero no tendrán acceso aún al paro, la seguridad social y los demás beneficios sociales que existen para los norteamericanos. En última instancia, millones de personas levantarán un día su brazo derecho y jurarán fidelidad a la bandera y la Constitución de Estados Unidos.

Se aplicarán tres velocidades distintas en este proceso: una más rápida para los jóvenes que fueron traídos sin papeles por sus padres y que han crecido y estudiado aquí, una intermedia para los trabajadores del campo, esencialmente en la producción de alimentos, y una tercera más lenta para el resto de los inmigrantes.

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La legalización está sometida, además, a otras condiciones generales del sistema migratorio. Se reforzará la policía de las fronteras, se les facilitará nuevo equipo y tecnología para cumplir más eficazmente con su función. En la medida en que se vaya certificando que esas medidas de seguridad avanzan, se irán firmando los permisos de residencia a los indocumentados.

Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un nuevo método de seguimiento de los visados temporales para que las autoridades puedan asegurarse que nadie se queda posteriormente en el país de forma ilegal. Asimismo, se acelerará la deportación de aquellos a quienes, en el proceso de verificación, se les encuentren antecedentes de delitos graves de carácter criminal.

En general, lo que se pretende es una completa modernización del sistema y una especie de borrón y cuenta nueva que clarifique la situación real y envíe, de alguna forma, un mensaje a los futuros inmigrantes de que no se admitirá más ilegalidad. En 2011, sin contar con los que consiguieron su objetivo, la policía detuvo a 327,000 personas tratando de entrar al país ilegalmente. “El statu quo es insostenible”, dijo McCain.

Los senadores Marco Rubio, John McCain, Chuck Schumer, Bob Menendez y Dick Durbin, presentan su plan de inmigración. (AFP)

El magnetismo que EE. UU. tiene para los inmigrantes, pese a haber descendido en los últimos años de crisis económica aquí y de crecimiento en América Latina, es todavía enorme. Esta es una nación de inmigrantes y no pretende dejar de serlo. Pero se quiere ordenar un poco ese tráfico y también hacerlo más selectivo. Parte de esta reforma tiene por objeto ampliar el número de visados que se otorgan a investigadores, científicos, promotores e innovadores en general —los empresarios se quejan de una carencia de ese tipo de personal—, mientras se reduce el número de trabajadores manuales, excepto en el campo.

Ratificando la importancia de este paso para la comunidad hispana, el senador Menéndez ha utilizado el idioma español para asegurar que ésta es una oportunidad como no ha habido otro para aprobar esta reforma. (EL PAÍS)