DUBÁI, 5 de febrero.- Said Mortazavi, ex fiscal general de Teherán y aliado del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, fue detenido anoche, sin que se haya explicado el motivo. Aunque Mortazavi tiene una causa abierta por la muerte de tres detenidos durante las protestas de 2009, todo parece indicar que su inopinado envío a prisión es, sin embargo, el penúltimo episodio en la guerra política entre Ahmadineyad y el presidente del Parlamento, Ali Lariyaní. Ambos se enzarzaron el domingo en esa Cámara en un intercambio mutuo de acusaciones de corrupción que vuelve a poner de relieve las fracturas en la cúpula del régimen.

“El fiscal de Teherán anunció el lunes por la noche que Said Mortazavi ha sido detenido”, informó Fars. Según esta agencia de noticias, próxima a los Guardianes de la Revolución, la detención se produjo a las once de la noche, cuando el antiguo fiscal dejaba su oficina y los agentes le condujeron a la cárcel de Evin.

De izquierda a derecha, el exfiscal general de Teherán, Said Mortazavi; Mahmoud Ahmadineyad, presidente de Irán, y Ali Lariyaní, presidente del Parlamento.

Ahmadineyad ha calificado la medida de “acto odioso”, al ser preguntado esta mañana en el aeropuerto antes de viajar a El Cairo, donde va a asistir a una cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica. “A mi regreso a Teherán, me ocuparé del asunto”, dijo citado por la agencia estatal IRNA. “No entiendo cómo alguien comete una infracción y se detiene a otra persona; en lugar de ir por el infractor, van a por quien ha denunciado la violación”, añadió evidenciando su malestar con el caso.

La detención de Mortazavi se produjo al día siguiente de que Ahmadineyad presentara ante el Parlamento una grabación en la que, aseguró, Fazel Lariyani intenta obtener dinero a cambio de sus influyentes hermanos le apoyen en su causa judicial y los ataques de los diputados. Fazel es hermano del presidente de la Cámara, Ali Lariyaní, y del jefe del poder judicial, Sadeg Lariyaní. Otro Lariyaní, Mohammad-Javad, preside la Comisión de Derechos Humanos, también dependiente de Justicia. El presidente del Parlamento no se cortó y aludió a supuestos contactos de Davud, un hermano de Ahmadineyad, con la oposición armada y agentes extranjeros.

“El poder judicial no es una organización familiar”, se ha quejado Ahmadineyad, en clara referencia a la poderosa influencia del clan Lariyaní en la estructura de poder iraní. Su enfrentamiento con el jefe del Legislativo viene de lejos. En las elecciones presidenciales de 2005, un todavía desconocido Ahmadineyad infligió una humillante derrota al representante de una familia que es lo más cercano a la nobleza que tiene el sistema clerical iraní. Desde la elección de Lariyaní como presidente del Parlamento en 2008 la Cámara ha sido claramente hostil a Ahmadineyad y sus aliados. Ante las elecciones del próximo junio, a las que el presidente no puede presentarse por tercera vez, Lariyaní se rumorea como un candidato con posibilidades.

Sea como fuere, la gravedad de las acusaciones vertidas, la más alta autoridad del país, el ayatolá Ali Jamenei, se ha visto obligado a intervenir. Así lo daba a entender el diario Kayhan, cuyo director lo nombra directamente el líder supremo, al informar de que tanto Ahmadineyad como Lariyaní habían cancelado sus anunciadas conferencias de prensa. La agencia Fars, por su parte, publicó un comentario bajo el título “Caballeros, cálmense”, en el que pedía que se evitaran ese tipo de enfrentamientos.

Mortazevi, calificado de “violador en serie de los derechos humanos” por Human Rights Watch, tuvo que dejar su cargo al frente de la Fiscalía de Teherán cuando salieron a la luz las torturas en el centro de detención de Khahrizak en el verano de 2009. El Gobierno tuvo que admitir entonces la muerte de tres jóvenes que participaron en las manifestaciones contra la controvertida reelección de Ahmadineyad. Pero a pesar de tener abierto un proceso judicial, el presidente iraní premió su lealtad nombrándole responsable del organismo de la Seguridad Social. Ese empeño es el que llevó a los diputados a presentar una moción de confianza contra el ministro de Trabajo, Abdolreza Sheikholeslami, de quien dependía. Pero el esfuerzo desplegado por Ahmadineyad en defensa de su aliado no logró que la moción fuera aprobada por 192 de los 290 miembros de la Cámara. (EL PAÍS)