MEXICO, D.F., 5 de agosto.- México fracasó en el proyecto de disminuir el tabaquismo y el alcoholismo, sobre todo en niños y jóvenes y, por ello, legalizar la marihuana resulta a todas luces “irracional” ya que se carece de la capacidad sanitaria necesaria para atender la demanda de atención, así como de los recursos económicos suficientes para otorgar a esa población una rehabilitación integral, aseguró Fernando Cano Valle, coordinador del Consejo Nacional contra las Adicciones.

México fracasó en el proyecto de disminuir el tabaquismo y el alcoholismo, y, por ello, legalizar la marihuana resulta a todas luces “irracional”: Fernando Cano Valle, coordinador del Consejo Nacional contra las Adicciones.

“No sería suficiente ni el doble ni el triple para contender a las personas que tienen problemas de adicciones en general, entre ellas, marihuana”, dijo el comisionado tras recordar que en el sexenio pasado se destinaba, anualmente, mil 200 millones de pesos a los entonces Centros Nueva vida, ahora conocidos Centros de Atención Primaria contra las Adicciones.

En este momento, el sistema de salud, agregó, cuenta con ese mismo presupuesto, de mil 200 millones para atender a 112 millones de mexicanos.

Pero eso no es todo, México carece de la capacidad sanitaria instalada suficiente –infraestructura y personal capacitado, medicamentos- para poder atender a las personas adictas a las drogas legales, de sumarle la marihuana, el problema será exponencial ya que, científicamente se ha demostrado, que su consumo desata cuadros psicóticos y dispara mecanismos cerebrales antisociales.

Luego de inaugurar el Primer Seminario Internacional La Justicia Terapéutica, una alterna en desarrollo, Cano Valle dejó en claro que en México las adicciones entre poblaciones vulnerables.

Se ha venido “festinando” que hemos tenido éxito en el control del tabaco, cosa que no sucedió, se pasó de 21.7 a 20.8 por ciento, lo que equivale a menos de un punto porcentual entre adultos. Sin embargo, hubo un grave incremento de consumo entre niños al pasar del 3.1 al 8.1 por ciento.

Pero además México enfrenta un grave el hecho de 12 millones de mexicanos de 12 a 65 años tiene un problema con su forma de beber.

“No hay control del tabaco en México. No hay control del alcohol en México. Y ahora se quiere incorporar una adicción más que es la marihuana con un propósito, cualquiera que sea, que no es razonable desde el punto de vista de la salud”, aseguró, tras referir que al país “no se le deben de imponer modelos de legalización y sus supuestos éxitos conforme a la experiencia de Holanda, Portugal, Uruguay y Estados Unidos”.

Para Cano Valle la discusión sobre la legalización de la marihuana debe de darse, pero con datos en la mano. “Hay otras drogas igual de nocivas, y que resultan aún más preocupantes, porque su consumo está creciendo como son los inhalables y las anfetaminas. Esos si son problemas reales” en cuanto a droga catalogadas como ilegales.

Y aun cuando el Seguro Popular cuenta con recursos históricos, estos en realidad, resultan insuficientes cuando deben de repartirse para enfermedades diversas dentro del catálogo de atención, crónicas y degenerativas, asimismo, adicciones.

En la actualidad, dijo, CONADIC trabaja con el IMSS y el ISSSTE, así como con otras autoridades sanitarias, para cambiar la Ley General de Salud y los Centros contra las Adicciones no se limiten a atender las adicciones. “Si esa persona es adicta pero además hipertensa, diabética, artritis, o cualquier otra enfermedad, tenemos que atenderlo integralmente. Las enfermedades vienen acompañadas de otras enfermedades, como son las infecciones, cuadros broquiales, problemas respiratorias como neumonía. Tenemos 1 millón de eventos respiratorios al año. El presupuesto no alcanza. No es suficiente ni el doble no el triple”.

En la actualidad se encuentran con pláticas con el IMSS para que sean ellos lo que atiendan de manera integral a las personas con adicciones y que además presentan otras enfermedades. “En el ámbito laboral el alcoholismo es muy importante. Sólo la burocracia atendida en el ISSSTE. hasta el 12 por ciento, son portadores de una adicción. Estamos trabajando en la Secretaría de Salud en un programa integral conocido como Programa Nacional de Salud que se dará a conocer en unos días, y ahí se incorporará los elementos necesarios con presupuestos y capacidad instalada en adicciones”.

México no cierra la puerta a legalización

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, explicó que “México decidió desde hace unos años el camino de la despenalización a partir de una dosis determinadas. El grupo que hace unos días manifestó su posición, el grupo de intelectuales y de ex servidores públicos se manifestó a favor de incrementar esas dosis manteniendo ese esquema de despenalización.

“Entonces lo que México ha planteado en distintos foros es que hay hoy claramente modelos distintos que se han venido adoptando, en distintos lugares en el mundo, y que es tiempo de evaluar cuáles son los resultados de esos modelos para tener más elementos para un tema que es sumamente delicado, es un tema de fondo. Hay que atender también los argumentos de tipo médico en sociedades con consumo relativamente bajo que es lo que se está planteando legalizar. Hay que evaluar los riesgos de la legalización”.

Campa Cifrián refirió que el tema se resolverá a nivel internacional. Lo cierto es que en México más del 54 por ciento de los delitos de jóvenes tienen que ver con drogas.

Por ello, dentro de las acciones del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se centrarán en rehabilitar a la población drogadicta en reclusorios y centros penitenciarios, asimismo, se implementará los llamados Tribunales de drogas para primo delincuentes para que no pisen cárcel, sean reinsertados a la sociedad y se les ofrezca trabajo.

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB explicó que se va a privilegiar el tratamiento sobre la reclusión. Para ello ya se hizo un análisis. Hay 60 demarcaciones prioritarias, así como 48 municipios, ubicados en seis Entidades, Distrito Federal (Iztapalapa y Gustavo A. Madero), Estado de México, Morelos, Durango, Baja California, Chihuahua. Sería aplicar el modelo de tribunales que ya funciona en el Estado de Nuevo León.

Para el funcionario federal, los primo-delincuentes, que han cometido delitos no graves, bajo el influjo de una droga, merecen una oportunidad de ser tratados antes que ir a prisión. Estaremos vitando que primo-delincuentes interactúen con homicidas, con secuestradores, narcotraficantes, y al tiempo les ofrecemos una segunda oportunidad para hacer una vida en sociedad. Una persona en reclusión puede costarnos entre 250 y 350 mil pesos anuales en promedio, una persona en tratamiento de adicciones, incluyendo el costo el término de aparato de justicia y de salud, pueden costarnos entre 25 y a lo mejor 60 mil pesos al año.

En los centros de reclusión, aclaró, en 90 por ciento tiene problemas con drogas. Hay quien entra a un reclusorio usando una droga y cuando sale, después de meses, de años, de acuerdo a la solución de su problema jurídico, usa dos o tres drogas cuando menos. Entonces el uso de multidrogas es un problema penitencial.

Se prevé que personal capacitado, y los tratamiento, duren alrededor de 8 meses, considerando desintoxicación y rehabilitación. La cuestión de los grupos de narcos y de corrupción que operan dentro de los reclusorios será supervisados por Gobernación y seguridad federal.

En el seminario Campa Cifrian reconoció que en Estados Unidos las cortes de drogas, hay alrededor de 2 mil 500, es una experiencia que puede adoptar México. “Estos tribunales ofrecen la oportunidad de continuar con los estudios o de asistir a programas de capacitación laboral, mientras se recibe tratamiento lo que resulta en mayores tasas de empleo, ingresos más altos en comparación de aquellos que purgaban una condena. Estos tribunales que entregan perspectivas judiciales y de salud pública, coinciden con la estrategia del gobierno de México de prevención del delito con el enfoque interinstitucional y multidisciplinario.

“Más tribunales de adicciones en México significan más esperanza para los adictos y sus familias. La embajada de Estados Unidos en México, por medio de la Iniciativa Mérida, se complace en tener la oportunidad de apoyar esta tarea en sociedad con el gobierno de México. Espero ser testigo del progreso de este proyecto”.

Sobre Michoacán, el funcionario dijo que ya entraron en dos demarcaciones, Morelia y en Uruapan, pero reconoció que apenas se implementarán una serie de acciones que, por la situación de la Entidad, se deberá de concentrar por ahora en eso lugares. Luego abarcar el resto de los municipios, “el secretario de Gobernación hará un anuncio especial que tendrá una implicación en todo el territorio de Michoacán. Estan comenzando ya a diseñando estas acciones y se anunciarán en breve”. (Agencias)