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Ha causado mucho revuelo la noticia de movimientos forzados en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, al parecer por presuntas irregularidades que podrían constituir actos ilícitos, en los que se ha visto involucrado un pariente político del Procurador Federal de Protección al ambiente, Patricio Patrón Laviada.
Al respecto, varias situaciones resultan dignas de meditarse con detenimiento. Veamos.
Pese a la cercanía innegable que genera el parentesco, así sea político, el presunto responsable de los hechos no gozó de ninguna clase de protección especial que le proporcionara laprotección tan peculiar a muchos funcionarios públicos, parte del llamado establishment. ¿Cuántos políticos de otros partidos hubieran consentido en proceder así?, ¿Cuántos no habrían intentado deslindar y sustraer a su parentela del conflicto?
Por supuesto los francotiradores agazapados en los medios afines al régimen en turno, se han apresurado a descalificar, a tildar de corrupta a la dependencia, a la administración pública federal, perdiendo de vista que a nivel estatal o municipal, en circunstancias equiparables, no ha rodado ninguna cabeza, sino que se ha tendido un oportuno manto de disimulo y que se apuesta a la corta memoria de la sociedad y al olvido.
Digna de tomarse en consideración me parece la actitud de la dependencia federal de encauzar una investigación hacia los hechos y mucho más admirable aún, el comportamiento de Patricio Patrón, manteniéndose al margen de todo, para envidia de sus homólogos de otros institutos.
De igual modo, no podemos dejar de comentar lo acontecido en la Secretaría de Agricultura y ganadería del gobierno estatal, sobre la que se ciernen las más negras sospechas, dada la curiosa omisión de la lista de beneficiarios 2010 del Programa Alianza para el Campo pero más aún, sobre las acusaciones existentes en cuanto a la realización de notificaciones irregulares o sobre la omisión de dicho requisito, a fin de que al inhibirse de recoger el apoyo, el dinero pase a integrar una bolsa susceptible de utilizarse de manera discrecional, presumiblemente para favorecer allegados o para pago de favores políticos.
Rumores van y rumores vienen, que lo único que hacen es prender los focos rojos, toda vez que se murmura la existencia de despachos de asesoría supuestamente favorecidos por el beneplácito oficial, hacia los que se canaliza a los aspirantes, que son finalmente burlados, tras obligarlos a realizar desembolsos ilegales.
Lo que agrava las circunstancias ya descritas, es la complacencia aparente de la institución normativa: la SAGARPA, que hasta ahora no ha dicho esta boca es mía, habida cuenta de la existencia de un delegado cercado por adversarios emboscados o manifiestos. Como muchos de los representantes de la administración pública federal, el titular de la dependencia se ha comportado cauteloso en exceso y parco para tomar determinaciones que pudieran ser catalogadas como beligerantes, pero que en este caso, afectan su imagen y fama pública e inconscientemente puede estarse convirtiendo en cómplice de las irregularidades.
Lo mejor en estos casos, sería salir al paso de cualquier conjetura. Dado lo que acontece en las otras dependencias, lo aconsejable por aquello de las cochinas moscas es poner las barbas en remojo y proceder con lo que toda la ciudadanía espera de sus servidores: con transparencia y rendición de cuentas, pues un fruto indudablemente podrido, así sea por mala fama, como ocurre con la secretaría estatal, indudablemente puede contagiar a su homóloga.
Como sea, en lo que concierne a los sucesos acaecidos en las dependencias federales, a nadie se ha tildado de traidor a la patria por ponerlos de manifiesto. Esto último, constituye una diferencia capital comparada con la conducta del gobierno estatal en circunstancias similares. Saque pues, sus propias conclusiones. Usted tiene la última palabra.
Dios, Patria y Libertad