De acuerdo a la lista de asuntos programados para discusión en el tribunal pleno, es probable que el próximo martes o jueves de la semana que viene, la Suprema Corte de Justicia de la Nación delibere y resuelva en torno del amparo en revisión presentado por diversos actores en contra de la reforma constitucional en materia electoral del 2007, particularmente sobre la disposición que en el articulo 41, prohibió a "Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos".

Los intereses que mas abiertamente han militado en contra de esta restricción a la propaganda electoral, esbozando desde la mentira en la opinion publica hasta la intimidación a los ministros de la SCJN, son los de las dos principales televisoras, pues por virtud de esa taxativa constitucional han visto reducidos considerablemente sus ingresos. Sin embargo no fueron los consorcios comunicacionales quienes promovieron los amparos sino, en una lógica política impecable que diera mayor prestigio y credibilidad a la impugnación se abstuvieron, toda vez que el accionar judicial estuvo a cargo de un grupo de 15 ciudadanos que se destacan en el periodismo y la academia, por lo que se dio en llamar a ese juicio de garantías "el amparo de los intelectuales".

En sintonía o no con las empresas de radiodifusión para representar indirectamente sus intereses, es innegable que entre los firmantes de ese amparo se encuentran varios de los más apapachados por el duopolio de la televisión, no solo por la cobertura y despliegue informativo que suscitan en los espacios noticiosos sus puntos de vista, sino porque también algunos de ellos trabajan para esas empresas televisivas u otras y cuentan con privilegiados espacios de opinión y programas propios.

Sin que ello se traduzca en un elemento de descalificación personal, ni de enemistad, es indiscutible que en esa tesitura están Hector Aguilar Camin, Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda y Leo Zuckerman, precisamente los que de manera más visible encabezan la argumentación. Ellos dicen que lo hacen en defensa de la libertad de expresión y no de las pérdidas económicas que la reforma le ha provocado a los grandes medios, aún y cuando en una eventual decisión de la SCJN a su favor éstos sean los ganones, y la gran pérdida o mayor afectación sea el elemento de equidad en las contiendas que tanto ha costado construir en nuestro proceso democrático. Se le volvería a abrir la puerta al dinero privado de los más poderosos hombres de negocios de este país, incluso al de dudosa legalidad, para influir directamente en los procesos electorales, esto es, no sólo fuera del sistema de partidos, sino sobre este mismo.

Difiero radicalmente del argumento central que han esbozado: que la reforma amenaza y atenta contra la libertad de expresión. Si esto fuera así, varios de los suscritos del amparo serían fantasmas pues, durante el pasado proceso electoral federal del 2009 y todas las elecciones locales que desde la reforma se han llevado acabo,  han ejercido como pocos su derecho a la critica y a la libre manifestación de las ideas. Porque la restricción es a la compra de propaganda y de manera exclusiva relacionada con lo electoral. De lo que se trata de regular, entre otras razones por los niveles de desigualdad económica entre la mayoría de la población mexicana, que una minoría de ricos imponga su punto de vista en una contienda precisamente por su capacidad de compra.

Reitero que la postura de ese grupo de intelectuales me parece, en el fondo, una defensa del modelo mercantilista en el que basa su modus operandi la gran mayoría del conjunto concesionario de la radio y la televisión. Y que hace depender el derecho de acceso a los medios, de quien tenga mas dinero. Ojalá que la Corte recupere su propia discusión en torno de la acción de inconstitucionalidad de la ley Televisa, en la que con toda claridad desarrolló desde las mismas bases constitucionales, la función social de la radiodifusión.

Frente a la acción de este grupo de intelectuales y las presiones que ejercen los consorcios comunicacionales sobre la SCJN, la Asociacion Mexicana de Derecho a la Información (www.amedi.org.mx) tomó la defensa de esa reforma electoral por considerarla Saludable para la democracia. Desde 2008 cuando el grupo encabezado por Reyes Heroles y Aguilar Camin plantearon el amparo, les propusimos un debate público para orear las posturas y crear conciencia entre los ciudadanos de la trascendencia de esas disposiciones constitucionales, y para contribuir al análisis que nuestros juzgadores constitucionales debían realizar. Ese debate no se realizó porque no fue aceptado el reto.

Ante la inminente discusión en la Corte, este pasado fin de semana y en cada una de las oficinas de los Ministros de la Corte, se ratificó la postura de la AMEDI, avalada desde entonces por un grupo de mexicanos que nada pide en prestigio y solvencia moral al de los impugnadores.

Suscrita, entre otras personalidades, por Carmen Aristegui Flores, Alberto Aziz Nassif, Jorge Carpizo MacGregor, Jaime Cárdenas Gracia, Felipe Cazals, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo, Denise Dresser, Raúl Trejo Delarbre, Beatriz Solís Leree, Jesús Cantú Escalante, Lorenzo Cordova Vianello, Francisco José Paoli Bolio, Pedro Salazar Ugarte, José Woldenberg Karakovsky, Luis Javier Solana, Gustavo Reyes Terán, Francisco Toledo, Cristina Romo, Nestor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Miguel Concha Malo, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, Carlos Ortiz Tejeda,  Loretta Ortiz Ahlf, Raúl Padilla López, Alejandro Madrazo Lajous,  Inna Payán, Aleida Calleja, Gabriel Sosa Plata, Mónica Lozano, Virgilio Caballero Pedraza, Ernesto Velázquez, Carlos Padilla, Jorge Fernando Negrete, Agustín Ramírez, Elena Poniatowska, Ricardo Raphael de la Madrid, Gustavo Esteva, Luis Miguel Carriedo, Aimée Vega Montiel, el documento señala que la prohibición a particulares para contratar propaganda en radio y televisión nos parece que:

1. Contribuye a la equidad en la competencia electoral. La posibilidad de que algunos particulares quieran influir en la decisión de los ciudadanos a través de la contratación en televisión o radio de anuncios de carácter político, ha sido un factor que altera la equidad de oportunidades que, de acuerdo con su presencia electoral, deben tener los partidos y candidatos.

2. Impide que aquellos que tengan dinero para contratar spots puedan hacer política electoral en detrimento de quienes no cuentan con recursos para realizar ese gasto.

3. Limita la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales y en la vida pública nacional. Hasta ahora, la posibilidad de vender a precios inferiores -o superiores, a veces- a sus tarifas comerciales les ha permitido a esas empresas favorecer a algunos y discriminar a otros ciudadanos interesados en contratar espacios de esa índole.

4. Propicia que el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas e ideas y no solamente en función de consignas propagandísticas y escuetas como las que hay en los spots.

5. No obstaculiza la deliberación pública, que seguirá desenvolviéndose en espacios institucionales y partidarios, así como en medios de comunicación de toda índole. Los medios de radiodifusión cuentan ya con programas abiertos a la discusión política y no tendrán impedimento alguno para abrir otros más.

6. Las únicas limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión en la radio y la televisión serán las que establezcan los concesionarios de esos medios. La disposición constitucional a la que nos referimos únicamente impide la compra de espacios para difundir mensajes políticos en radio y televisión. No hay que confundir la libertad de expresión con esa vertiente de la libertad de mercado.

7. Esa disposición ya existía en el Código Federal Electoral. Ahora los legisladores la incorporaron además a la Constitución Política y, en la ley reglamentaria, establecieron sanciones para quienes transgredan la prohibición a la compra de espacios políticos en medios electrónicos.

La AMEDI, convencida defensora de la libertad de expresión, sabe que no existe ninguna libertad absoluta y que todas ellas, para ser productivas, deben conjugarse con otros valores positivos, en este caso el de la equidad en la contienda electoral que tanto ha costado construir en nuestro país.

Si hoy en día existen riesgos para la libertad de expresión en México, no se deben a la reforma constitucional sino, entre varios factores, a la violencia que afecta a los periodistas en diferentes sitios del país y, por otra parte, a la concentración que al dejar muchos medios de comunicación en pocas manos se ha constituido en una de las principales limitaciones para la diversidad en los espacios de comunicación mexicanos. Precisamente, la Corte se ha manifestado contra esa concentración y está pendiente la legislación que recupere esa y otras definiciones de los Ministros que la integran. El Congreso ha demorado injustificablemente la aprobación de una nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Que importante sería que los promotores de las demandas de amparo, de la misma manera que han apremiado a la Corte a fin de que examine sus puntos de vista, lo hagan con el Congreso de la Unión para urgirlo a que resuelva las muchas lagunas que existen en la legislación para los medios.

Es de esperar que la SCJN, ya titular de una auténtica autonomía y con una sólida afirmación de su poder constitucional frente a las presiones de los poderes fácticos, ratifique la constitucionalidad de esa reforma electoral. Con la actual composición de diez ministros en el pleno - aún no se ha podido llevar acabo la sustitución del fallecido ministro Gudiño Pelayo -, se requiere de una mayoría simple. Quiera la sensatez que haya seis ministros que vuelvan a mostrar el músculo y a reafirmar dónde reside el poder soberano del Estado.

Posdata: Nace Bitácora Parlamentaria. A partir de mañana y de manera semanal, inicio una colaboración editorial para el grupo Radiofónico Mega Radio/Nueva Era, dentro del programa Radio Noticias 860 que desde hace casi tres décadas conduce Héctor Javier Mendoza Zubiate, y quien es además el director de noticias de este importante grupo radiofónico que se extiende ya por varios estados del país.

De manera preferente mi colaboración radial, será una especie de Bitácora de los asuntos legislativos federales en cartera y de los temas de debate y discusión en la tribuna del parlamento mexicano, particularmente de la Cámara de diputados.

Además de satisfacer ese enorme momento comunicacional, en su sentido más bidireccional posible, que se pone en marcha cuando uno habla por la radio - y he ahí mi insoslayable vocación periodística -, podré cumplir también mi obligación de dar cuenta de mi desempeño como legislador federal. El programa se transmite de 6:00 a 10:00 de la mañana; la estación es la 860, en la Frecuencia de Amplitud Modulada.