La Ley Antiobesidad, incumplida en muchas escuelas públicas

Los directivos y docentes se quejan de perdidas económicas por suspender la venta de comida chatarra

Propuesta por el Senado de México para combatir el sobrepeso en niños y adolescentes de educación básica, la Ley Antiobesidad ya ha comenzado a mostrar en Yucatán signos de extinción, pues a pocas semanas de haberse puesto en marcha en las escuelas, éstas han retornado a la venta de alimentos chatarra, mismos que dicha ley prohíbe.

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán A.C, (AEPAF), Paula Lira Moguel, dio a conocer que ante las cuantiosas pérdidas que representa para las escuelas dejar de ofertar productos chatarra y refrescos embotellados, los planteles poco a poco los han vuelto a colocar en las tiendas escolares.

—En algunos casos, como por ejemplo, en la escuela primaria César Méndoza de Pacabtún, el plantel ha optado por reducir el tamaño de pizzas y hot dogs, que de entrada y según la Ley Antiobesidad, no deberían venderse. Pero según los maestros, de esta manera están apoyando para que los niños no engorden por comer esos alimentos.

Dijo que la razón por la que las escuelas públicas están incumpliendo con esta ley es porque la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY) no está vigilando ni sancionando.

—Si violan todas las demás leyes, incluyendo la Constitución Mexicana al cobrar preinscripciones, ¿por qué no habrían de incumplir con la Ley Antiobesidad?.

En cuanto a las escuelas particulares, señaló que la aplicación de esa ley es completamente diferente, ya que estas escuelas si están tomando muy en serio el ordenamiento.

Paula Lira Moguel, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán A.C, (AEPAF).

Al respecto, padres de familia de algunas escuelas particulares dieron a conocer a Artículo 7 que en los colegios no sólo se retiraron de la venta los productos chatarra y los refrescos embotellados, sino que los directivos y docentes están siendo muy estrictos en la aplicación de la ley.

Explicaron que, aunque muchos padres han optado por preparar el "lunch" de sus hijos, éste también tiene que cumplir reglas, como por ejemplo, ser preparado con productos integrales y naturales; de lo contrario, son "decomisados".

Señalaron que comprenden la naturaleza de la Ley antiobesidad, la cual será completamente inútil si no se aplica un programa adecuado de ejercicios, pues suspender el consumo de alimentos chatarra en la escuela no impide que los menores los ingieran fuera del plantel o en sus casas.

En visita a Artículo 7, la presidenta de AEPAF Paula Lira Moguel comentó que aunque las escuelas públicas iniciaron con entusiasmo a aplicar la ley antiobesidad, al paso de las semanas ésta ha comenzado a incumplirse.

Explicó que, debido a que las escuelas públicas no reciben recursos de la SEGEY y se sostienen indebidamente con lo que obtienen de las tiendas escolares, han comenzado a resentir las pérdidas económicas.

—Y de permitir que el niño guarde su dinero y compre comida chatarra a la salida de la escuela, lo que lesiona las finanzas del plantel, los colegios están optando por volver a vender esos productos.

Opinó que la medida no va a dar resultado por sí misma ya que no se ha puesto en marcha un programa de ejercicios en las escuelas públicas de nivel básico. En general, los alumnos tienen máximo 45 minutos de educación física a la semana.

Destacó que las escuelas también se han visto muy golpeadas por los proveedores, por ejemplo, de refrescos embotellados, que les están retirando muebles, sillas y neveras al no continuar vendiendo su producto.

Agregó que también pierden bonificaciones y otros beneficios que tenían con esas compañías.

Manifestó que si se aplicara el contenido del Diario Oficial de la Federación que habla sobre las cooperativas escolares, manejadas por padres de familia, para vender a bajo precio útiles, ropa y artículos relacionadas con la actividad educacional, y en las que también se expenden alimentos enlistados en el mismo documento, la ley antiobesidad no sería necesaria.

—Pero simple y sencillamente no se aplica porque para las escuelas las tiendas escolares son una mina de oro y como la SEGEY se hace la vista gorda y no los sanciona, menos por qué preocuparse por cumplir con leyes o decretos.

De acuerdo a la Ley Antiobesidad, aprobada por el senado en noviembre pasado y puesta en marcha en Yucatán a principios de este mes, quienes vendan y publiciten alimentos chatarras en las escuelas enfrentarían multas de hasta casi un millón de pesos.

¿Y los padres?

La Sra. Paula Lira Moguel comentó que aunque hay padres que se sienten molestos por la aplicación de la Ley Antiobesidad, ya que eso implica que tengan que preparar "lunch", también hay un grupo de ellos que está a favor de la medida y que lamenta que las escuelas no estén respetando este ordenamiento legal.

—Pero por temor a ser señalados o perseguidos por los directivos y docentes de las escuelas, esos padres de familia no denuncian el incumplimiento de la ley en que incurren los planteles.

Creo que si todos asumiéramos nuestra responsabilidad —padres de familia, alumnos, escuelas y autoridades— la Ley Antiobesidad podría funcionar quizá los resultados los veríamos en unos seis meses, pero mientras siga el temor al sindicato por sancionar a directivos y maestros incumplidos y el hostigamiento hacia los padres de familia que quieren que se cumpla esa ley, las cosas no van a cambiar. L.I.