El gobierno bloquea demanda contra Luis Correa Mena: Lic. Juan Antonio Ongay

Lo que comenzó como "un ejemplo a seguir" se convirtió, según Juan Antonio Ongay Lara, en una lucha que le ha costado no sólo el enojo de una parte de su familia, sino amenazas por parte del gobierno del Estado, que le ha puesto una serie de obstáculos para que el proceso legal que inició en contra de diversos políticos y ex funcionarios públicos, "no avance".

—Si una persona ve a alguien asaltando o lesionando a otra, ¿no denuncia a la policía? Los ciudadanos somos auxiliares de la justicia y nuestro deber es precisamente denunciar.

—En el caso de los abogados, la tarea va más allá, pues por nuestra preparación podemos emprender acciones legales cuando sabemos que se está cometiendo un ilícito.

Dio a conocer que, luego de leer un texto de la periodista Denise Maerker —en el que señalaba el desinterés de los ciudadanos de actuar ante las fallas de las autoridades y de que ella anunciara que haría el marcaje personal a un político cuyo nombre no recordó— él decidió a hacer lo mismo.

En entrevista a Artículo 7 explicó que la denuncia, presentada el 9 de febrero de 2010, en contra de los ex alcaldes de Mérida César Bojórquez Zapata y Luis Correa Mena, ex regidores y políticos del PRI y del PAN, así como de su propio sobrino —por cohecho, ejercicio indebido de funciones y coalición de servidores públicos— inició por casualidad.

—Mi sobrino, Francisco Javier Ongay Romero, me dio un documento notariado que me pareció una verdadera aberración jurídica "porque en él se celebraba un convenio entre Diego García Coudurier, administrador de Tratamiento de Reciclados del Sureste S.A de C.V y el ex alcalde Luis Correa Mena, quien de acuerdo con ese papel, se obligaba a cosas imposibles de realizar para él: lograr que el Ayuntamiento de Mérida, a través de su Cabildo, aprobara otorgarle la concesión de la planta de separación de residuos a Diego García".

Explicó que García Coudurier, proveniente de la Ciudad de México, era amigo de su sobrino y deseaba hacer una inversión importante en Mérida, pero como no conocía a nadie, le pidió a Francisco Ongay que le ayudara porque tiene conexiones en el Estado.

El Abog. Juan Antonio Ongay Lara enseña, durante la entrevista, los documentos que durante su investigación recopiló para sustentar su demanda por la concesión -según él ilegal-  de la planta de separación de residuos.

Agregó que su sobrino contactó primero al Sr. Gerardo Carrillo Pérez, quien lo llevo con Carlos Johansen Mena (sobrino de Correa Mena), quien lo llevó con Luis Correa. Éste le dijo "cómo obtener la concesión de la planta de separación de residuos en Mérida", que hasta entonces tenía a su cargo Alberto Damián Chan García.

Relató que Correa Mena, "por sus relaciones con el alcalde en turno, César Bojórquez, contactó al presidente municipal y al entonces oficial mayor del Ayuntamiento, Rommel Uribe Capetillo —esto fue dado a conocer por el mismo Correa Mena en el expediente que se sigue— para plantearles el negocio", según dijo.

Dijo que, posteriormente, se realizó una reunión con los regidores para exponerles el proyecto: una inversión de $150 millones y la creación de 200 empleos.

—Tal como se compromete Correa Mena en el convenio notariado, la propuesta de la concesión a 12 años de la planta de separación de residuos para Diego García, pasa a Cabildo para su discusión, análisis y aprobación. Incluso se le otorgan los inmuebles colindantes con la planta de separación de basura, otro de los compromisos pactados en el convenio.

Advirtió que Alberto Damián Chan, ex concesionario de la planta de tratamiento y actual socio de Diego García, también tuvo un papel importante en la transacción porque, a través de una carta dirigida al entonces secretario de la Comuna, Jorge Puga Rubio, le informó que "no tenía los fondos para continuar invirtiendo, pero que García Coudurier estaba interesado en la planta, por lo que la mejor opción era cederle la concesión".

—Todo esto que afirmo, lo hago en base a documentación que he estado reuniendo. Me entero de esta transacción ilegal en noviembre de 2009 e investigo y, finalmente, denuncio en febrero de 2010.

Dio a conocer que, como pruebas, presentará declaraciones de funcionarios municipales como los ex alcaldes Ana Rosa Payán Cervera y Manuel Fuentes Alcocer, quienes, en su papel de presidentes municipales, sí realizaron las debidas licitaciones para otorgar la concesión de la planta de separación de residuos.

La PGJEY le niega justicia

Relató que la Procuraduría General de Justicia de Yucatán (PGJEY) admitió la demanda y citó a declarar a César Bojórquez, Luis Correa y Rommel Uribe, pero luego dejó de investigar.

Añadió que, ante esa situación, se amparó en el Juzgado Tercero de Distrito por la inactividad procesal de la demanda y ganó; pero luego de los 40 días hábiles otorgados a la Procuraduría para que le de información sobre el caso y continue las pesquisas, la PGJEY no respondió.

—Entonces, informé directamente al Procurador Héctor Cabrera Rivero, quien, de incumplir con la petición, sería denunciado penalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la intención de destituirlo de su cargo.

Manifestó que ante esa maniobra, el Ministerio Público comienza a suministrar información a cuenta gotas y citando a más implicados, pero sólo para cumplir con el Juzgado de Distrito.

—Las irregularides continúan ya que, cuando solicitó las fechas de comparecencias de los implicados, me dan largas con la intención de que no acuda a las citas para cuestionarlos.

Aparece en el panorama Víctor Sánchez, secretario general de gobierno del Estado

Dio a conocer que hace un mes el secretario general de gobierno del Estado, Víctor Sánchez Álvarez, lo contactó para pedirle se reunieran en sus oficinas particulares, cercanas al Louvre, a la que, sin tener obligación, acude.

—Al llegar, me recibe con que mi demanda contra los funcionarios involucrados en la concesión ilegal de la planta de tratamiento de basura, es "un problema" para el gobierno del Estado.

Me dijo: "la señora quiere que termine su demanda".

¿La señora? ¿Se refiere a la gobernadora Ivonne Ortega?

—No la menciona así, pero se entiende.

¿Le explicó Víctor Sánchez en qué afecta su demanda al gobierno estatal?

—Sí. Comentó que está ocasionando problemas políticos entre varios grupos, ya que tanto panistas como priístas, funcionarios de la Comuna y algunos de ellos diputados o en otros cargos, se están viendo afectados.

Además, me dijo que si mi demanda proseguía, César Bojórquez podría salir bajo fianza y la intención era continuar revisando su administración para procesarlo por algo que valiera la pena.

Agregó que "Víctor Sánchez le agradeció por haber presentado la demanda contra César Bojórquez en tiempos electorales porque afectó la imagen de los panistas".

—Al escuchar esto me di cuenta que pensaba que soy algún tipo de operador político o que estoy siendo manipulado por alguien para dañar al PAN y que, como ya denuncié y dejé mal al Ayuntamiento anterior, ya cumplí mi cometido. Pero se equivoca porque no represento a ningún partido, estoy denunciando como ciudadano y no pararé hasta que el proceso legal termine.

Destacó que, al anunciar que no desistiría a su denuncia, Víctor Sánchez le preguntó si no tenía miedo a que lo lesionaran y que si no quería que le enviarán una patrulla para que lo cuide.

¿Una amenaza velada?

—¿Usted qué cree?

Comentó que a pesar de que se mantuvo firme en su posición, Víctor Sánchez lo invitó a una segunda reunión en la que estaría presente el consejero jurídico del gobierno estatal, Sergio Cuevas González. Acude a la reunión pero no se presenta Víctor Sánchez, aunque sí Cuevas.

Mencionó que Sergio Cuevas le dijo que, a su juicio no había delito qué perseguir y le pidió una copia del expediente para que diera por concluida la denuncia, lo que no ocurrió.

El Lic. Ongay Lara indicó que se agendó una tercera reunión con ambos funcionarios, pero no se concretó. Además, dejaron de recibir sus llamadas y no lo atendieron en persona.

—Ante esta situación, demandé al procurador ante la Comisión de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que encabeza Ivonne Ortega como gobernadora, exigiendo su destitución por numerosos cargos, como violar disposiciones de la ley y no administrar justicia, entre otros.

Ante esta nueva demanda, Víctor Sánchez me contacta de nuevo y me cita a sus oficinas particulares y lo primero que me dice es "no sólo continúa con la demanda, penal sino que ahora demanda al procurador. Está buscando convertir un problema político en algo con alcances fuera del Estado, ya que si el PAN aprovecha esto a nivel nacional, puede causarnos daño".

Manifestó que, de nueva cuenta, Víctor Sánchez le propone una nueva reunión —a efectuarse el 25 de enero pasado— con Sergio Cuevas, para poner fin a la denuncia.

Explicó que lo que le preocupa más al secretario de gobierno es que el delito por el cual se le acusó a la administración de César Bojórquez se haga extensivo a la actual Comuna, encabezada por Angélica Araujo Lara.

—Él sabe que se trata de un delito permanente, ya que aunque la Comuna anterior autorizó indebidamente la concesión de la planta de tratamiento de basura, Angélica Araujo la continúa, por lo que puedo ampliar mi demanda.

—Para evitar esto, me dijo, desde un reunión previa, que la alcaldesa ya iba a cancelar la concesión a Diego García, pero no veo ningún interés por cumplirlo.

Informó que el 24 de enero pasado se presentó al Ministerio Público para dar seguimiento a su caso y estando ahí se enteró de la comparecencia de uno de los implicados en su demanda, el ex regidor priista y actual director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mérida, Omar Pacho Sánchez.

—Esto me enojó mucho porque la Procuraduría sigue jugando sucio al no informarme de las comparecencias de los implicados, a pesar de que se los he solicitado innumerables veces. Al día siguiente, mi molestia creció al darme cuenta que están quitando información del expediente, ya que de esa forma evitaron que supiera que el ex secretario de la Comuna, Jorge Puga Rubio, también comparecería.

Dijo que, ante esa situación, mandó un escrito al Por Esto! titulado "Soy un pobre pendejo" en el que relató los pormenores de los encuentros que tuvo con Víctor Sánchez y Sergio Cuevas, quienes trataron de impedir que prosiguiera con su demanda.

Comentó que, luego de la publicación, Víctor Sánchez canceló la reunión.

¿Qué es lo que sigue ahora?

—Voy a seguir hasta el final. Continuaré dando seguimiento a mi demanda por lo del caso de la planta de tratamiento de basura, de mi denuncia contra el procurador y también con la demanda de juicio político contra César Bojórquez, que inicié desde el año pasado.

"Quiero que el proceso continúe y llegue a un término. Si César Bojórquez y los demás implicados, incluyendo mi sobrino, son inocentes, pues entonces que los absuelvan, pero si son culpables que sean castigados por la ley".

¿No teme por su vida o porque pueda ser afectado de otra forma?

—Sí, especialmente porque el gobierno está vigilando mis actos. Hace unos 15 días solicité datos a la Unidad de Acceso a la Información Pública del gobierno del Estado sobre el tren rápido, los estudios realizados para ese fin y sobre el Sistema para el Financiamiento del Desarrollo de Yucatán (SIFIDEY) y a la media hora de hacerlo, un conocido me llamo para preguntarme por qué estaba pidiendo esa información. ¿No se supone que la identidad del que solicita información es confidencial?

—Se lo reclamé a Víctor Sánchez y me salió con que "seguramente algún amigo había filtrado esa información". Por favor, de ese trámite sólo sabía yo y por supuesto, el gobierno del Estado.

Aún así, seguiré porque es mi deber como ciudadano y como abogado denunciar ante la justicia las irregularidades de las autoridades, aunque eso me ponga en peligro y cause el enojo de parte de mi familia al denunciar a mi propio sobrino.

Insistió, finalmente, en que no le está haciendo el trabajo sucio a nadie, ya que sólo es un ciudadano que, como dice la Constitución Mexicana, tiene el derecho de denunciar ilícitos, incluyendo los cometidos por las autoridades. L.I.