Por difícil de creer no deja de ser la realidad: nos llega información en el sentido de que las denuncias relacionadas con la golpiza del 4 de julio serán enfrentadas con contradenuncias para cancelarlas entre sí.

Un ejemplo claro es el relacionado con el empresario Salvadro Vitelli —lea la amplia entrevista que nos concedió— quien fue golpeado en forma brutal y despiadada, sin que él haya tan siquiera intentado un solo golpe. Después de leer la entrevista coloque usted en la balanza de la realidad el hecho de que es a Salvador Vitelli, el golpeado, al que se le quiere denunciar por “impedir la realización de una obra pública”.

El abogado Gutiérrez —cónsul honorario de Holanda— está disgustado y triste: “¿En dónde está la sociedad civil? ¿Ya se va olvidando todo?”

Un “zafarrancho” es algo así como un encuentro a golpes entre iguales. Eso no es lo que sucedió el 4 de julio en la Glorieta de La Paz. No, no es. Allí se ejecutó una golpiza específicamente ordenada por autoridades electas por los ciudadanos; autoridades a las cuales se les entrega la responsabilidad de velar por la seguridad de la gente. De ninguna manera están ni esas autoridades —ni ninguna otra— autorizadas en forma alguna a intentar reprimir a los disidentes de cualquier decisión oficial —por legal que sea— por medio del envío de gente para que los golpee, simulando que se trata de “no disidentes”.

Ese día, en ese lugar, la autoridad municipal y la autoridad estatal cometieron delitos que deben ser perseguidos por la sociedad a través de las instancias legales disponibles. ¿En dónde está el gobierno federal? ¿Qué papel puede jugar en casos como este? Se trata de una situación muy peligrosa para los ciudadanos disidentes políticos de Yucatán y de Mérida: hemos visto cómo se violentaron los derechos humanos básicos. ¿De qué parte del mundo debe llegar la defensa a los ciudadanos yucatecos, evidentemente hoy totalmente desprotegidos? ¿Qué se hace cuando el “sistema de grupo político” ocupa todos los niveles de poderes y los usa a su antojo? Es obvio que en esta situación, las minorías disidentes quedan totalmente en estado de indefensión.

Es responsabilidad legal de todas las instancias de gobierno el salvaguardar los derechos de las minorías. Aquí no se trata de averiguar si los disidentes representan a muchos o a pocos, sino de no violar los derechos que tienen. ¿Así se quedará el asunto?