El negro historial del jefe de la Policía estatal en este quinquenio

Muertes de civiles, uso político de la policía y ciudadanos golpeados, entre los "pecados" de Saidén Ojeda

Sin importarle el expediente por narcotráfico abierto en Quintana Roo, donde residió luego de que el PAN ganara la gubernatura de Yucatán con Patricio Patrón Laviada, la nueva gobernadora Ivonne Ortega Pacheco no dudó ni un segundo en llamar a Luis Saidén Ojeda para nombrarlo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), antes Secretaría de Protección y Vialidad (SPV), para confiarle la "seguridad" de los yucatecos y garantizar el orden en la entidad.

Cinco años después, la decisión de Ortega Pacheco le ha salido muy cara a los yucatecos, que en este quinquenio han sido testigos de un intento de asesinato contra el titular de la SSP; el homicidio de dos jóvenes hermanos, cometido por su hijo, Luis Omar Saidén Quiroz; la aparición de varios cuerpos descabezados en Chichí Suárez y una narco manta que implicaba a Saidén Ojeda con un ajuste de cuentas; detenciones políticas, como la de " El Brujo de Dzemul" y de el ex alcalde de esa misma población, Eduardo Chuc Baas; la implicación de un policía en el asesinato de la Sra. Rosa María Arceo esposa de Wafé Kuri Torre, preso acusado de la muerte de su esposa; el violento desalojo del Palacio Municipal de Sotuta, ordenado por el gobierno Estatal; y la falta de actuación de la Polícia estatal el 4 de julio de 2011, cuando cientos de manifestantes fueron golpeados salvajamente por porros identificados con el PRI y empleados del Ayuntamiento de Mérida.

Hoy, a unos cinco meses de que concluya el actual gobierno estatal de Ivonne Ortega Pacheco, Saidén Ojeda se coloca nuevamente en el ojo del huracán con el asesinato, a manos de policías de la SSP, del constructor Álvaro Oswaldo Cervera Peraza, quien fue abatido, según versión oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, por no detenerse en un retén y por darse a la fuga.

Este nuevo incidente, ha generado polémica y voces de condena de la sociedad yucateca por las extrañas circunstancias en las que se llevó al cabo, pues los informes oficiales señalan que al auto del conductor asesinado le faltaba la placa delantera, lo que motivó que no se detuviera en el retén y huyera. Otra versión dice que la muerte de Cervera Peraza se debió a una supuesta bala perdida —aunque testigos de una gasolinera cercana a los hechos afirman haber escuchado varios balazos— y la versión de los familiares de la víctima, de que el día del asesinato su pariente acababa de cobrar un dinero, además, de los señalamientos que al cuerpo no se le había encontrado ninguna bala.

Lo cierto es que los yucatecos desconfían de su policía. Pero lo peor es que, le temen. Nuevamente se les recuerda que la ley es ejercida por los que están en el poder y que, con la mano en la cintura, pueden contemplar cómo los ciudadanos son golpeados por porros —como sucedió el 4 de julio de 2011— o asesinar a un ciudadano, pues contarán con el cobijo del gobierno estatal.

Con el narcotráfico en sus espaldas

Luego de la llegada del PAN a la gubernatura del Estado, Saidén Ojeda se trasladó al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para desempeñarse como jefe de la Policía municipal, donde fue implicado y mágicamente absuelto de unas narco ejecuciones en el 2004. En noviembre de ese año, perdieron la vida tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República como parte de un ajuste de cuentas por la doble venta de la plaza al narcotráfico y al crimen organizado, representados por los Cárteles de Sinaloa y del Golfo.

Por esa razón, el Juzgado Tercero de Distrito de Cancún libró nueva orden de aprehensión contra Saidén Ojeda, por presuntamente haber protegido gente ligada a las drogas. El funcionario recurrió al ámparo de la Justicia Federal mediante un juicio de garantías que interpuso en el Colegiado de Circuito, el cual conoció y resolvió de fondo el asunto y absolvió al acusado. Saidén Ojeda, también intentó, a su salida de la SSP, en el sexenio de Víctor Cervera Pacheco, desintegrar a la policía estatal yucateca, al llevarse a varios elementos claves de la corporación a laborar con él a Cancún.

Policías en las afueras de la Gran Plaza la noche ,en que según se rumoró, se intento atentar contra Luis Saidén Ojeda.

Pese a estos antecedentes, Ivonne Ortega Pacheco no dudó en traer a Yucatán, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a un hombre vinculado con problemas con la justicia y el narcotráfico.

Los aparentes lazos de Saidén Ojeda con el narcotráfico pronto se dejarían sentir en Yucatán. El 13 de enero de 2008, a cinco meses del inicio del "gobierno de la nueva mayoría", un enfrentamiento a balazos entre tres frustrados "asaltantes" y agentes de la SSP en la Gran Plaza, ocasionó movilización policíaca, generó alarma, nerviosismo, y crisis nerviosa en la clientela en esa plaza comercial a las 6:40 de esa tarde.

Aunque la versión oficial señaló que los delicuentes intentaron asaltar "una caja" de los negocios de ese centro comercial, otra de las versiones indicó que se trató de un atentado contra Luis Saidén Ojeda, quien supuestamente se encontraba en ese lugar. Obviamente, Saidén Ojeda negó ese rumor.

Ese mismo año, pero a finales de agosto, Yucatán sería sacudido por una noticia sin precedentes en el estado. La múltiple ejecución de 11 hombres, quienes aparecerieron descabezados en montes cercanos a Chichí Suárez. Otro más, —número 12— fue encontrado en Buctzotz; el cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra que tenía encima varias piedras; tenía una cartulina con la leyenda "Por no respetar los tratos tú eres culpable de lo que pase Luis Saidén Ojeda". Al igual que el atentado en su contra, el titular de la SSP volvió a negar los hechos.

Cabe mencionar que, previo a este macabro crimen, que hasta la fecha sigue sin resolverse, se encontró en enero de 2008 en las instalaciones de Tv Azteca Yucatán, una cabeza que fue depositada en una cubeta con un mensaje que decía "Que se cuiden". Este asesinato, con el cual sumaron en total 13 descabezados, tampoco se aclaró.

Investigadores realizan su labor durante el descubrimiento de los descabezados de Chichí Suárez.

Asesinato impune

La actuación de Saidén Ojeda y de la Secretaría de Seguridad Pública también se vieron bajo el escrutinio público cuando a mediados de diciembre de 2007, su hijo, Luis Omar Saidén Quiroz, se vio envuelto en el mortal atropellamiento de Rodrigo y Raquel Selene Duarte Cobá en la Prolongación de Paseo de Montejo.

De acuerdo con el reporte de varios medios de comunicación, los hermanos Duarte Cobá salieron alrededor de las 3:30 am de un restaurante e intentaron cruzar el arroyo vehicular hacia el camellón cuando fueron atropellados por un vehículo Honda Accord, conducido por el hijo del titular de la SSP, quien golpeó a uno de los jóvenes, matándolo en el mismo lugar, y aventando a varios metros de distancia a la muchacha, quien también falleció. Por la velocidad a la que iba, uno de los cuerpos perdió una mano y una pierna.

El cuerpo de una de las víctimas del hijo de Saidén Ojeda, Luis Omar Saidén Quiroz.

Ante esta situación, Saidén Ojeda aseguró que, a pesar de tratarse de su hijo, cumpliría con la ley. Sin embargo, por una supuesta "falta de reactivos" , como se dijo en su momento, no se pudo determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Saidén Quiroz nunca pisó la cárcel gracias a una fianza y además se dio el lujo de asegurar que era inocente y que los jóvenes que mató se le atravesaron. Tres años después del homicidio imprudencial, el Juzgado Segundo Penal lo condenó a pasar seis años y medio en la prisión, que se ignora si está cumpliendo o no.

La Policía al servicio político de Ivonne Ortega

Además de "cuidar" el orden y velar por la "seguridad" de los yucatecos, Saidén Ojeda también se ha dado tiempo para llevar al cabo algunas venganzas del gobierno actual contra ex funcionarios de la administración estatal anterior, como es el caso de los ex agentes de la SPV, Lázaro Maldonado Pérez y Carlos Quijada Pool, quienes al inicio de la gubernatura anterior declinaron un ofrecimiento de Saidén Ojeda para irse a trabajar con él a Quintana Roo para trabajar estrechamente con el nuevo titular de la SPV, Javier Medina Torre.

En entrevista exclusiva a Artículo 7, dieron a conocer que cuando regresaban de Umán, en donde trabajaban, a Mérida, pasaron por un retén policíaco que les indicó continuar. Sin embargo, fueron seguidos por una camioneta antimotines que los detuvo unas cuadras más adelante. Los agentes verificaron la legalidad y la vigencia de la tarjeta de circulación y la licencia del conductor. Los policías les preguntaron en dónde llevaban las armas, lo que tomó por sorpresa a los ex agentes quienes aseguraron que no llevaban ninguna, lo que es corroborado. No obstante, son esposados, detenidos y llevados al edificio de la corporación donde les "siembran" una pistola 9 milímetros y una credencial de la SPV a nombre de Quijada Pool, quien la entregó a la institución el día que se dio de baja.

Uno de los ex agentes de la SPV incriminados por la Secretaría de la Seguridad Pública durante su visita a Artículo 7.

Los ex agentes fueron exhibidos a través de fotografías del Por Esto! y luego, remitidos al Ministerio Público acusados de portación ilegal de armas y usurpación de funciones.

Cabe mencionar que, en octubre de 2008, el entonces candidato del PAN al IV Distrito y ex titular de la SPV Javier Medina Torre, denunció legalmente a quien resulte responsable por la colocación de aparatos de espionaje consistentes con un microfono, un GPS y una antena para escuchar conversaciones y retrasmitirlas, colocados en el vehículo asignado por la SSP para su escolta. Previo a este descubrimiento, el auto fue llevado al taller de la SSP para un cambio de aceite que sospechosamente tardó dos días en realizarse.

El siguiente en probar la venganza de Ivonne Ortega Pacheco contra quienes se rebelan a sus mandatos fue el ex alcalde priista de Dzemul y antecesor de la gobernadora en ese cargo, Eduardo Chuc Baas, quien denunció en exclusiva a Artículo 7, cobros ilegales que pretendían realizarse en la Secretaría de Salud del estado para revalidar licencias. El ex funcionario se negó y denunció publicamente este hecho, lo que le trajo consecuencias. En primer lugar, le clausuraron su minisúper de Mérida con la excusa de que vendía un jugo caduco y también le cerraron la licorería de su suegro en Dzemul. Ante esa situación, Eduardo Chuc colocó una manta en la fachada de su negocio acusando a Ivonne Ortega de la persecusión que sufría. La manta desapareció  "misteriosamente". Dos semanas después, el ex alcalde priísta fue detenido en su predio por medio de un impresionante operativo lidereado por el entonces procurador Rafael Acosta Solís, quien con el subterfugio pseudo legal de rompimiento de sellos de clausura, reprobado públicamente por el Colegio de Abogados, lo detiene. Su libertad, luego de casi dos días en prisión, le costó $13,500.

El rencor de Ivonne Ortega también se manifestó contra un paisano suyo: José Guadalupe Melquíades Tzab Pech, conocido como "El Brujo de Dzemul", quien fue privado de su libertad por dos judiciales durante 22 horas en un vehículo para posteriormente ser trasladado a la Procuraduría de Justicia del Estado acusado de robo. En el trayecto fue golpeado por los elementos de seguridad. En la Procuraduría, afirmó, también fue torturado y golpeado para confesar un delito que no cometió.

José Guadalupe Melquíades Tzab Pech, conocido como "El Brujo de Dzemul", encarcelado con la excusa de un delito falso.

Según dio a conocer, el motivo de su detención, realizada a mediados de 2010 fue ocasionada por en las elecciones en la que Ivonne Ortega fue elegida como gobernadora -2007- la mandaron a la cola cuando fue a votar a su casilla. Comentó que lo que más le dolió a su paisana fue el que le hayan gritado, delante de los reporteros que cubieron su voto, que se formara en la fila; así como la frase "arriba el azul".

Tres meses después de su detención, José Guadalupe Melquíades Tzab Pech, salió libre e inocente por falta de pruebas.

Un año antes, la Policía estatal dejo sentir su poder a unos 500 habitantes de Sotuta identificados con el PRI que se atrincheraron en el Palacio Municipal para exigir la renuncia del alcalde panista Ernesto Díaz Castillo. Cuatro de los manifestantes fueron detenidos por esta acción, que según informaron, les fue ordenada por su propio partido: el PRI. La detención por parte de la policía, que incluyó gases lacrimógenos para controlar a la turba, se dio luego que desobedecieran el entonces secretario de Gobierno Rolando Zapata Bello, quien les ordenó que permitieran a la autoridad municipal el acceso al edificio, que era custodiado por antimotines.

Ante la decisión de Zapata Bello, contraria a las órdenes que les había dado su partido, los manifestantes se dijeron traicionados por el PRI, e intentaron volver a apoderarse de la sede del Ayuntamiento, lo cual les fue impedido por los uniformados.

Uno de los priistas inconformes de Sotuta que fue detenido por la policía estatal.

Caso Wafé Kuri

La policía que encabeza Saidén Ojeda también se vio inmiscuida en el asesinato de la joven Rosa María Arceo Ochoa, quien estaba embarazada, y en el balazo que casi le cuesta la vida al esposo de la joven, Wafe Kuri Torre, quien desde su primera declaración señaló a un policía al que el llamaba "El Güero" como el responsable de la muerte de su esposa y del disparo que recibió.

Aunque las autoridades encontraron en la escena del crimen -la recamara del matrimonio Kuri-Arceo- un clásico panorama de robo: cajones volteados o revisados, ropa tirada en el suelo, pastillas regadas en el piso y un completo desorden; la Procuraduría del Estado descartó, sin fundamento, desde el inicio que se tratara de un robo para incaminarse a inculpar a Wafé Kuri en lugar de buscar al culpable.

En el careo realizado entre Wafe Kuri y "el Guero", el esposo de la víctima señalo en varias ocasiones que "el Guero" y otros policías sólían estacionar su patrulla frente a su predio e incluso comer sobre el vehículo. Además, aseguró que él le había disparado. En respuesta, el policía se mantuvo todo el tiempo con la frase "no recuerdo". A pesar de la falta de elementos sobre su culpabilidad, Wafe Kuri permanece en la cárcel.

Además, algunos elementos de la corporación policiaca estarían relacionados con algunos "levantones" efectuados en el ciudad. El 22 de noviembre de 2011, vecinos de la calle 64B con 91 denunciaron un posible "levanton" de un joven que fue subido en un vehículo como los que utiliza la Secretaría de Seguridad Pública en varias intervenciones en ese sector de Mérida.

En enero de 2012, un grupo de vecinos de Juan Pablo II informaron a la madre de Michel Santiago Novelo Chablé de 23 años, que el joven había sido levantado por unos "judiciales" encapuchados que lo subieron a un automóvil gris sin placas. Horas después del secuestro llamaron a la familia para pedir $200,000 de rescate, que al no tener la familia, acudió a las autoridades a denunciar el hecho.

La Sra. Julia Chablé, madre del joven levantado en Juan Pablo II.

Cabe mencionar que en los últimos meses, se registraron varios "levantones" de los cuales las víctimas aparecieron en prisión de la SSP y de la Procuraduría de Justicia del Estado, la Fiscalía General o en el Centro de Readaptación Social (CERESO).

Las omisiones y las exageraciones

Ante el reporte de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en febrero de 2011, la policía estatal monto de manera inmediata un operativo especial en la colonia Itzminá para encontrar lo que la mandataria había reportado como perdido: su perrito chihuahueño "Xmat", el cual, pese a todos los esfuerzos de la corporación policiaca no pudo ser localizado para regresarlo a su dueña. Aunque la gobernadora, posteriormente, nego este hecho, también utilizó los medios de comunicación y las redes sociales para tratar de encontrar a su mascota, por la que ofreció una recompensa. Sin embargo, nadie le devolvió al perro.

Con la misma prontitud con la que respondió a la petición de la gobernadora de buscar a "Xmat" los manifestantes contra la contrucción del paso deprimido en la Prolongación de Paseo de Montejo quisieron que actuara la policía estatal cuando porros identificados con el PRI, encabezados por Carlos "Calín" Herrera Chablé, llegaron a golpearlos con palos, mesas y con puños, pero esto no sucedió. De nada sirvió la suplica de quienes acudieron a los elementos de la SSP que apostados a unas calles del lugar de la golpiza, contemplaron inmoviles e impasibles, como los porros y los empleados del Ayuntamiento de Mérida golpearon a hombres, mujeres y ancianos por igual.

La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco con"Xmat".

Fue hasta cuando los porros huyeron, que la policía de Saidén Ojeda, hizo gala de un despliegue, cuyo objetivo era rodear la ex glorieta de Prolongación Montejo para evitar que los manifestantes intentaran de nueva cuenta impedir su demolición.

Cuestionada al respecto, la gobernadora cinicamente respondió que los policías estaban en el lugar de los hechos sólo para cuidar la vialidad. Además, dijo que no intervino para evitar mayor violencia. De nueva cuenta, Ivonne Ortega volvió a solapar otra de las atrocidades de su policía estatal.

Manifestantes contra el paso deprimido intentan infructuosamente defenderse del ataque de los porros del PRI.

Y es que en el estado más seguro del país, como la gobernadora llama a Yucatán, los ciudadanos no se pueden explicar como los "guerreros mayas", como llamo Ivonne Ortega en su informe a los elementos de la SSP no pueden detener a un ladrón solitario que a plena luz del día, en una zona transitada y cerca de donde se realizaba el paso deprimido -con lo que varias calles se encontraban cerradas- hubiera podido huir con un cuantioso botín que robo de un banco; pero si pueden perseguir durante 50 kms a un constructor, que según versiones de la misma policía, no se detuvo en un retén y se dio a la fuga, y al que mataron de un balazo.

No cabe duda que tanto Ivonne Ortega como Saidén Ojeda viven en su propio mundo: un Yucatán seguro; mientras que la población, vive en la mas completa inseguridad, y no por el crimen organizado ni por la delincuencia, sino por el actuar poco ético de su policía estatal.