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CIUDAD DE MÉXICO, D.F., 25 de abril.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 409 votos a favor de PRI, PAN, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano la Ley de Telecomunicaciones.
Se registraron 32 votos en contra, en su mayoría del PT y dos abstenciones. Se prevé que en el transcurso de la noche se aprueben en lo particular artículos reservados para su discusión.
En lo aprobado se mantiene vigente la adición que realizó el Senado en el sentido de que en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones a medios de comunicaciones y empresas de telecomunicaciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 409 votos a favor de PRI, PAN, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano, la Ley de Telecomunicaciones.
Se avaló también que la banda ancha sea operada de manera compartida entre el gobierno y la iniciativa privada.
Están establecidos los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su protección, y el derecho de la información garantizado por el Estado.
También se aprobó que los órganos encargados de las telecomunicaciones en México estar obligados a presentar anualmente un programa de trabajo, rendir informes trimestrales y sus titulares comparecerán ante el Congreso.
Del mismo modo, se establece la posibilidad de que los comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones “puedan ser removidos por causa grave, por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado”.
Se incluyen dentro del concepto de concesiones sociales a las radios comunitarias e indígenas y se precisa que estas serán “de uso público y sin fines de lucro”.
En torno a las opiniones de la SCT, para las concesiones, y de la Secretaria de Hacienda, para las contraprestaciones, “no serán vinculantes (obligatorias) y deben emitirse en 30 días, y se precisa que ante la falta de opinión, el instituto continuará los trámites correspondientes”.
Y en el caso de los comisionados del IFT, se reducen los impedimentos por cargos previos en el sector de cinco a tres años para ocupar un lugar en el nuevo Instituto.
Asimismo, se baja al impedimento de no haber sido secretario, procurador, legislador, de cinco años anteriores al nombramiento a uno sólo.
En los servicios de telecomunicaciones, cabe subrayar, se mantiene el acceso libre, que será prestado “sin injerencias arbitrarias, acorde con el marco internacional y para evitar confusiones con la gratuidad”. (Vanguardia)