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CIUDAD DE MEXICO, D.F., 29 de abril.- El Presidente Enrique Peña Nieto ordenó abrir una investigación por la actitud de Andrea Benítez, hija del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), quien el viernes pasado utilizó el cargo de su padre para intentar clausurar un restaurante sólo porque no le asignaron la mesa que quería.
Aunque Andrea Benítez, a quien apodan en las redes sociales como Lady Profeco, ofreció una disculpa y hasta se dijo apenada por su actitud, el Presidente de la República instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciar una investigación para esclarecer los hechos que derivaron en el operativo de verificación realizado por la PROFECO en el restaurante Maximo Bistrot de la colonia Roma.
El Presidente ordenó abrir una investigación por la actitud de Andrea Benítez, quien el viernes pasado utilizó el cargo de su padre e intentó clausurar un restaurante sólo porque no le asignaron la mesa que quería.
El anuncio lo hizo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en su cuenta de Twitter donde informó que la PROFECO se encuentra en un proceso de reestructura.
El titular de la Secretaría de Economía informó que “por instrucciones del Presidente de la República, el titular encargado de despacho de la SFP ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos que derivaron en el operativo de verificación realizado por la PROFECO el viernes pasado en el restaurante Maximo Bistro”.
El domingo, el titular de la PROFECO, Humberto Benítez, emitió un comunicado en el que ofreció “una sincera disculpa a quien haya sido afectado por el inapropiado comportamiento de mi hija Andrea”.
Dijo que giró instrucciones a todo el personal para que no se repita una situación de esta naturaleza, pero no habló de las sanciones al respecto.
El código penal federal establece en su artículo 221 que comete el delito de tráfico de influencia el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y en general cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.
"Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos", precisa. (El Economista)