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CIUDAD DE MEXICO, D.F., 29 de abril.- Este lunes, Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, aseguró que hasta el momento no se tiene diseñado algún tipo de operativo para desalojar la sede de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde el pasado 19 de abril, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones.
“No tenemos ningún operativo previsto. Reitero que siempre estamos con toda la fuerza lista para cualquier situación en un momento dado que se nos indique, y por el momento no hay operativo preseñalado”, expresó.
Mondragón recalcó que están listos para actuar en este (la toma de Rectoría) y otros escenarios como Guerrero, Michoacán o cualquier otra zona de México.
Sin embargo, de acuerdo a lo citado por Notimex, el funcionario recalcó que están listos para actuar en este y otros escenarios, como Guerrero, Michoacán o cualquier otra zona de México.
Mientras tanto, de acuerdo a La Jornada, estudiantes pertenecientes a la Comunidad de la UNAM aseguraron que la toma de la torre de Rectoría es una acción antidemocrática, ya que va en contra de las bases del movimiento estudiantil, las cuales se han caracterizado por tomar decisiones de manera conjunta.
En un comunicado, los jóvenes firmantes también expresaron su oposición a que el conflicto se resuelva de manera violenta, mediante la intervención de la fuerza pública. Además, advirtieron que dentro de la universidad existen grupos que buscan la confrontación de la comunidad, por lo que es necesario un resultado mediante el diálogo.
A pesar que los manifestantes precisaron que su plantón se basa en el constante rechazo de las autoridades universitarias, varios estudiantes se manifestaron en contra de que el grupo que tomó Rectoría se haya posicionado como representantes de lucha de manera unilateral.
Mediante una cartulina colocada en la torre de Rectoría, el grupo disidente cuestiona la calidad moral de los últimos cinco rectores de la máxima casa de estudios del país.
Entre otros puntos, los manifestantes apuntan que Francisco Barnés fue responsable de promover los cambios en el reglamento de pagos, mientras que acusan a Juan Ramón de la Fuente de colusión con la Policía Federal en el desenlace del conflicto de 1999. (Sexenio)