CIUDAD DE MEXICO, D.F., 30 de abril.- El Senado aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, por segunda vez, luego de un acre debate que enfrentó entre sí a los panistas y de recriminaciones del PRI, PRD y parte de los legisladores de Acción Nacional a los diputados, por el cambio que realizaron a la minuta, lo que motivó que debieran votarla hoy de nueva cuenta.

Esta vez en definitiva, ya que luego de aprobarla con 108 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la turnaron a los congresos de los estados, donde continuará el proceso del Constituyente Permanente.

Pero antes, priístas, algunos panistas y perredistas dejaron claro que el cambio a la fracción séptima del Artículo 28 Constitucional es insustancial y que los diputados modificaron la minuta que el Senado les remitió y se las regresaron , tan sólo por ego, “por vendetta o venganza”, sostuvo el panista Roberto Gil Zuarth, quien tuvo una fuerte confrontación con su compañero de bancada, Javier Corral Jurado, quien lo acusó incluso de defender los intereses particulares de las televisoras.

Discuten panistas: Roberto Gil Zuarth (abajo), tuvo una fuerte confrontación con su compañero de bancada, Javier Corral Jurado (arriba), quien lo acusó incluso de defender los intereses particulares de las televisoras.

Corral recalcó que la modificación podrá ser de dos palabras pero tienen consecuencias fundamentales frente a poderosos intereses económicos. Pidió que se leyera un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el que los integrantes de ese órgano regulador pidieron precisamente que se hiciera esa corrección, para impedir que continúen los juicios interminable de empresarios que de esta forma se resisten a las regulaciones del Estado.

El panista se confrontó directamente con su coordinador, Ernesto Cordero, quien presidía la sesión y con los demás senadores de filiación calderonista que descalificaron ese cambio, propuesta precisamente por los diputados de Acción Nacional. Dijo que fue en el Senado donde se hicieron cambios a la minuta, que disminuyeron o aminoraron parte de las disposiciones centrales en materia de telecomunicaciones.

Asimismo, les recordó que ese cambio al Artículo 28 lo solicitó el presidente del PAN, Gustavo Madero, para clarificar una redacción confusa. Deploró por ello que un día antes su también compañero de bancada, Javier Lozano, hubiera dicho que le daba vergüenza esa corrección, impulsada por los diputados de Acción Nacional.

Lozano respondió que no dijo que le diera vergüenza sino pena y reiteró que se trata de un cambio “ocioso, pero hay que darle entrada”.

Luego Gil Zuarth fue a tribuna para responder a Corral, a quien no llamó por su nombre, pero insistió en que la modificación a la fracción séptima del 28 Constitucional es insensata. Dijo que él sí asistió a la Facultad de Derecho, y sostener que sólo se trató de tratar de enmendarle la plana al Senado, como una especie de vendetta o de venganza.

Corral le respondió que Gil es muy brillante pero “que lástima que esos conocimiento que debieran volcarse al interés públicos se vuelquen para defender intereses particulares”.

Recalcó que no se está hablando sólo de que ese artículo se cambio la frase “las resoluciones por estas, sino que se corrigió una nueva redacción que abrió las puertas a la litigiosidad y a los largos juicios con los que se resisten los concesionarios ante decisiones del Estado.

Al final dejó claro que que lo que está en el fondo de la discusión es cómo desde su bancada se desafía la institucionalidad del PAN.

Otro panista, Jorge Luis Preciado se sumó a su postura y les recordó que durante la discusión de la minuta en el Senado, el pasado día 19, “una mayoría aplastante impidió debatir varios cambios, entre ellos, este al artículo 28 que los diputados se atrevieron a introducir en la minuta.

“Yo respaldo la posición del dirigente nacional de mi partido, Gustavo Madero, de solicitar este cambio, porque de los 10 hombres más ricos de México, seis de ellos tienen concesiones de servicios públicos. El Estado los ha hecho millonarios y es nuestro deber responder a 80 millones de consumidores y no a seis concesionarios”. (La Jornada)