Por Scott Stewart, vicepresidende de Análisis de Stratfor

AUSTIN, Texas, 16 de mayo.- El enfoque del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga ha sido un tema muy debatido desde mucho antes de la elección. En efecto, en junio de 2011 (las elecciones fueron en julio 2012) escribí un análisis para discutir los rumores de que, si resultaba elegido, Peña Nieto iba a tratar de llegar a algún tipo de acomodo con los cárteles de la droga en México a fin de reducir el nivel de violencia.

Tales rumores eran ciertamente comprensibles, dados los arreglos que habían existido durante muchos años entre algunos miembros de alto rango del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto y algunas figuras pesadas de los cárteles durante el largo reinado del PRI en México antes de la elección de Vicente Fox, de Acción Nacional (PAN) en 2000. Sin embargo, como hemos argumentado en 2011 y reiteramos en marzo de 2013, mucho ha cambiado en México desde 2000, y la nueva realidad en México imposibilita al gobierno de Peña Nieto para alcanzar cualquier tipo de acuerdo con los cárteles, incluso si lo intenta.

Fundamental en la implementación de la nueva estrategia de Enrique Peña Nieto es Manuel Isidoro Mondragón y Kalb, comisionado nacional de Seguridad, bajo las órdenes de Manuel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Sin embargo, persisten los rumores de que el gobierno de Peña Nieto quiere llegar a un acuerdo con algunos capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, aun cuando el gobierno mexicano ha capturado a agentes clave en la red de Guzmán, como Inés Coronel Barreras, el suegro, que fue detenido el 1 de mayo en Agua Prieta. En efecto, el 27 de abril, la reportera del Washington Post Dana Priest publicó un artículo detallado que describe cómo las autoridades estadounidenses temen que el gobierno mexicano esté reestructurando su relación de seguridad con el gobierno de EE.UU. para poder llegar más fácilmente a una tregua no oficial con los narco-capos. Sin embargo, cuatro días más tarde, Coronel fue detenido en una operación conjunta entre México y Estados Unidos.

Es evidente que hay una cierta confusión en el lado estadounidense sobre el enfoque que el gobierno de Peña Nieto está tomando, pero conversaciones tanto con funcionarios de Estados Unidos como con autoridades mexicanas revelan que estos cambios en el enfoque de México no parecen ser tan drásticos como algunos han temido. No tendrá que haber ajustes en ambos lados de la frontera, mientras que los cambios organizativos están en marcha en México, pero esto no quiere decir que la cooperación bilateral México-Estados Unidos se reduzca en el largo plazo.

Oportunidades y desafíos

A pesar de la violencia que ha azotado México en la última década, la economía mexicana está en auge. Y es de pensarse que la economía estaría aun mejor si los posibles inversores no hubieran tenido que preocuparse por la violencia de los cárteles y la delincuencia callejera, y si tal actividad criminal no hubiese tenido un impacto significativo sobre las empresas que operan en México.

Debido a esto, el gobierno de Peña Nieto cree que es crítico para el país reducir el nivel general de violencia. Esencialmente, quiere transformar el problema de los cárteles en un problema penal, que lo manejen la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal, en lugar de un problema de seguridad nacional a cargo de las Fuerzas Armadas y el CISEN. En muchos aspectos, la administración de Peña Nieto quiere seguir el modelo del gobierno de Colombia, que nunca ha sido capaz de detener el tráfico en su territorio, pero fue capaz de derrotar a los poderosos cárteles de Medellín y Cali y relegar sus organizaciones sucesoras a un problema policial.

Los mexicanos también creen que si pueden atenuar la violencia de los cárteles, las fuerzas del orden podrán dedicarse a combatir la delincuencia común, en lugar de centrar casi todos sus recursos en la contención de la guerra contra el narco.

La diferencia básica entre Calderón y Peña Nieto

Aunque los cárteles aún no han llegado al punto de ser un problema de aplicación de la ley, el gobierno de Peña Nieto señala este cambio de enfoque al mover sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles a la Secretaría de Gobernación. A diferencia del ex presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien encabezó la lucha contra los cárteles durante su administración, Peña Nieto quiere mantener cierta distancia (al menos públicamente). Peña Nieto busca retrotraer los cárteles a un papel secundario que no exija su liderazgo ni atención personal, a fin de centrar públicamente sus esfuerzos en las cuestiones que considera (y que son) de importancia crítica para el futuro de México, como la reforma educativa, la reforma bancaria, la reforma energética y el fomento de la economía mexicana. Esta es la diferencia más significativa entre las administraciones de Calderón y Peña Nieto.

Por supuesto que una cosa que decir que los cárteles se han convertido en una cuestión secundaria y otra muy distinta es que suceda. El gobierno mexicano aún enfrenta algunos desafíos reales en la reducción de la amenaza de los cárteles. Sin embargo, cada vez es más claro que el gobierno de Peña Nieto busca implementar un enfoque holístico en un intento de hacer frente a los problemas en la raíz de la violencia que en algunos aspectos es muy reminiscente de la política contrainsurgente. Los mexicanos ven estos problemas económicos, culturales y sociológicos subyacentes como cuestiones que no se pueden resolver sólo con la fuerza.

Las autoridades mexicanas en el actual gobierno dicen que el enfoque de la administración de Calderón en la lucha contra los cárteles se equivocó, ya que trató de resolver el problema simplemente matando o arrestando capos. Ellos afirman que el enfoque de Calderón no hizo nada para tratar las causas subyacentes de la violencia y que los cárteles fueron capaces de reclutar sicarios más rápido de lo que el gobierno podía matarlos o capturarlos (de alguna manera esta situación es paralela al enfoque del gobierno de Estados Unidos en Yemen, donde el aumento de ataques con misiles desde aviones no tripulados ha incrementado, en lugar de reducir, el número de yihadistas). En México, cuando los cárteles experimentaron problemas en reclutar suficientes sicarios, los importaron fácilmente los de América Central.

La teoría es que proporcionando seguridad, estabilidad y oportunidades económicas, el gobierno puede socavar la capacidad de los cárteles para reclutar a jóvenes que actualmente ven pocas opciones mejores en la vida que unirse al mundo de la droga.

Para realmente tener éxito, sobre todo en las zonas sin ley, el gobierno mexicano va a tener que empezar a construir las instituciones -y la confianza pública en las instituciones- desde el principio. Los funcionarios con que hemos hablado ponen de ejemplo a Juárez, dicen que han aprendido muchas lecciones de la reducción de la violencia que les permitirán optimizar sus esfuerzos en otros lugares. Obviamente, antes de que puedan empezar a construir, reconocen que tendrán que aprovechar, consolidar y defender el territorio, y éste es el papel que prevén para la gendarmería de nueva creación (la policía paramilitar).

La gendarmería es importante en este esfuerzo de reconstrucción debido a que el Ejército es incapaz de servir como policía de investigación. Los militares se despliegan para perseguir a sicarios activos y narcos identificados, pero gran parte de la delincuencia que afecta a los ciudadanos y empresas de México cae fuera del ámbito de las Fuerzas Armadas. Los militares también tienden a tener mano dura, y los informes de abusos contra los derechos humanos son muy comunes. Pasar la lucha contra el narco de ser un problema de seguridad nacional a un enfoque delictivo de aplicación de la ley requiere la formación de una fuerza policial eficaz que sea capaz de llevar a cabo tanto la vigilancia comunitaria como la búsqueda de los ladrones de autos, extorsionadores, secuestradores y pandillas callejeras, además de sicarios.

Ciertamente, el gobierno de Estados Unidos estaba muy involucrado en el enfoque del gobierno de Calderón al problema de los cárteles, como lo demuestra la gran colaboración entre los dos gobiernos. La colaboración fue tanta, de hecho, que algunos funcionarios entrantes del gabinete de Peña Nieto se sorprendieron por el grado de integración del gobierno estadounidense. Los funcionarios estadounidenses que dijeron a Dana Priest que se sentían incómodos con el nuevo enfoque del gobierno mexicano para enfrentar la violencia de los cárteles figuraban, sin duda, entre los que estuvieron profundamente involucrados en este proceso - quizá tan profundamente involucrados que no podían darse cuenta del panorama general: el fracaso de su enfoque para reducir la violencia en México. En efecto, desde la perspectiva mexicana, los esfuerzos de Estados Unidos se han centrado en reducir el flujo de narcóticos a los Estados Unidos sin importar el impacto de esos esfuerzos en el entorno de seguridad de México.

Sin embargo, como se ve por la detención de Coronel el 1 de mayo, que un funcionario mexicano describió como una clásica operación conjunta entre la Agencia Antidrogas de EE.UU. y de la Policía Federal de México, las autoridades mexicanas tienen la intención de seguir trabajando en estrecha colaboración con sus homólogos estadounidenses. Pero esa cooperación debe producirse dentro del nuevo marco establecido por México para los esfuerzos de lucha contra los cárteles. Eso significa que los planes de cooperación deben ser presentadas a través de la Secretaría de Gobernación de México, para que los esfuerzos se puedan coordinar de forma centralizada. Gran parte de la cooperación entre iguales de México y Estados Unidos continuará, pero dentro de una estructura centralizada.

Consolidación y coordinación

Al igual que en los Estados Unidos, la policía y los organismos de inteligencia en México tienen terribles problemas de coordinación e intercambio de información. La actual administración está tratando de corregir esto centralizando los esfuerzos de la lucha contra los cárteles en el ámbito federal y la creación de centros de coordinación para supervisar las operaciones en las distintas regiones.

Estos centros regionales recopilarán información a nivel estatal y regional, y la enviarán al centro nacional. Sin embargo, un gran factor que inhibe el intercambio de información en México -y entre los estadounidenses y los mexicanos- es el antiguo problema de la corrupción en el gobierno mexicano. En el pasado, los zares de la droga, los funcionarios superiores de la policía y los políticos de muy alto nivel han sido acusados ​​de estar en la nómina de los cárteles.

La credibilidad es un asunto de importancia crítica, y la falta de confianza ha hecho que algunas agencias mexicanas y la mayoría de las estadounidenses restrinjan el intercambio de inteligencia para seleccionar sólo los contactos de confianza. La centralización de la coordinación va a interferir con este flujo de información en el corto plazo, y va a tomar tiempo para que este nuevo esfuerzo de coordinación obtenga la confianza de los organismos mexicanos y americanos. También persiste el temor de que la consolidación centralice la corrupción y haga más fácil para los cárteles recabar información.

Otro intento de control de mando y coordinación en los esfuerzos actuales del gobierno de Peña Nieto es consolidar la policía a nivel estatal. Si bien la corrupción ha llegado a todos los niveles del gobierno mexicano, está sin duda más generalizada en el nivel municipal, y en las operaciones del gobierno pasado, se despidió por corruptas a corporaciones municipales completas. La idea que se trata de llevar a efecto ahora es que si todos los policías operan bajo un mando único, serán mejor seleccionados, entrenados y se les pagará más y la fuerza será más profesional.

Este concepto de consolidación de la policía a nivel estatal no es una idea nueva. De hecho, Calderón trató de hacerlo bajo su administración, pero Peña Nieto tiene el capital político para que esto suceda, junto con algunos otros cambios que Calderón quería de aplicar, pero no pudo arrancar.

Hasta la fecha, Peña Nieto ha tenido un gran éxito en obtener el apoyo político para sus propuestas, pero el establecimiento del Mando Único en cada uno de los 31 estados, sin hablar del D.F., tal vez puede ser la lucha política más dura que haya enfrentado hasta el momento. De concretarse, el Mando Único será un paso importante - pero sólo un paso - en el largo proceso de desarrollo institucional de la policía a nivel estatal.

Aparte de las luchas políticas, el gobierno mexicano sigue enfrentando retos muy reales en las calles en su intento de sofocar la violencia, reafirmar el control sobre las zonas sin ley y ganarse la confianza de la gente. El plan integral presentado por el gobierno de Peña Nieto suena bien en el papel, pero todavía requiere una gran cantidad de liderazgo de Peña Nieto y su equipo para encauzar a México a través de los desafíos que enfrenta. Obviamente, deberán cooperar con los Estados Unidos para tener éxito, pero ha quedado claro que esta cooperación deberá darse en condiciones que México acepte en su enfoque holístico de la administración de México.

Traducción Artículo 7. El artículo original en inglés, en http://www.stratfor.com/weekly/understanding-pena-nietos-approach-cartels?utmsource=freelist-f&utmmedium=email&utmcampaign=20130516&utmterm=Sweekly&utm_content=readmore&elq=998eea1af9424e7aad3ade412ce8e892